En una carta fechada el 19 de abril, a dos semanas de llevarse adelante la marcha número 180 en contra de la minería por las calles de Andalgalá, la Asamblea El Algarrobo le pide al intendente, Alejandro A. Páez, que exponga las razones por las cuales permite que se bloqueen mediante un vallado las vías circundantes a la plaza 9 de julio, punto de reunión donde los días sábado los pobladores se concentran para manifestarse. El anillo de seguridad fue levantado a fines de octubre de 2012 en aras de proteger de los escraches una instalación del proyecto Agua Rica. Páez se ganó el derecho a ejercer el poder municipal en marzo de 2011, alimentado por una coalición política —entre los dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Proyecto Sur— que supo explotar el rechazo de la población a la actividad minera.
[Entrevista con Eliana Guerrero (28), miembro de la Asamblea El Algarrobo].1
Op.—El 4 de mayo por la noche, minutos antes de comenzar el desfile por las calles de la ciudad y junto al mástil de la plaza, pudieron escucharse estas palabras tuyas: “En el ayuntamiento, un concejo de indiferentes se olvida de su labor para con su gente luego de trepar gracias a esta lucha”.
Guerrero.—La asamblea ha venido transitando desde hace un año y medio una crisis que, por la inserción de la política partidaria, están sintiendo internamente casi todas las asambleas del país. El mensaje en defensa de la vida y el agua ha sido tomado por personas que, teniendo hoy la posibilidad de hacerlo, no están legislando o gobernando en favor del pueblo. Se habían depositado muchas esperanzas en la intendencia, pero el desarraigar la minería de Andalgalá nunca va a depender de un político. Muchas personas que pertenecen o pertenecieron a la asamblea han participado en política: como experiencia propia, no tenemos un buen fruto cosechado de esa situación. Hay que tratar de ver otras herramientas. Muchos tenían la idea de que poner fichas en Páez estaba bueno porque habría cierto poder. En época de campaña política, el intendente asumió muchos compromisos con la asamblea; hoy hay mucho descontento en el pueblo respecto a su actitud.
Op.—En la víspera de aquel día, la gobernadora, Lucía B. Corpacci, arengó al personal de la Secretaría de Estado de Minería (SEM) a salir a hablarle a los catamarqueños para que estos se percaten de lo que representa la actividad, “la que mayores recursos deja a la provincia”. De cualquier manera, sólo se limitó a ratificar lo dicho por ella misma el 1 de mayo, al abrir la legislatura de este año, cuando subrayó que “al menos por ahora, no hay otra fuente de ingresos de esta envergadura que permita torcer el destino de los pueblos”.
Guerrero.—No es la primera vez que escuchamos este tipo de discursos. La mayoría de los que apuestan a la minería tienen esa postura y tratan de convencer a la comunidad. Pero el 95 % de ésta sabe que no es así. Lo que pasa es que se han ido cortando todos los lazos con otras opciones más nobles que hubieran podido permitir el progreso, como la agricultura o el turismo, para que el andalgalense, el santamariano o el belicho tengan como única opción la de emplearse en las mineras. La gobernadora siempre apostó al progreso minero, pero en Andalgalá no existe ese progreso del que ella habla: la última cifra que conocemos de gente que ha sido despedida de estos proyectos es alarmante. En Andalgalá estamos desprotegidos; desde hace más de quince años venimos padeciendo este manoseo. Hoy por hoy, el andalgalense se está haciendo más fuerte y se informa, porque ha tenido que empezar a desconfiar de todo. Ha tenido que estudiar sobre leyes, porque desconfiamos de los políticos y de los abogados: ninguno nos da una esperanza de cambio. Al pueblo sólo le queda caminar y protestar en contra de todos estos monopolios que nos están imponiendo un Estado minero.
Op.—Al parecer, durante el encuentro con la plantilla de la SEM, también hubo lugar para la soflama de Ángel Mercado, ministro de Producción, quien les agradeció a los trabajadores su compromiso con la causa minera y la militancia que llevan adelante “en sus hogares, en los bares y entre sus amigos”. Asimismo, Mercado enfatizó en el hecho de que, a sus ojos, durante el mandato de Corpacci el nivel de conflictividad en la provincia disminuyó y algunos “mitos y fantasmas” encarnados en torno a la minería fueron destruidos. Diga lo que diga el ministro, algunas de las expresiones utilizadas en la proclama leída en la plaza 9 de julio dejan claro que sus ilusiones podrían no durar mucho: “¡Este pueblo ha despertado! ¡Este pueblo está enojado!”.
Guerrero.—Cuando todo el tiempo una persona repite que todo está bien, de una forma u otra, todo está mal. En Andalgalá ya no hay forma de que nos convenzan de lo contrario. Hablan de que el nivel de conflictividad ha disminuido porque no les queda otra, pero han armado un enfrentamiento civil: convencen al empleado minero de que en los momentos de choque se enfrente al vecino. Deben haber visto lo que ha pasado en Famatina una semana atrás; con otro nombre, acá la situación es exactamente la misma. Provocan el enfrentamiento entre la gente y se desata un conflicto social en el cual tiene que intervenir la Policía: la infantería lo único que hace es patearte y tirarte balas de goma. Ellos saben que los plazos del proyecto Agua Rica se están cumpliendo y tienen que convencer a la comunidad catamarqueña de que en Andalgalá la paz social existe. Están mintiendo: no tendrían la necesidad de realizar un vallado con más de ochenta policías que tienen la orden directa de reprimir (see El vallado de Andalgalá). El intendente debe ver la forma de interceder para que no tengamos que ir a enfrentarnos con la Policía cuando llega el sábado, son las 22.00 y empieza la caminata. Hago la reflexión porque nuestros enemigos no son los policías. Ellos reciben la orden de lastimar porque, para que la gente les tenga el respeto que les perdió, tienen que sembrar el miedo. Nuestra intención es que el intendente se pronuncie de una vez por todas, por lo menos para darnos la esperanza de que las cosas se pueden hacer bien.
Op.—Del discurso pronunciado a primeros del mes de mayo por Corpacci ante la asamblea parlamentaria también pudo recogerse una declaración en la que el problema ambiental se define como política de Estado: “Debíamos hacer un verdadero tratado de paz con lo productivo, evitando la discusión inconducente entre las hipótesis de catástrofes de los ambientalistas extremos y la contaminación cero de los megaproyectos”.
Guerrero.—Consideran que el ambientalista es extremo porque protesta y se moviliza, instancias en las que estamos insertos en forma ya agotadora, porque resistir a estos emprendimientos nos cansa física, espiritual y psicológicamente. No creo que, en lo absoluto, estemos en condiciones de poder negociar con el Gobierno un acuerdo. Cuando defendés lo ambiental, defendés la vida: vas al extremo. Pero si estás enarbolando el mensaje del “sí a la vida”, no podés ir a atacar a otro en forma violenta. La contaminación cero no existe: ¿cuál sería el punto neutro? Lo que ellos quieren conseguir es que nosotros dejemos de movilizarnos, agachemos la cabeza y aceptemos en forma callada el proyecto Agua Rica. Más de quince años de Bajo de la Alumbrera no nos han significado un gran progreso. Es increíble la cantidad de gente que tiene problemas de todo tipo en la sangre, en la garganta y en los ovarios: el aire de Andalgalá está sucio. Queremos frenar esto de una vez por todas. No queremos ninguna promesa, no queremos lograr acuerdos, no queremos negociar. Nuestros derechos y los de la tierra no se negocian; el derecho fundamental de vivir, mucho menos.
Op.—Por lo que respecta a los controles ambientales, la historia que cuentan desde la SEM señala que durante los días 27–28 de febrero habitantes de Andalgalá supervisaron sobre el terreno las faenas que se realizan periódicamente en la zona del proyecto Agua Rica, mientras que el 11 y el 12 de marzo, otro pequeño grupo formado por lugareños se unió a la inspección de media docena de estaciones de monitoreo ubicadas en las adyacencias de Bajo de la Alumbrera, la mina de cobre, oro y molibdeno que, ubicada a 2600 metros sobre el nivel del mar, aportó 4865 millones de pesos a la economía argentina durante el último año. En contraste, la asamblea advirtió con disgusto de que pobladores de Belén fueron llevados en su nombre a participar de los controles que realiza la secretaría.
Guerrero.—La visita de monitoreo que han publicado en los medios municipales, provinciales y nacionales ha sido ejecutada con personas que no son de Andalgalá. En los departamentos vecinos también hay asambleas: en Belén, en Tinogasta (see Paso de San Francisco, 6 de marzo–6 de abril), en Santa María. Sabemos que las personas que han respondido a nombre nuestro son, justamente, personas que están empleadas en los proyectos y sus familiares. Es muy poco objetiva su participación porque son personas que no están en plan de defender el recurso y el territorio. La mayoría de las veces que hemos exigido participar de los monitoreos se nos ha negado. ¿Por qué? Porque nos consideran personas peligrosas: porque somos ambientalistas extremos, porque somos violentos y porque somos terroristas. Una vez nos invitaron y pusieron condiciones, como la de llevarnos por ciertos puntos; a nosotros nos interesa ir por las zonas que están principalmente afectadas. Exigimos ir a ver el dique de colas: se nos niega porque saben cuál es nuestro pensamiento. Consideran que tenemos que enviar técnicos que nos representen. Las veces que enviamos personas informadas también nos dijeron que no, porque eran de otros lugares o porque eran de otras provincias. Siempre hay un impedimento o un pero; están desesperados por mentirle a la comunidad.