José De Echave C. 07/06/2022
magen: Proactivo
Hasta hace muy poco, hablar de minería informal e ilegal era casi sinónimo de hablar de minería aurífera en zonas como Madre de Dios, Puno, la sierra de La Libertad y el sur medio. Si bien, se reconocía algún tipo de actividad minera informal en los no metálicos y otros minerales, lo central era lo que pasaba con el oro.
En la actualidad, una variante de conflictividad social tiene que ver con el avance de la minería informal en nuevas zonas en el país, explotando además nuevos minerales[1] que han comenzado a ser atractivos para este estrato minero. Hoy en día, la minería informal ya no es exclusividad de los productores de oro y comienza a ser motivo de tensión y de disputa con las propias empresas mineras formales.
Con las actuales cotizaciones de metales de base, como es el caso del cobre, también se ha vuelto rentable la explotación a pequeña escala e informal de este metal. Es por eso que en varias zonas, comunidades enteras, más poblaciones retornantes y otros que llegan a los territorios, han comenzado a desarrollar explotación informal de cobre.
Es el caso de un número cada vez mayor de comunidades en varias provincias de Apurímac, Cusco, Puno, entre otras regiones. Si bien éste es un proceso que tiene antecedentes en períodos previos de incremento de cotizaciones, es importante remarcar el avance de esta actividad en los últimos años en varias regiones y sus características.
Una de las grandes diferencias con la explotación informal de oro, es que en el caso del cobre y en regiones como Apurímac, Cusco o Puno, este tipo de minería se topa con zonas que ya han sido concesionadas por empresas mineras formales, incluso grandes empresas transnacionales. Esto es lo que aparentemente ha pasado en el campamento del proyecto Azuca, de la empresa minera Ares (filial de Hochschild Mining) que, según la denuncia, fue quemado y destruido el pasado 16 de mayo por mineros informales. Como ha sido señalado por la propia empresa, no se trata de un conflicto social, sino de un acto ilícito que tiene como único objetivo tomar el control de las concesiones mineras del proyecto Azuca para realizar minería ilegal. Lo mismo pasó en el campamento del proyecto Chankas de Southern, en el distrito de Tapayrihua, en la provincia de Aymaraes en Apurímac.
Situaciones similares de tensión entre mineros informales y titulares de concesiones y proyectos en desarrollo, se viven en provincias como Cotabambas en Apurímac, Chumbivilcas y Espinar en Cusco. Además, se comienza a ver disputas entre comunidades y operaciones por límites que no están siempre muy bien definidos: una evidencia de esta situación es el reciente enfrentamiento ocurrido en la provincia de Caravelí, en Arequipa, entre los trabajadores de la minera Kallpa Renace y la minera artesanal Calpa Atico, con acusaciones mutuas de invasión y que terminó con un saldo de seis personas fallecidas y varios heridos.
Por otro lado, siguiendo con el tema de la minería informal o la abiertamente ilegal, el avance de la minería de oro en la Amazonía sigue penetrando nuevas zonas, al mismo tiempo que genera tensión y enfrentamientos con los pueblos indígenas. Como veremos más adelante en el caso de Amazonas y otras regiones, las comunidades indígenas están pidiendo apoyo del Estado para detener el avance de la minería ilegal que vienen generando contaminación en los ríos Sawientsa, Comaina, Marañón y Amazonas y en el ecosistema del Parque Nacional Ichigkat Muja, de la Zona Reservada Santiago – Comaina y de la Reserva Comunal Tuntanain. A finales de mayo, la situación se ha agravado ya que ante la falta de respuesta de las autoridades, líderes indígenas del Cenepa y las comunidades nativas, han comenzado a realizar su propia interdicción, destruyendo dragas y otras maquinarias de los mineros ilegales en la zona. Se espera que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior tomen acción en la zona y les otorgue medidas de protección.
Lo cierto es que la minería informal y la abiertamente ilegal siguen avanzando en diferentes territorios, imponiéndose en muchos casos con violencia y afectando ecosistemas y poblaciones enteras.
[1] El escenario de la pandemia ha sido propicio para el crecimiento de actividades informales o abiertamente ilegales.
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