El informe ‘La maldita tierra’ evidencia el saqueo de estos recursos gracias a la minería de carbón.
El alcalde de La Jagua de Ibirico Osman Mojica (2004-2005) tartamudeó. Algunos de los que estaban presentes dicen que sudaba de manera nerviosa, al punto del desmayo. El entonces contralor general de la Nación, Antonio Hernández Gamarra, que había llegado a los municipios carboneros de Cesar para una rendición de cuentas, le pidió al político que le justificara la diferencia de precios entre lo que pagó su administración por un paquete de galletas Rondallas y una caja de jugos Yogo Yogo, y lo que costaban estos productos en una tienda de cadena. Mojica, frente a una multitud de pobladores y funcionarios, simplemente no pudo dar una explicación coherente.
Unos días antes, el contralor Hernández verificó en un supermercado en Bogotá que estos productos apenas costaban 3.500 pesos. Cinco veces menos de lo que pagó el alcalde Mojica: 15 mil pesos. Una diferencia enorme, en un contrato multimillonario que supuestamente les proporcionaba la merienda a los niños y jóvenes que asistían a las escuelas públicas de ese municipio, incrustado en el corredor minero.
El día difícil de Mojica no paró con las preguntas del Contralor. En medio de la reunión, poco antes de presentarle sus cuentas a la comunidad, el alcalde se le acercó a una persona que era parte del Comité Local de Seguimiento a las Regalías (CSIR). Con nerviosismo, le contó que tenía un hueco presupuestal de 8.000 millones de pesos, que no sabía cómo tapar. “Me pidió que lo ayudara”, recuerda que le suplicó el político.
Este burgomaestre, un zootecnista bonachón oriundo de Chiriguaná pero que se hizo líder en La Jagua, llegó al cargo en el 2004 con el apoyo de gran parte de la población, cansada de la corrupción y de la omnipresencia del paramilitarismo en la administración pública. Muchos recuerdan que Osman adelantó una campaña valiente, en medio de intimidaciones y amenazas.
«Pero Osman era un tipo sin carácter”, agrega otro dirigente político que vivió de cerca esa época. Tan pronto se posesionó en el cargo, los paramilitares empezaron a intimidarlo y se acercaron a un familiar, con quien siguieron direccionando la contratación del municipio, que recibe la mayor parte de sus recursos de las multimillonarias regalías carboneras.
La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía abrieron investigaciones contra Mojica, quien terminaría siendo destituido e inhabilitado por 12 años por el Ministerio Público por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público, entre otros cargos.
Mojica no sería ni el primero ni el último alcalde de la región minera condenado por corrupción. Pues en el fondo, por más que taparan huecos contables, intentaran ser discretos con sus torcidos o manipularan a pobladores con falsas excusas, el saqueo era generalizado y de frente. En la penumbra, los paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Óscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, dirigían la operación.
Como en los otros municipios carboneros, en La Jagua los recursos de regalías empezaron a llegar a raudales a finales de la década de los 90. La producción de las minas a cielo abierto se disparó y el dinero empezó a inundar toda la zona. Entre 2004 y 2012, cuando el sistema de regalías pasó a ser controlado por el Gobierno central, el Cesar recibió más de 2 billones de pesos en regalías. De estos, un billón 147.000 millones de pesos le correspondieron a la Gobernación, 306.000 millones a Chiriguaná, 292.000 a La Jagua de Ibirico, 52.000 millones a Becerril, 62.000 millones a El Paso y 5.000 millones a Codazzi.