Estas frases se han tomado al azar de algunos encuentros recientes que han tenido algunas iglesias de la región (Bogotá, 16 septiembre, 2016) en relación a los conflictos de explotación minera que se están dando cada vez con más frecuencia y violencia en varios países sudamericanos. Hay un clamor que se ha vuelto grito y que está movilizando en concreto, a los pueblos indígena y campesinos en defensa de sus derechos locales a la tierra (“el clamor de los territorios ancestrales”), en defensa de la naturaleza (“clamor por los derechos de la naturaleza”), derecho a la autodeterminación (“Circunscripciones Territoriales Indígenas” de la Constitución), subiendo al plano político, un discurso nuevo de crítica al modelo económico neoliberal que ya no lo aguantan más. Pasado el “boom” petrolero que comenzó en la amazonia en la década de los 70 bajo el signo militar con un propio y distinto contexto socio-económico. Ahora se avecina el “boom” minero que hay que actualizarlo también para ponerlo en su propio contexto socio- económico. La experiencia enseña que en ninguna época la minería es una alternativa de desarrollo para nuestras poblaciones. Individualmente se llega a ser rico por la rapiña y la corrupción.
La protección y fomento de estas realidades socio ambientales necesitan un creciente consenso político ya en marcha. Son iniciativas parecidas que promueven la justicia ambiental y el derecho a los territorios ancestrales, el clamor de los pobres y el compromiso responsable con la sociedad. La economía y la política, la sociedad y la cultura, no pueden estar sometidas a una mentalidad del corto plazo y a la búsqueda de un inmediato provecho económico o electoral de consumir más de lo que se necesita o de la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social y destrucción de la naturaleza que producen.
El diario el Comercio de Quito del 18 de Diciembre del 2016 escribe en primera plana la noticia, ampliada en páginas interiores, sobre el conflicto de Panantza, de la Provincia de Morona Santiago Ecuador, entre miembros indígenas de la nacionalidad shuar y algunos mestizos, contra la compañía Explorcobres, de capital chino, que tiene su campamento minero en el recinto la Esperanza San Carlos. Se describe allí un operativo policial militar, planificado y llevado a cabo en toda regla, como ideado para la guerra de las galaxias y que sucede realmente en plena selva amazónica, que dejó un policía muerto, siete militares y policías heridos y cuatro pobladores detenidos cuando estaban en sus trabajos campesinos o mientras dormían (dos mujeres, el presidente de la parroquia y un vocal de la misma) ¡El parto de los montes!
En el operativo participan unos 1.000 efectivos de élite entre policías, militares y 4 camiones, “vehículos operativos blindados”, aparte de helicópteros que sobrevuelan los poblados shuar. En la parroquia S. Juan Bosco y en los centros shuar aledaños se están viviendo días de tensión y angustia, ruido atronador de vuelos rasantes de máquinas de guerra y militares con petos negros y armas sofisticadas en ristre que patrullan los caminos desiertas de los bohíos de paja y latas de zinc. Las fuerzas policiales y militares entran en las casas de los lugareños con el objeto de detener a los responsables del ataque al campamento minero. Muchos han huido a esconderse en las selvas vecinas. Se declaró por un mes el estado de excepción para que nadie se entere de nada, a parte de la versión oficial y el silencio que aumenta la zozobra de la dignidad humillada. La policía trabaja sobre una lista de 41 nombres, confeccionada por los informantes de los trabajadores asalariados de la empresa minera, que supuestamente participaron el 21 de Noviembre del 2016 en una anterior toma del campamento, de donde fueron desalojados pocas horas después por la fuerza armada y policía. Están acusados de “sabotaje” y “terrorismo,” sin pruebas.
Veamos el proceso llevado hasta ahora por los centros shuar de la Cordillera del Cóndor en relación al proyecto minero. Hacia el año 2000 organizaron un amplio territorio de unas 200.000 hectáreas para toda la zona, – lo correspondiente al área de un bloque de tierra ancestral de una comunidad, que el Estado concede por licitación a una compañía petrolera para que lo explote, sin ningún escrúpulo-. La lucha de estos centros shuar es una lucha larga de más de 17 años para proteger sus territorios ancestrales y cuidar sus recursos y su ecología. Estas decisiones se toman en reuniones comunitarias en las que determinaron que el 40 % del territorio quede para zonas ecológicas de: reserva forestal, turismo, agricultura y futura expansión demográfica.
Por medio de la discusión comunitaria los socios interiorizan sus derechos colectivos y los contrastan con las propuestas que traen los delegados de las empresas mineras que los acosan permanentemente, día y noche, a través del personal de “relaciones comunitarias”, de los que sufren continuas amenazas o jugosas ofertas; escuchan las engañosas promesas de trabajo y salarios preferenciales, reciben, por una sola vez y después de firmar en ceremonia solemnemente, la respectiva documentación y la limosna de 40 dólares por hectárea por indemnizaciones y mejoras comunitarias a cambio de permitir la actividad minera. Han sufrido el trauma del odio por la división entre socios y familiares por compra de conciencias y traición de algunos compañeros mestizos y mestizados shuaras que vendieron sus lotes, obtenidos para vivir y escapar de la pobreza, y que luego se pasaron de “vivos” al venderlas a la empresa minera por plata y trabajo. Ahora, “el proyecto minero” es el propietario de grandes zonas de territorio mal adquirido. La mayoría ha optado en sus decisiones comunitarias, reflexionadas durante años de años y el silencio de sus conciencias, no permitir la explotación minera. Las decisiones comunitarias se toman por consenso, no por mayoría democrática al estilo mestizo. Por eso es nula la firma del presidente sin la decisión de la autoridad máxima que es la comuna que la avala. Si una comunidad ancestral durante más de 17 años se ha mantenido en la decisión de no permitir la minería en sus territorios hay que respetarla como dice la Constitución y las leyes internacionales sobre pueblos indígenas: OIT, NNUU…
En noviembre del 2006, hace diez años los pueblos shuar y mestizo, afectados por las compañías mineras en Warints, San Carlos, Rosa de Oro y Tundayme se “convocaron a una limpieza de la selva”. El liderazgo de las mujeres fue definitivo. A pesar de la presencia del batallón del ejército se consiguió “limpiar” de compañías mineras todo el territorio. Desde esos años quedó, sin embargo sembrado el pánico en la región y el miedo se hizo muy peligroso. El Estado no tiene un plan para manejar el conflicto minero. Por ello lo deja en manos del ilegal departamento de relaciones comunitarias, dependiente de las empresas, que funciona a base de coimas, falsas informaciones, promesas, incertidumbre y división, que produce, tanto en las comunidades como en las personas el miedo, la inseguridad y la sospecha, a la vez que les inoculan el veneno cultural del mestizo: la envidia, el egoísmo, el individualismo, el oportunismo económico, la ambición, un falso prestigio de amistad con ciertas personas (“panas”) del grupo de relaciones comunitarias, el alcohol y la prostitución. Así rompen el tejido social y cambian la escala de valores: destruyen la cultura colectiva. Una vez destruidos los lazos comunitarios y corrompida la conciencia cultural se les hace fácil manejar a la comuna y a los mandos medios del gobierno que reciben sus sesgados informes. Al Estado no le interesa el diálogo más que con estos lacayos, a los otros los sataniza y les niega hasta la capacidad mental de intervenir en cualquier diálogo constructivo. Le basta con aprobar y reforzar la división obtenida por los “relacionadores comunitarios”. Es un cuerpo racista incrustado entre la comunidad y el dinero de las empresas que debiera ser eliminado para beneficio de toda la sociedad. Todas las comunidades están divididas entre los pro-Estado/pro-empresa y el resto de la comunidad, entre organización del estado y organización étnica, Federación del Estado y federación étnica. ¡Una vergüenza!
El proyecto minero inconstitucional del Estado está trayendo muerte y violencia a la amazonia minera y a los que se oponen a ella. José Tendetza, líder shuar opositor del proyecto “Mirador”, apareció muerto el 3 de Diciembre del 2014 con señales de haber sido torturado. Freddy Taish, joven shuar, muerto el 7 de noviembre del 2013 en Bomboiza a manos de oficiales del ejército durante un operativo efectuado por la ARCOM (Agencia de Regulación y Control Minero) en contra de la minería ilegal, y el 30 de septiembre del 2009 muere Bosco Wisum en Macas, en un enfrentamiento con la policía, en una protesta a favor de declarar la provincia de Morona Santiago libre de minería y de actividad petrolera
El 30 de Noviembre del 2015 personal del consorcio chino ECSAT/Tongling – CRCC con apoyo de la fuerza pública desalojó de manera violenta a 16 familias en Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe. Sin previo aviso, niños, jóvenes estudiantes, personas enfermas y de la tercera edad perdieron sus campos y casas bajo la pala de las retroexcavadoras. Los desalojos forzosos se produjeron para dar paso al megaproyecto de explotación de cobre a cielo abierto el “Mirador”, sin considerar la inmensa afectación que se producirá en la rica diversidad de la zona y en los territorios ancestrales de la nacionalidad shuar.
El mismo consorcio minero chino provocó los violentos desalojos de Nankints el 11 de Agosto del 2016 con pérdida de hogares, dentro del proyecto minero Panantza San Carlos. Las familias se organizan y ubican en el mismo lugar para nuevamente ser desalojados con más violencia. Actualmente existen presos, perseguidos y amenazados. El día 21 de Noviembre del 2016 un grupo shuar asalta y se toma por unas pocas horas el campamento minero de La Esperanza, hasta que son desalojados por la policía y las fuerzas militares. Estos asesinatos, atropellos a la Constitución y a los derechos humanos de los pueblos indígenas se han solucionado por la represión armada pero continúan en la impunidad. Los proyectos económicos persiguen hoy a los defensores de sus territorios ancestrales como si ellos fueran los criminales.
El día miércoles, 14 de Diciembre se da un enfrentamiento armado que deja un policía muerto y 7 policías y militares heridos. Y ahora sí, se escucha a Júpiter Tonante que lanza rayos y truenos desde la altura del dorado Olimpo Chino. El Sr. Presidente fogosamente dice que “aquí no cabe diálogo, aquí cabe cualquier cosa, después de capturar a los asesinos”. No cabe nada – tiene que decirlo ante la cara adusta y la mirada rasgada del Presidente Chino- ni el pedido de diálogo o intervención de organismos internacionales de mediación que hace la CONAIE. La aplanadora de Júpiter tonante se lleva por delante todo: Acción Ecológica debe desaparecer: “se otorga a las autoridades poderes para disolver unilateralmente y en cuestión de días cualquier tipo de organización que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno”… Las tierras ancestrales ya no existen, el Sr. Presidente afirma que las tierras de esas comunidades no son “territorios ancestrales”, que la zona no es “una selva virgen”. El pueblo ancestral shuar debe desaparecer, pues los componentes de esa nacionalidad que llevaron a cabo el ataque son “un grupo de paramilitares”, “semi delincuentes que no luchan por ideales, sino por imponerse a la fuerza”. Medidas tomadas en medio de un conflicto con la nacionalidad shuar que tratan de detener las actividades mineras en lo que consideran sus tierras ancestrales y parece que se cansaron de no ser escuchados. ¡Demasiado tonante para que sea cierto sin investigar un poquito más!
Achakaspi