Argumenta la magistrada que sería desproporcionado paralizar las tareas de Minera Los Frailes y destaca que la Junta de Andalucía las controla de forma mensual
Los trabajos en la mina de Aznalcóllar no se paran, aunque la adjudicación del yacimiento se encuentre bajo investigación judicial por las presuntas irregularidades cometidas en el concurso convocado por la Junta de Andalucía. Tampoco ante la posibilidad de peligro para el medio ambiente. La juez que dirige la instrucción, Patricia Fernández, ha denegado la petición de la empresa que denunció el caso, Emerita Resources, de decretar la paralización de las tareas de exploración y restauración que ya lleva a cabo Minera Los Frailes, la compañía que se quedó finalmente con los derechos de explotación.
En un auto fechado el pasado día 5 y que se ha conocido este miércoles, la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla rechaza las pretensiones de los denunciantes y considera que no sería proporcionado adoptar una medida cautelar como la que piden y que, en el caso de que se adoptase no serviría para el fin que la ley establece, esto es, evitar que se repita el delito que se investiga. Porque, explica la magistrada, de lo que se trata en este procedimiento es de esclarecer si se cometieron irregularidades en el procedimiento de adjudicación por parte de los técnicos de la Junta y los administradores de Minorbis (la filial de Magtel que ganó el concurso) y los primeros, que ya están imputados, ya terminaron su papel mientras que los segundos aún ni siquiera están imputados.
Lo que se investiga, hace hincapié la juez Fernández en su resolución, es si se cometió un delito de prevaricación en un procedimiento que ya finalizó, por lo que el delito no podría reiterarse.
En cuanto al otro argumento esgrimido por los denunciantes para pedir la paralización de los trabajos, el riesgo que el proyecto de Minera Los Frailes supone para el medio ambiente por sus defectos, la juez señala de forma contundente que la investigación no tiene nada que ver con un peligro potencial para el entorno natural de la mina de Aznalcóllar. De hecho, añade que cuando se detectaron niveles altos de contaminación en aguas de la zona se dedujo testimonio y se envió a los juzgados de Sanlúcar la Mayor para que abriesen una investigación paralela por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
No le corresponde a ella, viene a decir, investigar un hipotético peligro medioambiental que, por otro lado, estaría vigilando la Junta de Andalucía a través del control periódico que efectúa de todos los trabajos que se están llevando a cabo en el yacimiento minero.
La magistrada añade un argumento más, a modo de reproche a Emerita: que la empresa denunciante no ha planteado en ningún momento una medica cautelar de paralización de los trabajos en ninguno de los cuatro procedimientos contenciosos que tiene abiertos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Habrá que esperar, para tomar nuevas decisiones, puntualiza la juez en su auto, a que se conozcan los resultados de la investigación abierta por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que encomendó la elaboración de un informe acerca de las irregularidades del concurso, en concreto sobre si la adjudicataria final, Minorbis, fue una mera intermediaria para que el yacimiento acabase en manos de Grupo México, dueño casi absoluto de Minera Los Frailes, la empresa que tiene el control del yacimiento.
El informe de la UCO será clave en esta nueva fase de la investigación, que reabrió la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla tras el archivo inicial por parte del Juzgado de Instrucción 3 y ante la constatación por parte del tribunal -del que forma parte la juez Mercedes Alaya- de «ilegalidades severas» en el concurso de adjudicación.
Fuente:http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/12/07/5847dd00468aebfb0c8b4582.html