Llegó un pedido para que el municipio otorgue permiso para hacer tareas de prospección cerca de la laguna del Diamante, pero la Provincia dice que allí está todo «desactivado». El pedido exploratorio está cerca de los Picos Bayos que adornan la bella laguna sancarlina.
Cualquier mortal creería que toda posible vinculación de la firma brasileña Vale con Mendoza terminó cuando -un año y medio atrás- decidió desarmar campamento y marcharse tras desactivar su megaproyecto minero de sales de potasio, dejando al Gobierno local en una incómoda y tensa posición y a cientos de mendocinos con esperanzas laborales y económicas rotas.
Sin embargo, el 2 de setiembre pasado fue solicitado al municipio de San Carlos un dictamen sectorial, en el marco del otorgamiento de permisos para realizar tareas de prospección en busca de cobre en tierras ubicadas al suroeste de la Laguna del Diamante. El proyecto se denomina Alpaca y la firma apoderada que hoy aparece gestionando estos avales no es otra que la conocida Vale.
En un pueblo defensor del agua como el sancarlino no fue sólo el punto relacionado a la propiedad lo que sembró el alerta. Este emprendimiento minero resulta más que polémico, porque podría afectar la zona protegida por la ampliación de la Reserva Laguna del Diamante (ley 7.422). Sucede que -aunque el expediente aclara que las de interés minero son sólo 82 hectáreas vecinas al área de reserva- gran parte del territorio registrado para los trabajos de prospección se encuentran dentro de la misma.
Además, está detrás del cobre, uno de los minerales de primera categoría. Según explicó Carlos Arriagada, titular de Medio Ambiente de la comuna sancarlina, este tipo de extracción se realiza a cielo abierto y a través de la utilización de sustancias que están prohibidas por la ley provincial 7.722, defendida a ultranza por la gente del lugar. El proyecto también va contra una ordenanza municipal, que establece las áreas de restricción.
«Me llama la atención que el Gobierno provincial preste apoyo a una empresa que todavía no rinde cuentas de lo que hizo en Malargüe, con todo lo que prometió y mintió», arremetió el intendente de San Carlos, Jorge Andrés Difonso, quien adelantó su rechazo en el dictamen sectorial. «Este tipo de emprendimiento no está previsto en nuestro plan estratégico de desarrollo, que se basa en la agricultura, ganadería, industria y turismo rural», dijo.
Además, el cacique valletano anunció que convocará a empleados municipales y referentes comunitarios este viernes, en el cine de La Consulta, para armar un consejo consultivo que debata la posición y acción a tomar frente a esta situación. «La Provincia debe entender que aquí el rechazo es por consenso social. No vamos a permitir que nos llenen de cianuro. Es una decisión que va más allá de un intendente», expuso.
Ubicación
El proyecto Alpaca, creado bajo expediente 575/C/2011, reúne seis propiedades mineras registradas con anterioridad -desde 1993- con la intención de explorar esta zona tan buscada por sus minerales. Algunas ya contarían con los informes de impacto ambiental aprobados, aunque los mismos no aparecen en el documento entregado por la Dirección de Minería de la Provincia a la comuna.
Cerca de la frontera con Chile y en las márgenes del arroyo Borbollón (afluente del río Diamante) se ubican las propiedades Alpaca, Nueva Frontera, Marta (III, IV y V) y Picos Bayos. Esta propiedad, que recibe su nombre por el hermoso cerro que lo enmarca, es de 2.968,64 hectáreas y está íntegramente dentro de la reserva natural Laguna.
El titular que inició el permiso de prospección en 2011 es Raúl Ernesto Concina, el actual tesorero de la Camem (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros). En agosto de 2012 delegó el poder sobre estas gestiones del emprendimiento en Marcia Melania Urgo, ‘apoderada de Vale Exploración Argentina SA’, según reza el expediente.
«Todo lo que es San Carlos está congelado hace rato. San Carlos no es una zona de interés para los mineros por el rechazo social de su gente», minimizó la situación Carlos Molina, titular de la Dirección de Minería de la Provincia. Para el funcionario, la aparición de este trámite ahora es una casualidad del mismo circuito administrativo.
«Este permiso se inició en 2011 y va muy lento. Nosotros tenemos que seguir con todos los pasos legales, pero todo en esa zona está desactivado», aseguró Molina, quien además acotó que cualquier autorización para prospección debe pasar finalmente por la Legislatura.
El momento en que surge el pedido de este dictamen sectorial es leído por muchos -sobre todo por los sancarlinos- como un nuevo guiño que la gestión de Francisco Pérez hace a la actividad minera en la geografía provincial. Sobre todo, en un pueblo que ha hecho de la lucha contra la minería una bandera, a través de los vecinos Autoconvocados por el Agua Pura.
Sin embargo, Molina remarcó que «es decisión del Gobierno promover proyectos mineros pero en el secano provincial, lejos de los valles fértiles y productivos». El funcionario remarcó las esperanzas que la Provincia ha puesto en los proyectos de Cerro Amarillo y Cerro Indio en Malargüe, donde «allí sí la gente está a favor del empleo y el desarrollo sustentable con controles», agregó.
Las «desprolijidades» del expediente
«Es un conjunto de, por lo menos, varias desprolijidades», sentenció Carlos Arriagada, quien en los últimos días estudió a fondo el expediente en cuestión. La ausencia de un dictamen solicitado a Recursos Naturales -ya que el tema pone en vilo un área protegida-, el «contradictorio» estudio realizado por una universidad del Sur y la falta de documentación clave, son algunos de los puntos que critica esta comuna del Valle de Uco.
«Pese a que en el informe inicial, los técnicos marcan la necesidad de consultar a Recursos y al Ianiglia, por lo que podría afectar una zona glaciar o periglaciar, en la resolución final de la Dirección de Minería (Nº 114 del 2013) el asesoramiento del primero no es solicitado», apuntó Arriagada.
Por su parte Juan Pablo Korein, también de Ambiente de San Carlos, destacó las contradicciones en las que cae el dictamen técnico, requerido a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo en San Rafael y firmado por el ingeniero Gianni Zenobi.
El mismo enumera una serie de faltas e irregularidades de la documentación (no están las coordenadas necesarias en los mapas, la descripción de los trabajos es incompleta, no existe una «Manifestación Específica del Recurso Hídrico» y faltan las opiniones del Ianiglia y Recursos) pero, pese a las mismas, considera el proyecto «favorable» y «técnica y ambientalmente viable».
Sin embargo, lo que más molesta a los sancarlinos es que no ha tenido en cuenta la ordenanza departamental 1123, que establece esta zona como de restricción y plantea que el desarrollo de la comunidad local se hará en base a actividades ambientalmente sustentables y no tóxicas.