La demora en el dictamen que debe emitir la fiscal adjunta Rosario Venegas sobre la objeción a la resolución de rechazo de denuncia contra el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, paralizó desde hace más de un año la investigación de la intervención policial a la VIII marcha indígena ocurrida el 25 de septiembre de 2011 en el sector de Chaparina, muy próximo a la localidad de Yucumo, departamento del Beni, denunció Claudia Lecoña, abogada de una de las víctimas.
“Se ha emitido una resolución de rechazo de denuncia a favor de Sergio Sacha Llorenti, ante esta evidente resolución infundada lo que se ha hecho es objetar la misma, esta resolución es del 30 de julio del 2012 y hasta la fecha el fiscal departamental Ángel Ponce no ha resuelto la objeción y esto es lo que paraliza la prosecución de la investigación (…), lo que pasa es que esta resolución de rechazo lo ha dictado el mismo doctor Ponce, entonces él estaría inhabilitado de resolver una objeción, pero en su remplazo está la doctora Venegas pero por el trabajo que tiene en aduanas hasta ahora no resuelve”, manifestó la abogada.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, dijo que a dos años de la represión policial a los marchistas del TIPNIS, las víctimas no recibieron ningún tipo de ayuda de parte del gobierno nacional; por el contrario, frenó el proceso contra los responsables intelectuales y materiales de la intervención.
“No ha habido ninguna situación de tipo de ayuda puesto que el propio gobierno ha sido uno de los operantes para que esto pueda quedar rezagado y más allá del olvido de la administración propia, solo está el rol de algunas organizaciones de derechos humanos. Los hermanos nos mantenemos acá firmes y consecuentes con el respeto que debemos tener todos los bolivianos a la propia Constitución”, manifestó.
Mientras que el dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, pidió al jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, y a ese partido político, alejarse del caso Chaparina ya que según su criterio no corresponde que sean parte de la querella porque no estuvieron presentes en la marcha.
“Pedirle al MSM que por favor se retire de estas situaciones porque de acuerdo al Código Penal las víctimas son los que deben hacer la querella. Juan del Granado nunca ha estado en la marcha, no es víctima y de acuerdo al procedimiento penal él no debía estar en este tema, él solamente es denunciante en el caso OAS, entonces cada uno haga sus cosas, pedirle eso para que no se politice (el caso)”, expresó el dirigente.
A la fecha sólo existen dos imputados por el caso Chaparina: el exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, y el exsubcomandante de la Policía Boliviana, general Oscar Muñoz Colodro, este último con detención domiciliaria.