First Majestic, la minera canadiense acusada de operar bajo irregularidades en sus seis minas que tiene en México, anunció su nuevo y más importante proyecto: San Dimas, en el estado de Durango.
Keith Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo que planea trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas para devolverle su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining.
La noticia fue confirmada por Ramón Dávila Flores titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, quien a principios de febrero declaró que a finales del mes de marzo habrá una reunión en Toronto, Canadá, para pactar una nueva inversión en el sector minero por parte de First Majestic en el municipio de Tayoltita.
First Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.
Las minas que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable.
La Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades, cantidad que no alcanza para cubrir los daños ambientales y de salud que dejan las mineras, han señalado activistas en diversas ocasiones.
De acuerdo con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su libro “México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.
La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.
Del total de los proyectos mineros en el país, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. En Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense.
Entre las compañías que violan el derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango; y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas.
LOS ABUSOS DE FIRST MAJESTIC
Apenas en octubre pasado cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, de acuerdo con la información que la minera proporcionó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Heriberto Fuentes Canales, delegado de la dependencia en Coahuila, señaló que la versión de la empresa indicó que se originó un incendio, del cual se desconocen las causas, mismo que provocó que los trabajadores inhalaran dióxido de carbono.
El delegado dijo que la última inspección que se hizo a First Majestic fue en mayo de 2017 y se encontraron irregularidades, para las cuales se hicieron observaciones que la compañía tenía que subsanar a más tardar el 20 de octubre de ese año.
En el año 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán, situado en Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.
La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma más de 13 años.
Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.
Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense.
First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.