9 de agosto de 2011Angélica Enciso L.
Minera San Xavier, el mayor ejemplo de la violación sistemática a las leyes
Foto: Presa de jales de la Minera Cuzcatlán, en San José del Progreso, OaxacaFoto María Meléndrez Parada
En años recientes la expansión de la minería en territorio nacional ha estado envuelta en procesos legales y protestas sociales, y ha sido relacionada con asesinatos.
El caso de Minera San Xavier, propiedad de New Gold, que opera en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, es el modelo de destrucción ambiental y violación sistemática de las leyes. En Chicomuselo, Chiapas, donde Blackfire explota una mina de barita, el líder opositor Mariano Abarca fue asesinado a tiros en 2009. Después la empresa tuvo que cerrar por la presión nacional e internacional, detalló Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos.
Hace dos años, resultado de procedimientos legales de ciudadanos que se oponen a la explotación de la mina de oro en Cerro de San Pedro, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó por segunda ocasión la autorización de la manifestación de impacto ambiental (MIA) que permitía la operación de Minera San Xavier, filial de la canadiense New Gold. Fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Empero, la empresa se amparó y aún labora.
Sólo durante 2010 su producción de oro, ya sin permisos ambientales, fue 24.2 por ciento superior a la obtenida en 2009. La extracción total sumó 118 mil 708 onzas (3.7 toneladas) de oro, que tienen un valor de 145.6 millones de dólares, de acuerdo con el informe anual 2011 de la Cámara Minera de México.
Las condiciones que llevaron a la Semarnat a revocar dicho permiso a la planta han «desaparecido». El gobierno de San Luis Potosí publicó en marzo pasado el decreto del plan de desarrollo urbano de tres municipios, entre ellos Cerro de San Pedro, con lo cual cambió el uso de suelo del área que explota la Minera San Xavier, el cual, desde 1993, era de restauración de la vida silvestre. Con la modificación se eliminó dicho uso y se permitió la actividad minera, ante lo cual los opositores presentaron un amparo, informó el grupo Pro San Luis Ecológico.
En Chicomuselo, Chiapas, una vez que el gobierno federal otorgó a la empresa Blackfire –también de Canadá– las concesiones para aprovechar el subsuelo, ésta procedió a negociar acuerdos con organizaciones municipales y ejidales, con el propósito de tener derechos sobre la superficie, pero «fueron de carácter secreto y dudoso. Además dejaron desprotegidos a los miembros de las comunidades locales, otorgándoles pocos beneficios derivados de la explotación de la mina de barita», indica un informe realizado en 2010 por una delegación de Fronteras Comunes y Mining Watch Canada.
El documento indica que el sitio de la mina Payback es parecido a una cantera, con una extensión de 15 mil metros cuadrados, y está dividido en dos áreas principales de extracción. «La vegetación boscosa ha sido removida para exponer las vetas de barita. La mina está en una zona montañosa empinada. Habitantes de ejidos vecinos expresaron su preocupación por el impacto ambiental, especialmente por los flujos y la calidad del agua, así como por el riesgo de derrumbes.»
Además, plantea, los impactos sociales del socavón son profundos, sobre todo después del asesinato de Mariano Abarca, el 27 de noviembre de 2009.
En Veracruz, Gold Group –la mayor productora de oro en México–, también canadiense, impulsa el proyecto a cielo abierto Caballo Blanco, ubicado a sólo tres kilómetros de la nucleoeléctrica Laguna Verde. En esta zona la empresa tiene 17 concesiones, que abarcan 68 mil hectáreas en los municipios Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan, a 65 kilómetros del puerto. Prevé la producción anual de 100 mil onzas de oro a partir de 2012 e ingresos por más de mil millones de dólares, señala la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
Explica que los trabajos de exploración se iniciaron en 1995 y los de perforación en 1998, y en octubre de 2010 la empresa gestionó la MIA ante la Semarnat. El 2 de mayo pasado la compañía anunció que contaba con la autorización ambiental y la de uso de explosivos.
First Majestic, también de Canadá, posee 22 concesiones para la exploración y explotación en 40 mil hectáreas en Real de Catorce, San Luis Potosí, donde se ubica el Wirikuta, centro ceremonial de las comunidades huicholas, al que acuden cada año desde cinco puntos de Jalisco, Nayarit y Durango. Este lugar es considerado por la Unesco, desde hace 12 años, sitio sagrado y área natural protegida.
La comunidad huichola advierte que con ese proyecto está en riesgo su existencia y su cultura. Aunque no tiene derechos agrarios sobre la zona, invoca sus garantías de pueblo indígena, con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entre otros puntos establece que deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos.
En Guerrero, datos oficiales reportan que hay 31 proyectos mineros. Actualmente las compañías Hochschild, de Gran Bretaña, y Camsim, de capital canadiense, preparan la explotación de diferentes áreas que son territorio comunitario en la región de la Montaña y la Costa Chica. Entre los planes de la primera está el Corazón de Tinieblas, en los municipios de Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlán, Tablas y San Luis Acatlán.
Éste tendría su entrada a la mina cerca del poblado Caxitepec y está dividido en dos lotes: reducción sur y norte, con una superficie total de 6 mil 100 hectáreas, concesionadas hasta el año 2059.
Los pueblos organizados en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia expresaron que la tierra debe dejar de verse «como algo que se puede explotar y envenenar para satisfacer una necesidad». Actualmente hay una campaña en algunos medios locales contra la policía comunitaria, que es la que ha comenzado a impulsar la resistencia contra la llegada de esas compañías a sus localidades.
Camsim prevé trabajar en la mina San Javier, en la zona de Xochiatenco e Iliatenco, donde los habitantes ya hicieron explícito su rechazo. El proyecto es sobre 15 mil hectáreas, donde hay vetas de plata de fácil extracción y se han identificado 30 superficiales. Además ya hay instalaciones de la antigua minera, indica información de la policía comunitaria.
En Baja California Sur el proyecto Concordia, antes Paredones Amarillos, de la firma Vista Gold, ubicado en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, cuenta con una MIA autorizada para excavación, presa de jales y beneficio de 1997, la cual vencerá el primer semestre de 2012. Carece de cambio de uso de suelo forestal, porque ocupa terrenos nacionales y no los tiene concesionados. Además, esta superficie está en poder de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Investigadores de la zona han analizado la MIA y argumentan que existe riesgo de que la actividad minera contamine el acuífero que va a la población Todos Santos. «Es un área impactada por la contaminación con cianuro, porque históricamente ha sido zona minera. Hay alta prevalencia de cáncer», explica en entrevista Agustín Bravo, de la oficina del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en ese estado.
Indica que las autorizaciones otorgadas por la Semarnat violan el decreto que crea la reserva de la biosfera. El proyecto está dentro y ello debió haber sido más que suficiente para rechazarlo. La sierra, añade, es el tinaco de la zona. A los lados hay áreas desérticas y semidesérticas; «es un oasis gigantesco, donde chocan los huracanes y es zona de captura de agua, que surte los mantos freáticos».
La Sierra de la Laguna se encuentra en la parte sur de Baja California Sur, en los municipios de La Paz y Los Cabos. Contiene el único bosque de pino y encino en el estado, rodeado por matorral y desierto.
En el municipio de Charcas, San Luis Potosí, la Impulsora Minera Santa Cruz busca rentar alrededor de 100 hectáreas de uso común. El presidente municipal, Víctor Manuel Guevara Maldonado, ha buscado que el ejido San Rafael acepte el trato y firme un convenio de ocupación temporal, informó el grupo Pro San Luis Ecológico.
La compañía busca «disponer de tierras, agua, minerales y cuanto exista en el territorio como mejor le convenga. Por ello cada año va a entregar 8 centavos de cada peso por metro cuadrado. La propuesta a 60 ejidatarios es un pago anual de mil 350 pesos anuales para cada uno».