Los primeros sondeos dan cuenta de un férreo rechazo de los senadores de las provincias mineras, aunque esa resistencia no alcanzaría para devolverlo a Diputados. Pero otro dato inquieta: Pichetto no abrió el debate en el bloque K.
En diputados, el proyecto de ley de Protección de Glaciares presentando por Miguel Bonasso fue votado y aprobado en general por 129 votos a favor y 86 en contra. Entre los que lo avalaron estuvieron los diputados nacionales de Chubut Oscar Currilén y Manuel Morejón. En cambio votaron en contra Mario Pais, Rosa Chiquichano y Nancy González.
El proyecto establece un régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, “con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos”, a la vez que considera a los glaciares “como un bien de carácter público”. A través del texto, se crea además el Inventario Nacional de Glaciares, que hará el inventario y monitoreo del estado de los glaciares. La sesión se levantó cuando el cuerpo debatía el artículo 6 de la norma, donde se prohíbe en los glaciares y en la zona periglacial la liberación de sustancias contaminantes, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Este proyecto de ley protege los glaciares y del ambiente periglacial sobresaturado en hielo, de la provincia, convirtiéndolos en inenajenables, con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
Los autores expresan que los glaciares y el ambiente periglacial son reservorios de agua para los chubutenses y la retracción y/o contaminación de sus masas por cualquier causa, implicará una disminución considerable en la reserva de agua dulce que tenemos en la cordillera.
“Por lo tanto es muy importante que nuestra provincia inicie este proceso de protección de los mismos. Otro de los aspectos contemplados en el (ahora) proyecto de ley, es la creación de un inventario provincial de glaciares que individualice y registre todos los glaciares existentes en el territorio chubutense, su dimensión, avance, retroceso y su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran, a fin de conocerlos, monitorearlos y poder planificar la gestión y uso del agua potable”, se expresa en la iniciativa.
Confusiones en el Senado
En el Senado, el proceso todavía alimenta confusiones y suspicacias de todas las partes, el senador del Frente Para la Victoria-PJ Daniel Filmus comenzó a sondear a sus pares para lograr voluntades que lo ayuden a garantizar la sanción de la ley para la protección de glaciares, aprobada en Diputados tras un acuerdo final del ex ministro de Educación con Miguel Bonasso.
El texto consensuado por ambos, negociación confirmada en el recinto por el propio Bonasso, fue rechazado de inmediato por Cristina Kirchner, aunque tanto ella como el jefe de Gabinete Aníbal Fernández avisaron que no se vetará si finalmente es sancionado, tal sí ocurrió hace dos años. Aquella vez, la presidenta había justificado su decisión al advertir sobre posibles complicaciones en inversiones vigentes, lo que todo el arco opositor interpretó como una defensa a los proyectos que la minera canadiense Barrick Gold desarrolla en la cordillera de San Juan, manifiesta Mauricio Cantando en una nota publicada en Prlamentario.
Este año, con el kirchnerismo en minoría en ambas Cámaras, el tema avanzó por dos vías: Filmus impulsó su proyecto en el Senado y Miguel Bonasso, parte del bloque de centroizquierda, puso en discusión el de la ex diputada Marta Maffei, un calco del que fuera vetado por la jefa de Estado.
Este último fue resistido por el Gobierno y las provincias mineras por extender la prohibición de esa actividad al área periglaciar, definida como la zona de alta montaña con suelos congelados “que actúa como reguladora del suelo hídrico”.
Los gobernadores cordilleranos creen que esa restricción impedirá el desarrollo de proyectos mineros en amplias regiones donde el hielo abarca varios kilómetros durante el invierno, y eso, protestan, atentan contra la economía de sus territorios. Así lo hicieron saber en un encuentro que tuvieron en Capital 6 de julio, cuando acordaron pelear para que la norma nunca se aplique, si es necesario, con reclamos judiciales.
El proyecto de Bonasso consiguió despacho favorable y fue minutos antes de que sea tratado Filmus lo convenció de hacerle varios retoques reclamados por las organizaciones ambientalistas. Lo extraño de aquella maniobra es que en el recinto ningún diputado del Frente para la Victoria-PJ se hizo eco de la gestión del ex ministro de Educación y, muy por el contrario, rechazaron en masa el proyecto, que igual consiguió con lo justo los votos para ser aprobado. Al instante, Aníbal Fernández recordó que el Gobierno considera el proyecto perjudicial para las provincias pero que, sin embargo, no lo vetará.
Estas negociaciones cruzadas cargadas de confusiones tienen ahora epicentro en el Senado, donde sólo hay una certeza: el 8 de septiembre el proyecto se tratará en el recinto, seguramente, ya con despachos a favor y en contra.
Votación abierta
Filmus se comprometió a buscar aliados para aprobarlo ante cada ambientalista que lo visitó con la aclaración de que podría cambiar esa conducta si recibe algún telefonazo desde la Casa Rosada. Sus gestiones no son coordinadas con su jefe de bloque, Miguel Pichetto, quien aún no abrió la discusión entre los senadores K.
El ex ministro de Educación tendrá un cruce seguro con los representantes de las provincias mineras, como el sanjuanino César Gioja, hermano del gobernador José Luis, representa la voz en contra.
Según los sondeos que hicieron los lobbistas de las ONG interesadas en la ley, también se opondrían los tres catamarqueños: el oficialista Lucia Corpacci, y Oscar Castillo y Blanca María del Valle Monllau, del Frente Cívico y Social.
Del oficialismo, además, habrían asegurado su rechazo los jujeños Liliana Fellner y Guillermo Jenefres, la riojana Teresa Quinquela, el mendocino Adolfo Bermejo, el misionero Luis Viana, los sanjuaninos Gioja y Marina Riofrío, los tucumanos Sergio Mansilla y Beatriz Rojkes de Alperovich, el formoseño José Mayans, el chaqueño Elena Corregido, el puntano Daniel Pérsico y los santacruceños Nicolás Fernández y Jorge Banicevich.
Especulan también con la negativa de Pichetto y José Pampuro, aunque sus votos suelen estar sujetos a una negociación final del bloque que, por ahora, no se inició.
Filmus habría conseguido el apoyo de los entrerrianos Pedro Guastavino y Blanca Osuna. Sus votos podrían ser cruciales en un Senado donde reina la paridad entre opositores y oficialistas ocasionales y permanentes.
De la oposición tendrían previsto el rechazo los tres salteños (Juan Carlos Romero, Sonia Escudero y Juan Pérez Alsina), mientras que, al igual que entre los K, habría más de una decena de indecisos.
Los ambientalistas juegan con un dato a favor: las volátiles Roxana Latorre (Santa Fe) y María José Bongiorno (Río Negro) enviaron señales de que votarían a favor, aunque ambas ya dejaron claro que están dispuestas a cambiar de postura en cualquier momento.
Quien nunca es contabilizado en las votaciones es Carlos Menem, cuya ausencia suele ser funcional al kirchnerismo. Con este tema si podría ir al recinto a votar en contra, haciéndose eco del reclamo de los mineros.
“Filmus dice que tiene vía libre para avanzar y por ahora confiamos en él”, repiten desde las ONG que pululan por el Senado, a sabiendas de que las autoridades del bloque, con Pichetto a la cabeza aún no tomaron cartas en el asunto.
Cuando lo hagan, según la urgencia del caso, los votos podrán variar hasta el último segundo antes de la votación.