El presidente Correa envió el proyecto con carácter urgente
La comisión de Régimen Económico aprobó ayer el informe para primer debate con 10 votos a favor y una abstención. La Asamblea tiene hasta el 15 de junio para pronunciarse en el tema
Un poco más de 10 días bastó para que las reformas a la Ley de Minería lleguen al pleno. El presidente Correa envió el proyecto el 16 de mayo a la Asamblea con el carácter de económico urgente. Ayer se aprobó el informe para el primer debate en el pleno que se desarrollará mañana.
La Comisión de Régimen Económico y Tributario lleva más de una semana en actividades relacionadas con la reforma. En menos de una hora el informe fue aprobado sin votos en contra.
La reunión estaba convocada a las 09:00 pero el martes en la noche el presidente de la Comisión, Oswaldo Larriva (AP), cambió la hora. La cita debió empezar a las 10:30 pero inició pasadas las 11:00 con la ausencia de los oficialistas Carlos Bergman, Rocío Valarezo y Virgilio Hernández que llegaron tarde. Mientras que Vanessa Fajardo no asistió a la reunión.
A pesar de la tardanza, los asambleístas estuvieron desocupados a las 12:00. Todo se resolvió rápidamente porque no hubo debate, solo se leyó el informe.
El informe fue realizado en base a las reuniones previas y a las visitas que realizaron los asambleístas a varias partes del país.
A medida que el informe era leído, los asambleístas recomendaban pequeños cambios: recorrer una coma, eliminar una palabra y aumentar otra. En un momento todo apuntaba a que la sesión iba a ser prolongada. Pero pareció que todos tenían algo de prisa. Después de varios cambios pequeños, Jhonny Terán (PSC) dijo que los mismos podrán ser resueltos posteriormente, ya sea en el debate en el pleno o en el siguiente informe, por lo que llamó a sus compañeros a no realizar este tipo de alteraciones.
En el informe se detallan los diferentes funcionarios y representantes del sector privado que acudieron a la Comisión durante la semana pasada. También se menciona «socialización del proyecto» en varias provincias.
El documento menciona las objeciones de Jhonny Terán y de Ramiro Aguilar (SUMA) en lo referente a las concesión mineras. Pero Terán votó a favor del informe.
Al final la Comisión destacó la necesidad de apoyar a los mineros artesanales y agregó que el Ministerio del ramo respectivo deberá brindar capacitación a los mineros artesanales, otorgando todas las facilidades para el acceso a capacitación y tecnologia.
Oswaldo Larriva, Galo Borja, Carlos Bergmann, Vethowen Chica, Rocío Valarezo, Ximena Peña, Virgilio Hernández, Rocío Albán y Fanny Uribe, todos de AP, junto con Terán, sumaron los 10 votos para la aprobación del informe. Por su parte, Ramiro Aguilar se abstuvo.
En lo esencial el informe fue aprobado sin mayores cambios ni retrasos. La Ecuarunari demanda una consulta prelegislativa en el tema. (MJGD)
«No se entregan a dedo las concesiones
Ramiro Aguilar (SUMA) fue la única objeción durante la votación. Su postura es clara y consta en el informe. «No se entregan a dedo las concesiones «.
El proyecto establece la posibilidad de que el Estado negocie directamente la concesiones mineras con empresas estatales, mixtas o consorcios estatales.
El asambleísta dijo que esto no puede suceder, ya que debe existir una licitación o una subasta. Adicionalmente «no se determina en qué casos» se realizarán este tipo de acuerdos.
Aguilar considera que el carácter económico urgente de la ley fue exagerado.
Correa criticó la postura de Ecuarunari
Los dirigentes de la agrupación indígena dijeron que la reforma es inconstitucional y que viola sus derechos. Por esta razón ellos demandan una consulta prelegislativa.
Frente a esto, el presidente Correa dijo que la Ecuarunari se opone a la Ley «sin una justificación objetiva».
El mandatario reiteró el apoyo que tuvo él y su partido en las elecciones, mientras que Pachakútik cuenta con cinco legisladores. Además aseguró que, en base a mentiras, estas organizaciones sociales intentan desinformar a la población.
El proyecto Quimsacocha fue utilizado como ejemplo de este comportamiento.
Quimsacocha es el punto de crítica del Macizo del Cajas
La minería puso en tapete de discusión la reciente declaratoria del Macizo del Cajas como Reserva de la Biósfera.
Esto luego de que las autoridades aseguraran que este reconcomiendo ambiental no frenaría esta actividad en Quimsacocha.
Durante su intervención, desde París, María Caridad Vásquez, subsecretaria regional de la Senplades, manifestó que en Canadá la Unesco también declaró como Biósfera a un lugar que tiene como actividad productiva a la minería.
El martes, en una videoconferencia que mantuvo el alcalde Paúl Granda con varios miembros que viajaron a París para recibir este reconocimiento, Oswaldo Tamariz, gerente de la empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Etapa), aseguró que con respecto al tema minero esta declaratoria «lo único que hace es elevar los estándares para que los controles sean los adecuados».
«Celebramos la declaratoria del Macizo del Cajas como parte de la red mundial como área de la Biósfera. En consecuencia demandamos de manera inmediata al Ministerio de Recursos No Renovables y al Ministerio de Medio Ambiente que desaloje a todas las empresas extractivas que están instaladas en esta área de un millón de hectáreas», dijo Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari.
Para el líder indígena, la continuación de los proyectos mineros Río Blanco y Quimsacocha convertirían a este reconocimiento en una declaratoria de papel, pues estarían afectando a las fuentes hídricas que se dicen serán protegidas.
Pérez dijo que las autoridades deben ser más drásticas en el control de todas las actividades productivas, incluyendo la minería.
La elevación de los estándares que regulen la actividad minera en el Macizo del Cajas serán elaboradas una vez que el equipo de técnicos de la Unesco llegue al país a hacer un recorrido por esta área, precisó Esteban Torracchi, director regional del Ministerio del Ambiente. (MAN)
Los cambios que propone la ley
Si no hay respuesta habrá una sanción
Una vez que el postulante tenga todos los documentos completos, el Ministerio de Ambiente tendrá un máximo de seis meses para conceder o negar el permiso ambiental. El funcionario que no cumpla con esto, y habilite el silencio administrativo, será sancionado.
Las regalías serán redistribuidas
Según la legislación actual, una parte de las regalías mineras va directamente al presupuesto de los gobiernos autónomos rurales afectados.
Pero la reforma plantea que sean distribuidos también a las municipalidades y prefecturas urbanos.
Los miembros de la Agencia Control
Actualmente los miembros del directorio son dos: uno nombrado por el Presidente y otro por el Ministro de Minas. El proyecto plantea que se añada un delegados de la Senplades. Además de este cambio, en el proyecto se otorgan más funciones al directorio.
Un juez de lo Civil tomará juramento
El peticionante deberá realizar una declaración juramentada señalando que no afecta infraestructura pública, puertos, mar, redes de telecomunicaciones, instalaciones militares, infraestructura petrolera, o vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural.