La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador ha indicado en un comunicado que en la región mesoamericana, la instalación de este tipo de proyectos en las fronteras de Guatemala y Honduras constituye una de las principales amenazas para los medios de subsistencia de las comunidades salvadoreñas.
Desde la organización, enfatizan que ante el inicio y avance de la contaminación provocada por proyectos transfronterizos como Cerro Blanco en la frontera guatemalteca, y ante la reciente e «irresponsable» aprobación de la Ley Minera en Honduras, realizada «a medida y deseo de las transnacionales», la realidad es que la extracción de minerales metálicos del subsuelo fronterizo, «es incompatible con el mejoramiento de la calidad de vida de los salvadoreños/as, así como con el goce, defensa y promoción de los derechos humanos a la salud, al medio ambiente sano, a la información y a la participación».
Para La Mesa Nacional, la actitud permisiva de los estados centroamericanos respecto a la industria minera representa «una contradicción con la obligación de estos de proteger a la población y los territorios ante daños ambientales que podrían afectar la calidad de vida y la dignidad humana», por lo que hacen una llamada «a detener el avance de la minería metálica y a hacer prevalecer la unidad y solidaridad entre países, porque la integración es posible no solo en términos comerciales o migratorios, si no que debiera ser principalmente en términos de desarrollar mejores condiciones para la preservación de la biodiversidad y la vida de todas y todos».
Desde la entidad se señala que «resulta alarmante» que, tal como señalan informes regionales, que el 14% del territorio centroamericano se encuentre concesionado a las corporaciones mineras, y que estos proyectos se encuentren ubicados bajo las principales fuentes hídricas del corredor mesoamericano. En el caso salvadoreño, señalan los 49 proyectos de minería metálica que se encuentran en las fronteras de los vecinos países de Guatemala y Honduras, son una amenaza «tan inminente como letal», por lo que señalan es necesario «que los gobiernos introduzcan el enfoque de cuencas hidrográficas en la gestión de sus territorios».
Al gobierno de El Salvador le piden, por su parte, que asuma «una actitud más agresiva» frente «a la irresponsabilidad de los gobiernos vecinos» al permitir proyectos de minería metálica ubicados en las cuencas compartidas transfronterizas. Ante la crisis ambiental, remarcan, los gobiernos «no pueden quedarse de brazos cruzados ante la oportunidad de sentar un precedente importante en la lucha por la sustentabilidad y en contra de la visión extractivista y depredadora que impulsan organismos multilaterales y corporaciones en nombre de una economía verde absurda e imposible».
Finalmente, los integrantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica han mostrado su solidaridad con las «comunidades hermanas» de Guatemala y Honduras «en la lucha por la vida y en defensa de sus bienes naturales, en especial sus territorios y sus ecosistemas acuáticos» frente al «entreguismo» de sus gobernantes.