Desde hace siglos, la actividad minera configura un silencioso y encubierto territorio de sacrificio en la medida que aparecen restricciones de acceso a la tierra, problemas de salud, manejo de grandes cantidades de explosivos y en general transformaciones sociales con profundos impactos en la reproducción de la vida cotidiana. Este artículo aborda la estrategia de despojo que implementa la empresa minera Frisco en la mina Santa Fe, ubicado en un pequeño poblado del norte de Chiapas – sureste mexicano, para limitar la sobrevivencia de la población local y de esta manera, expandir el control de la explotación de minerales.
Introducción
La minería en México no es una actividad reciente, sino que data de cinco siglos de explotación. De manera histórica ha operado bajo cuatro ciclos de extracción según López Bárcenas (2017). El primer ciclo parte de la llegada de los españoles hasta la instauración de la República en el siglo XIX; el segundo con el Porfiriato y pasada la revolución mexicana de 1910; el tercer es la época de la mexicanización que comprende de 1960 a 1980 caracterizada una explotación controlada desde el gobierno nacional y, finalmente el cuarto es el ciclo de la globalización con la llegada de grandes corporaciones transnacionales, el retiro del Estado en la explotación y un marco jurídico ambiental y fiscal amigable para favorecer a las empresas privadas.
Por sus características de operación, la minería actual tiene seis características, de acuerdo Svampa y Viale (2014): la primera es la transición de la minería tradicional de socavón a la moderna de cielo abierto o tajo que requiere grandes cantidades de agua, explosivos y químicos; la segunda es la concentración en poca manos de la operación minera por parte de capitales extranjeros; la tercera es la operación a gran escala conectadas a otros mega-proyectos como presas hidroeléctricas o vías; la cuarta es el carácter excluyente de la minería en tanto que subordina económicamente otras actividades de la población en el territorio donde se implanta; la quinta característica es la estela de daños ambientales que genera en la biodiversidad y en la salud animal y humana, y finalmente, la sexta son los conflictos sociales que genera en la escala local.
Para Eduardo Gudynas (2015), la minería moderna se inserta en la lógica del neo-extractivismo por el uso intensivo de recursos naturales, tecnología, baja mano de obra y su carácter exportador, a diferencia de la minería tradicional que se realizaba mediante técnicas artesanales y sin elementos tóxicos. Por todos estos elementos y características, la minería no es una actividad sustentable como pretende presentarse en la nueva narrativa ambiental que promueven las empresas socialmente responsables.
En el plano social, la minería crea territorios vacíos o socialmente vaciables como zonas de sacrificio caracterizadas por áreas aisladas o de escasa densidad poblacional, de tal suerte que las economías regionales son devaluadas respecto de los impactos posibles de la actividad minera (Svampa y Viale, 2014). En el caso de México, podemos encontrar lugares históricos como Real de Catorce en San Luis Potosí y Salaverna, Zacatecas, devastados por la minería tras ser explotados. Hoy en día son paisajes de verdaderos pueblos fantasmas, o territorios de terror como ocurre con la minería ilegal en Madre de dios, Perú.
En el caso mexicano en las últimas dos décadas, el Estado intensificó el despliegue de la geografía minera hacia las zonas indígenas del país; Gracias al avance del desmantelamiento de la propiedad colectiva y un marco jurídico y fiscalad hoc, las compañías mineras han tenido un fácil acceso a los recursos minerales en territorios indígenas y campesinos, de tal suerte que bajo la narrativa del progreso y la gobernanza ambiental (empresas socialmente responsables) las comunidades son seducidas con empleos temporales, actividades lúdicas para la niñez y apoyos económicos para escuelas como una medida para resarcir los daños ambientales.
En el actual ciclo de la globalización minera, la actividad México se puede medir en términos de los permisos otorgados y la superficie asignada para exploración y explotación. El último mapa de indicadores mineros elaborado por la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX) en 2016 reveló que en el país existen 1,558 minas en explotación y 1,156 en proyectos de exploración, en una superficie concesionada de 22.3 millones de hectáreas (11.3% del territorio nacional), concentrados principalmente en los estados del norte como Sonora, Durango, San Luis Potosí y Chihuahua, de donde se extraen oro, plata, plomo y cobre, principalmente. Un total de 1,186 empresas extranjeras operan en el país, mientras que 1,848 son de capital mexicano.
Un lugar llamado Mina Santa Fe
Vayamos ahora a un caso mexicano donde puede ilustrarse el lento despojo territorial y las dinámicas de las transformaciones espacios rurales, donde la actividad minera subordina la vida cotidiana.
En 1879, los hermanos Zepeda, Enrique y Manuel, propietarios de la hacienda Zacualpa municipio de Solosuchiapa, encontraron unas vetas de oro y plata sobre los arroyos Los Pinos y Danta, lo cual bastó para que la compañía inglesa Chiapas Minning Company, con sede en Londres Inglaterra, se interesara en explorar el lugar casi inaccesible conocida como Mina Santa Fe. Al poco tiempo, una terrible inundación dentro de la mina hizo que varios obreros perdieran la vida en 1892, aunado a las difíciles condiciones para hacer llegar maquinaria, sepultaron las posibilidades de la explotación a gran escala hasta su cierre temporal en 1905. [1]
La zona en realidad es una gran región mineralizada que comprender dos grandes yacimientos que forman parte de un corredor mucho más amplio de 70 mil hectáreas de tierras del norte de Chiapas conocido ahora como corredor La Victoria- Santa Fe, que se extiende hacia otros municipios cercanos.
Posterior al cierre de Chiapas Minning Companyse cuentan con escasos datos que revelen los efectos producidos por el retiro de explotación minera. Una pista es el censo levantado en 1930, cuando la población campesina estaba concentrada en la finca La Zacualpa (hoy ejido Agustín Rubio), contigua a la zona de explotación minera. Al parecer la hacienda atrajo a los trabajadores de la antigua mina. Otros campesinos fundaron el poblado El Beneficio con campesinos zoques de Ocotepec, Pueblo Nuevo y Tapilula, que llegaron a la zona en buscaban tierras de cultivo hacia 1950, empujados por el reparto de tierras que el gobierno había emprendido en la zona.
Por decreto, las tierras de las minas pasaron a manos del gobierno, quien se adjudicó la propiedad de 147 hectáreas por remate judicial, pasando a manos de la Comisión de Fomento Minero. Sin embargo, el 19 de abril de 1968, el gobierno ordenó la desincorporación del predio a favor de la para estatal Minera Corzo SA de CV [2] , para que iniciara nuevamente la explotación de oro, plata, zinc y wollostonita. Fue en este periodo que algunos campesinos sin tierras se convirtieron en obreros de los nuevos propietarios.
De manera oficial, el 28 de octubre de 1979, el gobierno mexicano amplió la asignación m inera sobre 875 hectáreas para la exploración de oro, plata, pl omo, cobre, zinc y wollastonita a la empresa Minera Corzo , y años más tarde – el 15 de junio de 1984- se amplió la explotación hacia el socavón La Victoria por un periodo de 3 años más [3] . Don Eliud Camacho Velasco, recuerda a esta época como periodo donde se extrajo la mayor cantidad de wollastonita, un mineral que servía para la cerámica del centro del país. Al poco tiempo, la paraestatal Minera Corzo quebró y cerró sus operaciones.
En pleno arranque del proyecto neoliberal en México que puso su acento en el remate de bienes nacionales, el 7 de junio de 1988la inmobiliaria Piedras Dorada, propiedad de Carlos Slim Helu adquirió las tierras de la mina Santa Fe, que para ese entonces, estaban ocupadas parcialmente por los campesinos de El Beneficio. La primera estrategia de la inmobiliaria fue obligar a cada familia campesina a firmar un contrato de arrendamiento por 5 años con una renta anual de 300 pesos a partir del 26 de mayo de 1989.
Los contratos de arrendamiento de la empresa con los campesinos terminaron con la irrupción zapatista de 1994, toda vez que campesinos tsotsiles de Pueblo Nuevo, Bochil y Jitotol afiliados a los Central Independiente, Obrera, Agrícola y Campesina (CIOAC) bajaron a ocupar las tierras dela finca La Zacualpa y con ello, el predio de la mina. En 1995 el gobierno se vio obligado a comprarla finca, pero no la mina, luego de movilizaciones campesinas, tensas negociaciones y conflictos. La fracción donde se encuentra la mina fue desalojada por la policía estatal y entregada a la inmobiliaria Piedras Doradas. Los campesinos fundaron el poblado Agustín Rubio sobre el caso principal de la antigua finca La Zacualpa.Eliud Camacho, un viejo obrero de la mina, recuerda que las maquinarias que aún permanecían dentro las minas fueron rematadas por los propios campesinos.
Mediante diversas maniobras legales de poca claridad la inmobiliaria Piedras Negras realizaba el traspaso de la explotación en plena efervescencia del movimiento armado del EZLN. En abril de 1995, Minera Cerro del Plata obtuvo la concesión minera por 50 años sobre 821 hectáreas, pero luego se traspasó el título a Minera San Francisco del Oro, y finalmente, en agosto de 2012 cedió sus derechos mineros a Minera Arroyo de la Danta, una subsidiaria de Minera Frisco e Inmobiliaria Frisco, esta última se fusionó con Inmobiliaria Piedras Doradas en octubre de 1997. Todas estas empresas propiedades de Carlos Slim, actúan como complejo consorcio con títulos en la Bolsa Mexicana de Valores.
No obstante, en febrero del año 2001, un total de 23 campesinos del grupo Mina Santa Fe solicitaron al gobierno la compra de las 147 hectáreas del predio Santa Fe La Zacualpa o Santa Fe, pero la respuesta fue negativa. A cambio, el gobierno ofreció reubicarlos en el predio La Argentina en el municipio de Bochil. Tras la respuesta, muchos campesinos sin tierras comenzaron por abandonar el sitio hacia los municipios vecinos. Este 21 de mayo de 2019, – tras 24 años – nuevamente campesinos de la CIOAC ocuparon aquella porción de tierras que el gobierno devolvió a la inmobiliaria Piedras Doradas, exigiendo la salida de la minera Frisco. Pero el fondo de las inconformidades campesinas tiene su raíz en la dinámica territorial que ha impuesto la minera en los alrededores del municipio de Solosuchiapa.
Limitar la sobrevivencia, estrategia de Minera Frisco
Una estrategia central que desarrolla la empresa Minera Frisco en el poblado El Beneficio es limitar la capacidad de sobrevivencia de la población local para vaciar el territorio, y de esta manera, expandir el control de la explotación hacia todo el corredor minero del norte de Chiapas. Hasta 1994, años en que termina el contrato de arrendamiento de los campesinos con la minera, El Beneficio sirvió como un pueblo de contención para evitar el ingreso de campesinos hacia el predio donde se encuentra la mina.
El poblado El Beneficio se fue construyendo como una comunidad débil en términos de estructura, organización social y baja población para hacer frente al proyecto minero. A lo largo de los años, la mina ha ganado terreno en tanto ha transformado el territorio, afianzado su relación con la población local y las relaciones de la vida cotidiana, sin que los efectos ambientales sean cuestionados.
Los habitantes de El Beneficio siempre refieren que son “pocos habitantes” “que están solos”, por tanto, “no somos unidos” frente a otros pueblos vecinos para hacer frente a la empresa. Desde su fundación, la mina ha impedido la articulación de las comunidades con el ir y venir de obreros. No es una comunidad estable en cuanto a población. Además, el régimen de propiedad privada de las tierras de las minas, el arrendamiento y la nula respuesta del gobierno para dotarles de tierras generó desarraigo entre los campesinos del poblado. Muchos migraron hacia otras localidades vecinas una vez que dejaron de rentar la parcela; otros, la minera les dio dinero para que adquieran otras viviendas fuera del predio y solo en algunos casos, tierras. Desde la lógica minera, era mejor ofrecer dinero a cambio de la salida de los campesinos. Así es como la mina y el poblado El Beneficio construyeron una relación de subordinación.
La minera restringe las actividades agrícolas para limitar la reproducción campesina. Los pobladores tuvieron que girar hacia nuevas actividades como extractores de arena y grava sobre el rio La Sierra como jornaleros o empleados de la propia mina porque la gente no tiene tierras, es decir, la población tuvo que buscar nuevas formas de sobrevivencia.
Actualmente, la mina desarrolla un sin de estrategias para vaciar a la población del lugar para limitar la sobrevivencia. Por ahora, no permiten ingresar al predio para recoger “leña” para uso doméstico; Desde que la mina entró, los campesinos dejaron de cosechar frutales que servían para la comunidad, y la alimentación. Una vieja construcción para almacenar agua quedó dentro de las tierras de la mina; se mantienen cerrados los caminos ancestrales y tradicionales que conectaban hacia otros pueblos, en particular con Chapultenango; persisten constantes amenazas de desalojo y de ocupar nuevas tierras hacia el rio La Sierra por parte de la mina.
Un problema actual que manifiestan los pobladores son los problemas de salud sobre todo casos de malformaciones y casos de diarrea entre la población infantil. No existen aún estudios específicos que demuestren la correlación con la actividad minera, pero el conocimiento popular refiere que tiene relación directa con la empresa.
Otro aspecto es el manejo de grandes cantidades de explosivos; hay demasiados polvorines como llaman los habitantes a los depósitos de polvora; las detonaciones de esos polvorines se escuchan hasta en los poblados de Chapultenango y en algunas comunidades de Ixhuatán y Solusuchiapa, donde culpan a Minera Frisco de los sismos y los cortes intermitentes de energía eléctrica.
La empresa apoya de manera preferente y diferenciada a las familias, sobre todo a quienes se muestran amigables con el proyecto de exploración, mientras excluye de beneficios sociales a la población que cuestiona su presencia. Así es como entregan materiales de construcción y alambres para los potreros a la población que muestra simpatía con la empresa. Estos tipos de apoyos causan tensiones y rivalidades entre Monte Horeb, La Constancia, El Beneficio y Agustín Rubio, quienes resultan beneficiadas por la empresa.
Al menos unas 20 mujeres se han marchado de manera gradual de la comunidad El Beneficio luego de que se casaron con los perforistas de la empresa que llegaron al pueblo y estos los abandonaron; algunas por “vergüenzas” ante el pueblo decidieron probar suerte en las ciudades. “Los perforistas dejan hijos por todos lados” dice un habitante.
Un elemento central que aparece con la presencia de la minera en El Beneficio, es un aparente mercado laboral que bajo la promesa de buenos salarios atrae a los campesinos y jornaleros del lugar. Esto está ligado con la preparación de la mano de obra local para el mercado minero mediante el apoyo del Centro de Capacitación Frisco (CECAFRI) donde se adquieren conocimientos de competencias laborales que favorezcan el crecimiento de los proyectos mineros. En 2017, estos cursos fueron llevados a 439 localidades, incluidas algunas de Chiapas. [4]
El cine es otro elemento discursivo que se pone en marcha como herramienta seductora para las nuevas generaciones de las comunidades vecinas, misma que se presenta como una actividad altruista y como un acto de reciprocidad. A partir de enero 2017, la población infantil de tres pueblos Agustín Rubio, El Beneficio y Siberia fueron seducidos por el arte del séptimo arte, por patrocinio de México Minero [5] cuyo esquema se repitió en otros estados mineros del país.
Apuntes desde el sur mexicano
La revisión del caso de la mina Santa Fe en Chiapas nos permite entender el despliegue del proyecto neoliberal y el extractivismo en América Latina como un proceso de relaciones de poder entre los gobiernos nacionales y las empresas, facilitando en gran medida por las profundas reformas estructurales iniciadas en la década de 1990.
A lo largo de estos años, las empresas mineras han construido un corpus y una praxis a veces heterogénea y otras veces homogéneas para apropiarse de la vida cotidiana de la población local, que tiene como fondo, limitar la capacidad de sobrevivencia de las personas a costar de ceder el territorio.
Pese a los intentos de las empresas mineras de construir una nueva narrativa basada en el discurso de la minería sustentable y la gobernanza ambiental, la población cercana a la zona de explotación percibe y expresa con mayor fuerza los efectos ambientales y de seguridad en torno a la actividad minera.
En el caso mexicano, pese a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obradora la presidencia de México, los proyectos mineros no parecen detenerse, por el contrario, amenazan con expandirse en gran medida por el marco jurídico y las relaciones de poder construidas por las empresas mineras, mismos que garantizan la continuidad de los proyectos por 25 años e incluso hasta por 50 años.
Bibliografía
Gudynas, Eduardo, 2015, Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza, primera edición, Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES): Cochambamba, Bolivia.
López Bárcenas, Francisco, 2017, La vida o el mineral. Los cuatros ciclos del despojo minero en México . Primera edición, Akal Ediciones: México, DF.
Svampa, Maristella y Enrique Viale, 2014, Mal desarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo , primera edición, Katz editores: Buenos Aires Argentina.
Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=257305&titular=la-mina-santa-fe-en-chiapas-y-la-estrategia-del-despojo-territorial-&fbclid=IwAR05rdOyzMxUm4k1Ah9M_8zUHv5bJKnpnOKS4y7wmXXpPGPbbf7Uhz-hT6Q