Héctor Alfonso Torres Rojas°
«Un falso positivo” es una frase que expresa un crimen horrendo contra la humanidad. El país se estremeció en sus entrañas éticas y humanitarias, cuando se descubrió, que bajo el Gobierno anterior, elementos de la Fuerza Pública, con supuestos beneficios económicos, «conquistaban” jóvenes para faenas militares. ¡Mentira! Los llevaban a una región diferente a la suya y los asesinaban. SÍ, los asesinaban. Luego, con tambores y platillos, los presentaban como triunfos en combate contra las guerrillas, para recibir felicitaciones, condecoraciones y prebendas.
La «Locomotora minera” es un «falso positivo” para las poblaciones de Colombia y otros países llamados antes «subdesarrollados”, del «Tercer Mundo”, «Países atrasados”, «Países pobres”, Países en vías de subdesarrollo”, «Países de la periferia”, etc. Expresiones poco usadas actualmente, pero no por ello menos verdaderas, actuales y válidas, en estas décadas del neoliberalismo salvaje. Ahora se nos habla solamente de los países en la era de la globalización, de la apertura de fronteras, del dios-mercado, de los tratados de libre comercio, de la era e importancia de las instituciones financieras, para seguir el saqueo y la explotación.
Las voraces multinacionales se presentan como las redentoras de los países y de las poblaciones. Como las promotoras del desarrollo. Se instalan, inclusive de forma ilegal, es decir, comprando funcionarios, para obtener rápidamente licencias, concesiones y contratos. Exigen la rebaja de impuestos y muy bajo pago por regalías. Además, son ellas las que certifican qué cantidad de mineral han sacado, para calcular los impuestos y las regalías. Y no siempre dicen la verdad, por no decir, nunca.
Los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos han abierto totalmente las puertas a las multinacionales mineras. Bajo Uribe, las instituciones responsables (irresponsables) de conceder licencias, las entregaron por montones, a manos llenas. Todo el país minero fue repartido entre las multinacionales. O mejor, las multinacionales devoraron el país minero.
«En ese río revuelto pescaron empresas, avivatos y grupos armados, que se hicieron a más de 9000 títulos mineros.Como las normas dejaban sin dientes a las autoridades ambientales, se otorgaron títulos aún en parques naturales, páramos y zonas de humedales”, afirma César Rodríguez Garavito.
Eso significa que se entregaron y «regalaron” 900 títulos por año y 75 por mes. Sabiendo del burocratismo, de la corrupción y de la ineficacia de los funcionarios de las instituciones mineras, ¿con qué seriedad adjudicaron esa enorme cantidad de títulos?
Santos convirtió la minería en uno de los pilares de su Plan de Desarrollo, a tal punto que forjó la expresión, muy llamativa, de la «Locomotora minera”. Es bien sabido que cuando pasa una locomotora, barre lo que encuentra, porque no puede aplicar frenos rápidamente. Todo el mundo debe darle el paso, inmediatamente. Así con las multinacionales de la minería.
Las multinacionales tienen ya el mapa, ese sí globalizado, de todas las riquezas minerales que contiene el vientre de la Madre Tierra, de la PACHAMAMA, del Planeta. No cesan de abrir profundas excavaciones, para arrancar toda esa riqueza. No les importa arrasar las verdes montañas y los altos páramos, acabando con las fuentes hídricas, la fauna y la flora, como lo quiere hacer ANGLOGOLD ASHANTI, con las montañas de la vereda de La Colosa, en Cajamarca (Tolima). O para extraer los metales, a cielo abierto, como pasa con carbón de El Cerrejón (departamento del Cesar).
Un reciente Informe de la Contraloría General de la República, «Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista”, que presentó públicamente ayer, llama la atención sobre las regalías, entre otros temas, que pagan las multinacionales. Los gobiernos de Colombia regalan las riquezas de la población, a manos llenas, a las voraces multinacionales. Colombia es el país cuya legislación es más favorable a las multinacionales. Las ganancias que recibe el pueblo colombiano, de su propia minería, son muy, pero muy bajas.
Los siguientes conceptos, a propósito de la presentación del estudio de la Contraloría, , en artículo de El ESPECTADOR, del 6 Mayo 2013, lo exponen con claridad meridiana.
«»Durante una época de buenos precios (como la registrada entre 2007 y 2011), señala el documento, Colombia fue una de las naciones latinoamericanas que tuvo «uno de los menores niveles de participación a través de los ingresos fiscales en el aporte del sector de minas e hidrocarburos a la economía…
Por ejemplo, según lo establecido por la ley, el carbón paga una regalía del 10% cuando la producción supera los 3 millones de toneladas al año; el níquel y la sal tienen una tarifa del 12%; hierro y cobre, del 5%; oro y plata, 4%; platino, 5% y minerales metálicos, 5%.
«…se termina pagando una tarifa de regalías mucho más baja de la que se aporta en países de la región con similares recursos naturales como Chile y Perú…”
Esto significa que durante ese lapso el país, por cada dólar de valor agregado generado por el sector, recibió apenas US$0,16, lo que quiere decir que estuvo por debajo de Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia, México y Ecuador (este último país recibió US$0,89 por cada dólar)”.
Guillermo Rudas Lleras, uno de los autores del estudio mencionado, sostiene que «no tiene sentido que cuando los precios de los minerales se disparen, el Estado siga recibiendo pírricas regalías del 5% en oro y del 10% en carbón…
Al referirse a los impuestos que pagan las mineras, el documento del ente de control señala que entre 2005 y 2010 las empresas del sector tributaron $878.000 millones por concepto de impuesto de renta. Sin embargo, en ese lapso los descuentos, exenciones y las deducciones realizadas se tradujeron en $1,78 billones que no ingresaron a las arcas del Estado” (El Espectador, 6 de mayo de 2013) (1).
En términos populares, eso se llama un «regalazo” a las empresas extractoras, ya de por sí ricas. Y un robo para el pueblo, ya de por sí, pobre y paupérrimo.
Un ejemplo. En pocos años, el precio del oro se disparó. Veamos algunas cifras buscadas por GOOGLE. Precio de la onza de oro troy, en dólares de Estados Unidos: Año 2004, US$ 466 ; año 2006, US$ 621; año 2008, US$ 930; año 2009, US$ 1.009; año 2011, US$ 1.700; año 2012, US$ 1.550.
Apliquemos la última cifra, 1.550 dólares por onza, a título de ejemplo, al caso de la vereda de la Colosa, municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, donde se encuentra la más grande mina de oro del país. Habrá explotación por unos 25 años. 25 años acabando con las montañas, la fauna, la flora y las fuentes de agua, porque será una explotación a cielo abierto, si la población no logra parar semejante crimen ecológico. Todavía no ha comenzado la etapa de explotación porque gracias al análisis y denuncia ciudadana, se descubrieron varias irregularidades legales, por parte de ASNGLOGOLD ASHANTI (AGA).
Las ganancias de AGA serán inmensas, mientras las regalías pocas. Y el daño humano y ambiental inimaginable. Según el experto hidrólogo Robert Moran, de USA, quien ha recorrido el mundo analizando minas de diferente índole, -y ha estado en Cajamarca, Colombia-, los daños humanos (enfermedades), sociales (desorganización del tejido social), económicos (alza de los precios por pago de salarios por encima de los habituales) y ecológicos (ruina de la fauna, de la flora, de las fuentes de agua y montañas de tierra estéril),causados por los metales, y en primer lugar el cianuro, que se utilizan en el lavado de la roca molida (lixiviación), para liberar las pequeñísimas partículas de oro, son inmensos. Algunos daños perduran más de cien años.
¿Quién va a pagar esos daños en cien años, si las empresas explotan durante unos 20-30 años, se van y se disuelven legalmente? ¿A quién se le va a reclamar?
«Locomotora sin rieles”
Para cerrar el desolador panorama de la «locomotora minera”, por la irresponsabilidad del actual Gobierno de Juan Manuel Santos, que no presentó al Congreso un proyecto de Ley, se debe volver a la aplicación del Código minero de 2001. Este código «fue actualizado” bajo el Gobierno Uribe, pero la Corte Constitucional lo cuestionó porque en su proceso de formación, no hubo consulta con los pueblos indígenas y a las comunidades negras. La Corte fijó un plazo de dos años al Gobierno para elaborar el nuevo código. Se venció el plazo y no se cumplió la tarea.
«Locomotora sin rieles”, así escribe César Rodríguez Garavito, en El Espectador, del lunes 29 de abril 29 de 2013, porque «Finalmente pasó lo anunciado: la locomotora minera se quedó sin sus últimos rieles, por la incapacidad del gobierno de impulsar un nuevo código minero en reemplazo del que se cayó en la Corte Constitucional en 2011”.
«Como el plazo de dos años que fijó la Corte se vence el próximo 11 de mayo, volverán a tener vigencia las laxas normas del viejo código de 2001, que no le negaban a nadie un título minero, ni una renovación de un contrato de concesión. En ese río revuelto pescaron empresas, avivatos y grupos armados, que se hicieron a más de 9000 títulos mineros. Como las normas dejaban sin dientes a las autoridades ambientales, se otorgaron títulos aún en parques naturales, páramos y zonas de humedales”.
Bogotá, Mayo 6 de 2013
Nota:
(1) Estudio dirigido por el muy reconocido analista Luis Jorge Garay.
°Colombiano. Lic. en Teología y en Sociología. Dirigió las revistas Solidaridad, Aportes Cristianos para la Liberación y Utopías, Presencia Cristiana por la Vida. Co-fundador de la red de ONGs de Derechos Humanos