Juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral en Lo Penal de Ovalle busca despejar una intrincada trama que tuvo como punto de partida la construcción del tranque de relaves El Mauro.
En el Tribunal Oral en Lo Penal del Ovalle se desarrolla desde el pasado 30 de octubre el juicio por el llamado Caso Caimanes. Cuatro abogados se encuentran imputados por una serie de delitos, entre ellos prevaricación, asociación ilícita y suscripción engañosa de documentos.
odo indica que será el juicio regional más extenso desde la entrada en vigencia del nuevo sistema penal el año 2000. Aunque las partes involucradas no se ponen de acuerdo a la hora de entregar un número claro de testigos citados a declarar, se habla de más de 160. A ellos se deben sumar cientos de documentos de pruebas, escuchas telefónicas, esquemas, mapas y fotografías. El juicio por el llamado Caso Caimanes se encuentra en su etapa inicial y se espera que se prolongue por más de dos meses.
El pasado martes 30 de octubre, en un ambiente tenso, con gran asistencia de público y con el interés de los medios de comunicación, los jueces del Tribunal Oral de Ovalle, Claudia Ortiz, María Victoria Gallardo, Arturo Briceño y Claudio Weishaupt, comenzaron a escuchar los argumentos de las partes en disputa.
Desde pasadas las 08:00 horas, habían comenzado a llegar hasta ese lugar los abogados, testigos, imputados, fiscales y habitantes de la pequeña localidad de Caimanes en la comuna de Los Vilos, epicentro de este conflicto.
Durante el juicio, la Fiscalía, Minera Los Pelambres y la defensa de un grupo de pobladores buscarán demostrar que los abogados Ramón Ossa, Sandra Dagnino, Roberto Arroyo, Iván Sanhueza y el dirigente de esa localidad, Cristián Flores, se concertaron para conseguir dinero de la compañía a cambio de entregar su aprobación al tranque de relaves El Mauro.
Los delitos que se imputan a los cinco acusados corresponden a prevaricación del abogado, además de suscripción engañosa de documentos, asociación ilícita y desórdenes públicos.
Para poder entender este caso, nos tendremos que remitir al año 2000, cuando Minera Los Pelambres comenzó a explotar el yacimiento del mismo nombre y construyó un tranque de relaves en el sector de la quebrada de Quillayes, en la cuenca del río Cuncumén. Sin embargo, este espacio no dio abasto, por lo que fue necesario proyectar un nuevo tranque.
Es así como se busca un predio que, a juicio de expertos de la empresa, contaba con todos los requisitos. Se trata del entonces fundo “El Mauro”, de alrededor de 17 mil hectáreas. El proyecto incluye un ducto que conduce los relaves desde la cordillera hasta dicho lugar, de manera de evitar cualquier tipo de contaminación ambiental.
Es así como el año 2003, la firma inició la tramitación ambiental del proyecto. Fue allí donde comenzaron las primeras voces en contra de la construcción del tranque, pues temían la contaminación de las aguas destinadas al riego.
El año 2005, la junta de vecinos de Caimanes, la Junta de Vecinos de Pupío, el Comité de Defensa del Valle de Pupío, el Comité Agua Potable Rural de Caimanes El Llano y algunas personas, asistidos por el abogado Fernando Dougnac interponen una reclamación en contra de la resolución Nº 1791, de fecha 30 de noviembre de ese año, de la Dirección General de Aguas que autorizó la construcción del tranque. Dicho recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Para resolver el litigio el máximo tribunal de república, llamó a las parte a una conciliación, la que se firmó con fecha 7 de mayo de 2008. En virtud de ese acuerdo Minera Los Pelambres debió cancelar 23 millones de pesos (15 mil millones de pesos) a las personas jurídicas y reclamantes por los desistimientos de la acciones judiciales entabladas por ellos. De esta manera se puso fin a nueve causas que se habían iniciado para impedir la construcción del tranque El Mauro.
Donación
Quien recibió el dinero fue Víctor Ugarte Elgueta, dueño de las tierras. Es así como este último -y producto de un compromiso previo- decide donar un total de 5 millones de dólares a 117 habitantes de la comunidad. Ello equivale a un 20 por ciento aproximadamente de lo recibido. Las personas favorecidas fueron las que le ayudaron en la lucha entablada contra la empresa minera. El objetivo era que éstas abandonaran el pueblo.
Una vez autorizada la donación, por sentencia ejecutoriada de fecha 3 de septiembre de 2008, y habiéndose descontado lo pagado directamente en Tesorería por concepto de impuestos, el abogado don Julián Herrera procedió a depositar en la cuenta corriente del tribunal de Los Vilos la referida suma de $2.175.737.090, a fin de que éste procediera a girar las sumas individualmente donadas a cada uno de los beneficiados.
Esta acción generó la molestia de la otra parte del pueblo, que se sintió discriminado con la acción de Ugarte. Es así como el 17 de julio se constituye el Comité de Defensa Personal de Caimanes. Dos meses más tarde, el 10 de septiembre, los abogados Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo, junto al dirigente Cristian Flores, interpusieron una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Los Vilos, en contra de quienes negociaron el acuerdo firmado con la minera.
Esto generó que el tribunal decidiera que los dineros producto de la donación no podían seguir repartiéndose. Hasta entonces, sólo se había girado parte de los recursos. El juicio que se realiza en Ovalle no tiene relación con esa causa.
En la querella, presentada se señala que: “En definitiva, todos los querellados de una forma u otra, se han organizado ellos mismos, han organizado mediante engaños a otras personas, y han elaborado un intrincado esquema judicial que ha tenido como objetivo, primero, lucrar, obteniendo dinero de Minera Los Pelambres, lo que aún no ha ocurrido, y, segundo, despojar de manera ilícita a las personas que recibieron donaciones de parte de don Víctor Ugarte del dinero que éste les pretendió entregar”.
El abogado Julián Herrera, que representa a 64 habitantes de esa comunidad afectados, señala que durante el juicio se buscará probar que “esto ha sido un gran montaje judicial que se ha hecho para perjudicar a la gente que yo represento, junto con la minera. La primera testigo, presentada el viernes, dijo textual, que el señor Ossa había tocado a su puerta a ofrecerle que le podía liberar las platas si le entregaba la mitad. Ella dice que se negó tajantemente. Lo que le pedían era la mitad de la plata y que le ayudara a convencer al resto de la gente. De los 117, hay 39 que ellos convencieron con esa lógica”.
En los alegatos de apertura, la Fiscalía afirmó que “estas no son acciones aisladas, sino continuas para apropiarse ilegítimamente de dineros y presionar a habitantes y asignatarios… lamentablemente, se ha intentado de vestir de ropaje medioambiental de lo cual no hay nada. No perseguimos imputados porque defienden el medio ambiente, sino por una serie de acciones para instrumentalizar personas, a la propia fiscalía y los tribunales”.
Rocío Araya, abogada asesora de la Fiscalía, añadió que “se pretende acreditar los ilícitos que fueron motivo de la acusación fiscal en estos años de investigación. Es una cadena de defraudaciones a buena parte de la comunidad de Caimanes. Se han establecido artimañas (de los imputados) para convencer a pobladores y a los propios tribunales de justicia”, puntualizó.
Al ingreso de la primera jornada del juicio, la abogada Sandra Dagnino, una de las querelladas, señaló que espera un juicio que sea breve y apegado a derecho. “Esta acusación es un absurdo, un ridículo insostenible. Nuestra obligación es defender a la gente, pero no podemos hacerlo porque la minera interpone recursos para mantenernos entretenidos. Nosotros hemos hecho un trabajo de cuatro años, completamente serio y responsable”, afirmó.
A su vez, el dirigente Cristian Flores habló de un montaje. “El caso bombas es una migaja al lado de éste. Quieren hacer creer que nosotros estamos estafando a nuestra propia gente. Nosotros les vamos a dar la lucha y les vamos a ganar este juicio, y vamos celebrar con toda la comunidad. Tengo mucha fe y estamos actuando con la verdad”, dijo.
Este lunes se escribirá un nuevo capítulo en esta historia, pues está citado a declarar Víctor Ugarte, dueño de los terrenos donde se construyó el tranque el Mauro y quien realizó la millonaria donación. Sin duda que se trata de un testigo clave y que será uno de los más esperados, tanto por la defensa como por los grupos ambientalistas y vecinos de la pequeña localidad de Caimanes.