Luis Gárate
12/10/2020
Imagen: Mongabay
A pesar de las restricciones que ha generado el estado de emergencia decretado a raíz de la pandemia, en nuestro país algunas actividades han seguido operando. Es el caso de la gran minería formal, pero también otras que están fuera de la ley, como la minería ilegal.
José Ventura define la minería ilegal -para diferenciarla de la minería artesanal e informal-, como aquella que no se caracteriza solamente por el volumen de tierras que mueve (que en algunos casos puede ser la misma o mayor que una empresa de mediana minería), sino sobre todo porque desarrolla sus actividades afectando los derechos de otros y en zonas abiertamente prohibidas. Por ejemplo, en reservas naturales o áreas protegidas, vulnerando estas zonas, contaminando el medio ambiente y causando efectos sociales terribles, como prostitución infantil, trata de personas, condiciones laborales de extrema explotación, trabajo infantil, etc.[1]
Hace unos años se estimó que la minería ilegal en el Perú mueve más de 2,900 millones de dólares al año, convirtiéndose en una actividad criminal que puede generar mayores ganancias que el propio narcotráfico.
Es por eso que el gobierno peruano ha continuado realizando operativos para combatir esta actividad en pleno estado de emergencia por la pandemia. El pasado jueves 10 de setiembre en el marco del operativo Mercurio, la Fiscalía con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron un operativo helitransportado en la Reserva Comunal Amarakaeri, que abarca los departamentos de Cusco y Madre de Dios.
Igualmente la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios realizó un operativo en diversos sectores afectados por la minería ilegal que contaminaban el río Pariamanu y que había puesto en riesgo la salud de la población indígena amahuacas de la comunidad nativa Boca Pariamanu. Los patrullajes que realizan los indígenas a lo largo del río han visibilizado el tema, pero los ha expuesto a las amenazas de muerte por parte de los mineros ilegales.
Esta violencia ha coincidido con el incremento de la actividad minera. El último informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) reveló que el aumento de la deforestación en la zona del Pariamanu, en el 2019, como consecuencia de la minería ilegal, fue del 70 %. La tasa de hectáreas depredadas por mes pasó de 2.5, entre el 2017 y 2018, a 4.2 durante el 2019.[2]
De igual manera en setiembre las autoridades realizaron un operativo inopinado contra la minería ilegal en la Comunidad de Pucaurco, ubicada en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, región Loreto. Asimismo el Gobierno prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, en las operaciones especializadas de interdicción contra la minería ilegal y delitos conexos en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas, del 5 de octubre al 3 de noviembre de 2020.
La minería ilegal está estrechamente vinculada a la violencia en las zonas donde opera, en especial la dirigida a los defensores ambientales. Según la Defensoría del Pueblo, cinco defensores ambientales fueron asesinados durante el 2020. Tras el asesinato a balazos del defensor ambiental, Roberto Carlos Pacheco Villanueva, ocurrido a comienzo de setiembre en Madre de Dios, la Defensoría del Pueblo ha solicitad una serie de medidas urgentes al Estado para proteger la vida de estas personas que reciben amenazas por sujetos inescrupulosos que coexisten en el ilícito mundo de la tala ilegal, la minería informal y el tráfico de tierras. En lo que va del 2020, además del señor Pacheco, otros cuatro defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente han sido asesinados por tratar de proteger los recursos naturales.
Por otro parte, entre marzo y junio, Suiza, país que refina alrededor de 60% de la oferta mundial de oro, envió volúmenes históricos a Estados Unidos ante la demanda de los inversores. Sin embargo, pese a que las autoridades de muchos países productores de oro han adoptado medidas restrictivas por la pandemia, la extracción ilegal de oro ha crecido. Asimismo como varias minas formales no están operando, la minería ilegal estaría compensando el déficit de oro.[3]
Perú es el séptimo productor de oro a nivel mundial y 20% de su oferta provendría de la minería ilegal. Durante los últimos 30 años, alrededor de 960 km2 de selva tropical han desaparecido porque poblaciones de las zonas más pobres del país se han mudado a lugares donde hay reservas de oro para dedicarse a la extracción de este mineral en busca del sueño de hacerse ricos. Pero ya sabemos que esta actividad va a acompañada de mucha violencia, trata de personas, prostitución, así como de los terribles daños al medio ambiente.
Lo expuesto nos muestra que la minería ilegal sigue siendo una actividad ilegal muy lucrativa y que debe ser combatida por sus nocivos impactos sociales y ambientales, tarea que debe cumplir con firmeza el Estado y sus fuerzas de seguridad. Pero el aumento de la demanda de minerales como el oro en el mercado internacional, nos muestra que la estrategia contra esta actividad no puede ser solo represiva; se debe trabajar de la mano con las comunidades afectadas, protegiendo sus derechos e integridad, así como también investigando y actuando contra las cadenas de compras y blanqueo de esta actividad en los mercados internacionales.
[1]https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/04/10/peru-pais-minero-incentivo-perverso-mineria-ilegal/
[2]https://es.mongabay.com/2020/08/madre-de-dios-mineria-ilegal-operativo-pariamanu-peru/
[3]https://www.swissinfo.ch/spa/–a-qu%C3%A9-costo-se-benefici%C3%B3-el-oro-con-la-covid-19-/46010490
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