La minería ha sido base de la economía nacional, pero también cuna de movimientos obreros. Foto: Archivo
Hablando de historia
De la redacción Chihuahua, Chihauhua.- Las empresas extrajeras La minería en México tiene una larga historia, donde las riquezas del subsuelo mexicano fueron uno de los motivos detrás de la conquista en el siglo XVI y la industria minera es señalada como una de las causas del estallido de la Revolución Mexicana en 1910.
Incluso la represión sangrienta de la huelga minera en 1906 a manos de la empresa Cananean Consolidated Copper, de propiedad estadounidense, es señalada como uno de los antecedentes de los confl ictos laborales que todavía hoy persisten en México.
Los principales actores de la Revolución Mexicana lucharon para hacer realidad su sueño de repartir el control de la tierra a quienes la trabajaban. Para proteger la tierra de los designios de los intereses extranjeros, el Artículo 27 de la Constitución de 1917 proclamó que pertenecen al Estado mexicano la tierra, el subsuelo y sus riquezas. De trascendencia aún mayor, el Artículo 27 reconoció el derecho colectivo a la tierra de las comunidades mediante el reconocimiento de ejidos y tierras comunales y terminó acotando la propiedad privada.
Al igual que en tierras indígenas en otras latitudes, la minería revestía enorme importancia para las fuerzas colonizadoras, pero para las comunidades indígenas signifi có lesiones, muerte, destrucción ambiental y empobrecimiento. Persiste hasta hoy esta injusticia histórica. Hoy son las empresas mineras canadienses las que están en primera fi la de las fuerzas colonizadoras en México, las mismas que se apoderaron, y que se siguen apoderando de las riquezas de las tierras de los pueblos indígenas en Canadá.
Los cambios que trastocaron la Constitución mexicana en 1992, en anticipación de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), también facilitaron la privatización de la tierra y la injerencia de las corporaciones extranjeras. Uno de los cambios en el Artículo 27 permitió la venta de tierras ejidales a particulares, fueran personas físicas o jurídicas (las empresas transnacionales), o bien, el mismo gobierno. Otra transformación se dio mediante la Ley Minera de 1992 que, conjuntamente con la Ley de Inversión Extranjera, permitió que entes extranjeros controlaran el 100 por ciento de las actividades de exploración y producción.
El Artículo 6 de la Ley Minera establece que la exploración y la explotación de minerales tendrán prioridad sobre cualquier uso alternativo de la tierra, inclusive la agricultura o la vivienda. Estas modificaciones permitieron la participación del sector privado en la explotación de minerales que, como el carbón y el hierro, antes eran reservados para el gobierno. Aunque las corporaciones canadienses a menudo quieran difundir una imagen de «mal menor» ante la agresiva expansión de empresas estadounidenses, la realidad en la industria minera es otra. Sin ir más lejos, uno de los mejores ejemplos se da en el México actual.