Según informó la Asamblea Riojana Capital «el Juzgado Federal de La Rioja rechazó un recurso de amparo presentado la CNEA contra la resolución que impuso una clausura a la mina de uranio denominada Alipán en la localidad de Las Cañas». E indican que «con esta resolución el municipio debe dar cumplimiento a la ordenanza 4930».
Desde la asamblea Riojana Capital se informó que «»el día 9 de diciembre de 2014, el Juzgado Federal de La Rioja rechazó un recurso de amparo que había presentado la C.N.E.A (Comisión Nacional de Energía Atómica) contra la resolución que impuso una clausura a la mina de uranio denominada Alipán en la localidad de Las Cañas de esta ciudad y solicitaba la suspensión de la Ordenanza 4930 que prohíbe la actividad nuclear en el Municipio de la Capital».
Dicha ordenanza declaraba al Municipio del Departamento Capital de la Provincia de La Rioja como municipio no toxico, no nuclear y ambientalmente sustentable.
Según la Asamblea, «si bien el Juez Federal no se pronuncia sobre la validez de los permisos mineros, sino que rechaza por motivos formales, con esta resolución nuevamente la Municipalidad de La Rioja tiene el poder de policía, lo que implica que deberá hacer efectiva la clausura que tiene prevista la Ordenanza Nº 4930 cuya vigencia había sido suspendida en virtud de una medida cautelar dictada en esta misma causa».
En ese sentido, destacó que «el cumplimiento efectivo de la ordenanza no puede seguirse dilatándose, debe realizarse con firmeza por parte del Municipio quien debe clausurar y decomisar como manda dicha norma y en caso de ser necesario usar la fuerza pública para vigilar que sea respetada la clausura».
La Asamblea dijo que «clausurar preventivamente como se hizo, no sirvió, prueba de ello es que la C.N.E.A (Comisión Nacional de Energía Atómica) siguió trabajando y la única forma de paralizar sus actividades fue mediante el corte con acampe y las medidas que venimos realizando con los vecinos de la zona para impedirles el paso y la continuidad de los trabajos mineros».
Por lo cual, «sabemos que las instancias judiciales son largas y esta es sólo una etapa, pero en esta instancia y a la luz de este nuevo fallo, exigimos como siempre hicimos el cumplimiento de la única norma que tenemos a favor de nuestras vidas y que hoy renueva su vigencia», agregó.
«Queremos que se haga efectivo lo dispuesto por la Ordenanza 4930 que fue redactada por la Asamblea Riojana Capital y que a pesar de haber sido recortada y aprovechada políticamente por los bloques de la oposición, la consideramos una ordenanza popular ya que nació de una comunidad que se manifestó claramente en contra de la megaminería», remarcó.
La Asamblea Riojana Capital sostuvo que «nuestro reclamo al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial, a quienes exigimos la anulación de todos los permisos y concesiones mineras por no contar con licencia social y en esta instancia del fallo, al Gobierno Municipal para que aplique la Ordenanza sin más dilaciones».
Finalmente, dijo que «sabemos cómo opera la justicia y que este fallo puede no ser definitivo por lo que advertimos que seguiremos luchando en las calles y en las rutas hasta conseguir la anulación del Código Minero y de las leyes que habilitan estos proyectos que ponen en riesgo nuestro territorio y nuestras vidas. No permitiremos que las pocas normas que tenemos a favor sean manipuladas por conveniencias políticas electoralistas, como se vino haciendo. Escracharemos y denunciaremos a cada funcionario que viole el mandato popular, exigiendo su destitución si fuese necesario».