La empresa ha anunciado la interrupción de sus actividades en las minas de oro del norte del país, que además cuenta con el total rechazo social de la población, tras la retirada de permisos para la construcción de sus instalaciones de procesamiento por parte de las autoridades helenas para ser sometidos a revisión y la imposición de multas por un total de 21 millones de euros por las infracciones medioambientales cometidas entre los años 2012 y 2014.
El Presidente de Eldorado, Paul N. Wright, ha acusado al Gobierno griego de obstruir «de forma sistemática» y en connivencia con los grupos de resistencia anti-minera de la zona, la extracción de oro en las regiones de Calcídica y Tracia, en el norte del país y anunciado que la decisión administrativa «no deja otra opción que la reducción de la actividad y del personal» en sus proyectos de Skouries, Olimpia, Stratoni, Perama Hill y Sapes, lo que conllevará un importante volumen de despidos.
Tras el anuncio de Eldorado, el ministro griego de Medio Ambiente, Panos Skourletis, ha afirmado que bajo ningún concepto el Ejecutivo se dejará chantajear por la minera canadiense, porque «las decisiones que se toman se basan en el interés público y la protección del medio ambiente».
Por su parte, María Kadoglou, desde la organización antiminera griega Hellenic Mining Watch, ha valorado positivamente la noticia afirmando que «al forzar la ejecución de este proyecto en contra de la voluntad de la población local, Eldorado ha asumido el riesgo de que sus proyectos puedan ser rechazados en cualquier momento. El hecho de que hayan arriesgado sin dudarlo el dinero de los inversores en este caso debe ser una señal de alarma para todos los que financien la apertura de nuevas minas de oro en Europa».