El objetivo de la Ley Minera de hacer esta actividad más atractiva para los inversionistas podría verse afectado, opinan varios analistas consultados.
Según Walter Spurrier, en un principio, el proyecto de ley de reformas aparentaba estar dirigido a atender los planteamientos de las empresas mineras, como la canadiense Kinross y otras, y así viabilizar la inversión privada. Es que las condiciones económicas de la Ley del 2009, en la práctica, eran excesivas, dice. Para Kinross la ley no habría resultado tan atractiva, sobre todo porque sería menos rentable que proyectos que tienen en otras partes del mundo.De acuerdo con la publicación digital Alerta Empresarial de la consultora Prófitas, tanto con la salida de Kinross como con la aprobación de la ley se envía un mensaje negativo para los inversionistas internacionales; a la par se debilita el discurso a favor de las inversiones y la producción, que el presidente y sus funcionarios intentan desplegar en el nuevo mandato.
Prófitas considera que los inversionistas internacionales –principalmente privados– examinarán con mayor rigurosidad sus decisiones de inversión en Ecuador.
Tanto Spurrier como Prófitas coinciden en que la reforma minera aprobada facilitará la posibilidad de que el Estado logre mayores interesados en empresas estatales, principalmente chinas. Las empresas chinas, debido a la estrecha relación del Gobierno con el tema de créditos y petróleo, tienen un mayor acercamiento.
En cambio, Augusto Tandazo, experto minero y petrolero, explica que el punto clave de la reforma no era la contratación directa con empresas estatales, pues esta opción ya existía en la Ley de Contratación Pública desde hace décadas.
Tampoco considera que se haya bajado la rigurosidad del control, pues existen causales de caducidad por una infinidad de razones. De esta manera, el tema de la caducidad se mantendrá como una espada de Dámocles en todo momento.
Para Tandazo, con la nueva ley, el Gobierno buscó aclarar un punto clave: en el artículo 16 aborda el tema del dominio sobre el subsuelo y con él deja claro que las comunidades no son dueñas de los recursos, por lo cual, el tema de la consulta no sería vinculante.
Entre tanto, organizaciones indígenas analizan posibles acciones legales. Humberto Cholango, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), reitera que es una ley inconstitucional y mientras se publica en el Registro estudiarán las acciones que presentarán ante la Corte Constitucional. Juan Auz, de la Fundación Pachamama, indica que “no hubo un proceso de buena fe, pues no se buscó integrar los criterios de los afectados en temas mineros”.
32 Artículos
Siete disposiciones generales y cuatro transitorias contiene la nueva Ley Minera que se aprobó el 13 de junio.
Salida: Minera Kinross
Plazo
La minera Kinross tiene plazo hasta el 1 de agosto para firmar el contrato de explotación, pero ya anunció que no continuará con su inversión en Fruta del Norte, de 1.100 millones dólares.
Indemnización
Para Augusto Tandazo, experto minero y petrolero, en este caso no cabe pagarle ningún tipo de indemnización a Kinross, pues es la empresa la que no quiere continuar con el proyecto.