La minería en general es mal vista en el país, en parte por su pésimo comportamiento ambiental durante muchos años y en parte porque nadie cree que la gran minería es capaz de ser ambiental y socialmente responsable.
La minería es una de las cinco locomotoras figurativas que el presidente Juan Manuel Santos se imaginó desde su campaña presidencial como impulsadora del desarrollo del país, rico en distintos minerales.
La actividad es por supuesto muy diversa, principalmente en su escala y en el tipo de mineral que se extrae. Hay la gran minería, o Minería a Gran Escala (MGE), como se llama también la entidad que agremia a las trece compañías mineras más importantes del país especializadas en carbón y oro. Y luego está la demás minería, formal, informal, legal e ilegal.
Llevan décadas destruyendo el ambiente y contaminando los ríos y demás fuentes de agua, además de desfigurar las áreas en donde trabajan mediante dragas manuales (chorros de agua impulsados por motobombas) y más recientemente, paladragas modernas. Aunque algunas de estas máquinas son legales, muchas pertenecen a los grupos armados ilegales.
La minería a gran escala es más cuidadosa y cumplidora de las normas, pero cuando tiene algún incidente, su gravedad suele ser directamente proporcional al tamaño de la operación, y también la justa indignación que ocasiona.
La minería en general es mal vista en el país, en parte por su pésimo comportamiento ambiental durante muchos años y en parte porque nadie cree que la gran minería es capaz de ser ambiental y socialmente responsable.
Una fuente experta del sector le dijo a El Universal que la minería está desacreditada en buena parte porque las regalías no han beneficiado a las comunidades en donde se extraen los minerales a pesar de que las compañías las pagan religiosamente. En países como Chile, dice la fuente, los vecinos de las minas tienen estándares de vida comparativamente altos y siempre crecientes. Allá hasta la izquierda defiende la minería porque las regalías se notan en el bienestar de la gente.
Otra gran debilidad de la minería es la falta de una reglamentación integral que reemplace los retazos de legislación de ahora, llenos de vacíos. En el mejor de los casos sirven para que la actividad se frene, y en el peor, para que funcionarios banales pongan retenes mediante su discrecionalidad.
Hay contradicciones evidentes, como que existan 3 puertos carboníferos en Ciénaga y que sus trenes y camiones crucen por el sector turístico de Santa Marta, mucho del cual muestra contaminación por carbón.
Las compañías están allí porque el Gobierno lo permitió, no porque llegaron en la mitad de la noche ni a la brava. Hoy, especialmente después del derrame de carbón al agua por parte de Drummond, casi nadie las quiere ahí a pesar de que en breve todas cargarán directamente a los barcos mediante sinfines cerrados.
Es indispensable que el Gobierno reglamente la minería de manera que el país no pierda las sumas enormes que le deja ni los empleos generados, de los que no puede prescindir, y se minimicen los daños ambientales, que los colombianos –con razón- no están dispuestos a tolerar.