Desde que EcuaCorriente (de origen canadiense y hoy de consorcio chino), ingresara -alrededor del año 2001-, a realizar actividades de exploración en las inmediaciones de la cordillera del Cóndor, en la zona del proyecto Mirador, en la parroquia Tundayme de la provincia de Zamora Chinchipe, esta empresa habría ensayado una serie de mecanismos para ocupar la zona y consiguientemente desplazar a la población ahí asentada.
En este proceso de ocupación de la empresa, varias denuncias ha presentado la población: desalojos forzados propiciados por la empresa, como es el caso de la quema de la vivienda de una anciana shuar, en San Marcos, hasta el uso de leyes y procedimientos administrativos (juicio por supuesta reivindicación de tierras en un caso, y demandas de servidumbres, en otros).
A esto se suma un proceso de negociación de tierras signado por una serie de irregularidades verificadas por la Contraloría General del Estado, tal cual se desprende de su Informe Definitivo, emitido en septiembre de 2013[1]
La paulatina desaparición de San Marcos
Como parte del proceso de negociación de tierras en la parroquia Tundayme, la empresa EcuaCorriente propuso en el año 2006, la compra de los lotes y viviendas del poblado San Marcos.
Este poblado forma parte de la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Fue creado en 1983, en una superficie de cuatro hectáreas. Hasta hace poco, éste incluía 50 lotes y una zona comunitaria donada por uno de los finqueros, en la que mediante mingas (trabajo colectivo), las familias levantaron una iglesia, una escuela, un espacio para deportes, calles y un trazado para la conducción de agua.
En ese lugar requerido para las actividades de la empresa de minería a gran escala (presumiblemente para la instalación de piscinas de desechos durante el proceso de explotación de cobre y otros metales y minerales), la negociación de tierras ha estado atravesada por varias situaciones.
En algunos casos, las familias no accedieron a la venta; en otros, aceptaron firmar convenios de venta y reubicación; en otros casos, como el del finquero que donó la tierra para la constitución del área comunitaria de San Marcos, la empresa obtuvo de éste una escritura pública que incluye no solamente el traspaso de la propiedad del finquero a la empresa sino también el traspaso del área donada a la población, con el compromiso de que la empresa entregara en otro lugar, una hectárea de tierra a la población para su área comunitaria, lo que según las denuncias difundidas, no sucedió.
Luego de años de irregularidades en la compra de tierras por parte de la empresa, de presiones e incumplimientos de reubicaciones, pobladores de San Marcos y de otros sitios de la parroquia Tundayme decidieron reivindicar la propiedad comunitaria de San Marcos, y emprender acciones para evitar más desplazamientos. El 26 de marzo de 2014, durante la fiesta de San Marcos, la población realizó una celebración religiosa en la iglesia del poblado, sin embargo, el 12 de mayo del mismo año, la empresa resguarda por 50 policías, destruyó la capilla y la escuela.
Hoy en día, pese a estos episodios de presión, nueve familias mantienen aún sus lotes en San Marcos, y ante su negativa de vender las tierras a la empresa, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) ha interpuesto demandas de servidumbres en su contra, mientras que por su parte, la empresa, a más de continuar con sus ofrecimientos, ha presentado denuncias por invasión y sabotaje en contra de varios pobladores, y ha conseguido de las autoridades, la detención de uno de los finqueros que se opone a vender su propiedad. Esta detención habría ocurrido el día miércoles, 28 de mayo de este año, por no permitir que los trabajadores de la empresa instalaran equipos en su lote.
De estos hechos se desprende la potencial vulneración de derechos humanos fundamentales como es el derecho a la vivienda, al no desplazamiento y más derechos económicos y sociales vinculados.