31 diciembre 2011
El 2011 ha sido para la minería un año de «luces y sombras «, ya que mientras el decreto del carbón devolvió la estabilidad a las cuencas, la entrada en vigor de la decisión europea de poner fin a las ayudas a las explotaciones en 2018 sembró la incertidumbre sobre su futuro.
En torno a 3.500 trabajadores comenzaron el año inmersos en los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) emprendidos por las empresas mineras, que no lograban dar salida a la producción del carbón.
La publicación en febrero del real decreto por el que se establecieron, con el visto bueno de Europa, las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía para el 2011 consiguió desbloquear una situación agravada por los recursos que las eléctricas y la Xunta de Galicia interpusieron el texto.
A partir de ese momento, el engranaje minero volvió a ponerse en marcha y en junio se habló de normalidad laboral con la incorporación a los tajos de los últimos trabajadores afectados por los ERE.
Patronal y sindicatos han coincidido en valorar la publicación del real decreto en este 2011 en el que el sector ha vivido con preocupación la entrada en vigor del reglamento europeo que pone fin en 2018 a las ayudas y que exige la devolución de las asignaciones económicas a las explotaciones que logren ser rentables en esa fecha.
Reabrir el debate sobre esta decisión adoptada en el seno del Consejo Europeo es el principal reto que afronta el sector en 2012, al que la patronal minera Carbunión- que aglutina a las catorce sociedades mineras del país- ve como un año «crucial» en el ámbito político de cara a lograr «unas reglas de juego fiables» para el carbón que permitan a las empresas planificar su actividad sin la «espada de Damocles» de 2018.
El hecho de que la Unión Europea tenga que dibujar su política energética para las próximas décadas en lo que se conoce como Estratégica Energética 2050 abrirá, según su vocal, Gerardo Biaín, un nuevo escenario en el que el papel del Gobierno español será «fundamental».
Desde la parte social, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han señalado que hay argumentos suficientes para defender al carbón como reserva estratégica.
«Este país no puede renunciar ni prescindir de la única materia primera que tiene; sería un gran error», ha declarado al respecto el secretario estatal de Industrias Extractivas de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana.
Los sindicatos esperan que se convoque pronto la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón para conocer de primera mano hasta dónde llega la voluntad política del nuevo Gobierno del Partido Popular para defender al mineral autóctono y para despejar sus dudas en torno a la aprobación ayer por parte del Consejo de Ministros de la «eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón».
«En ningún momento hemos visto una apuesta firme del PP por el carbón más allá de las declaraciones mediáticas», ha señalado en este sentido el secretario regional de la FITAG-UGT, Manuel López.
En cualquier caso, el desarrollo de la «batalla» minera en Europa marcará la negociación del nuevo Plan del Carbón que deben consensuar el Gobierno Central, la patronal y los sindicatos para su entrada en vigor a partir de 2013.
Estos últimos han defendido que la nueva hoja de ruta del sector debe tener muy en cuenta aspectos sociolaborales que, a su juicio, han fallado en el presente Plan (2006-2012).
Es el caso de la reactivación de las cuencas, cuya partida presupuestaria, según CCOO, ha sufrido recortes de hasta un 44% durante el 2011, abocando a las comarcas mineras a una «difícil situación».
Este hecho, unido a la incertidumbre que azota al sector, está provocando una pérdida importante de población en los municipios mineros de España, donde en torno a 8.000 trabajadores dependen de forma directa del carbón.