Dicen que la minería podría convertir Colombia en un país rico. Por ello, desde la creación del “Plan Nacional de Desarrollo, 2011-2014” por Juan Manuel Santos, los megaproyectos mineros han obtenido un apoyo gubernamental desproporcionado.
A finales de 2012 ya se habían suscrito 9.400 títulos mineros que cubren 5,6 millones de hectáreas, es decir, un 6,4 % del total del territorio continental colombiano.
Dos años después quizá la minería haya dejado riqueza para alguien pero lo que es seguro es que la minería ha puesto en peligro el derecho a la vida, a la salud, al medio ambiente, al agua, a la alimentación, al territorio, al trabajo digno y a la supervivencia de los propios pueblos colombianos.
Colombia no quiere basar su economía en una industria que está poniendo en riesgo sus recursos hídricos. Peligro que limitará a la población de su derecho al agua y por lo tanto su seguridad alimentaria. Los habitantes de la ciudad de Bucaramanga, que dependen del agua del páramo Saturbán para sobrevivir, ya lo están viviendo. El proceso de extracción minera no solo requiere un consumo demasiado elevado de agua si no que provoca la acidez de las aguas utilizadas poniendo en peligro además la biodiversidad de las zonas más cercanas.
Y, como para intentar que se olvide el irreparable daño medioambiental, la población sigue oyendo hablar de riqueza. Pero la riqueza nunca llega. El gobierno premia a las mineras con un sistema fiscal privilegiado basado en grandes exenciones fiscales. Y por si esto fuera poco, las millonarias multinacionales desvían sus beneficios a través de paraísos fiscales para pagar aún menos impuestos. Según datos de Action Aid, empresas como Glencore y Xtrata, dos empresas fusionadas que controlan el 33% de las acciones una de las empresas extractoras con mayor actividad en Colombia –Cerrejón- , tienen su sede en el paraíso fiscal de Suiza, y cuentan con un considerable número de empresas en otros paraísos, como las Bermudas. El dinero de la minería no acabará mejorando ni escuelas, ni hospitales, ni servicios sociales, solo paraísos fiscales.
Pero el gobierno se está asegurando de que la sociedad descontenta no estorbe. Los llamados “Batallones Energéticos, Mineros y Viales” han sido creados para defender a las empresas multinacionales y proteger las zonas extractivas de gran interés. Actualmente estos batallones militares cuentan con 80.000 efectivos, el 36% del total de efectivos del Ejército de Tierra.Con su presencia, las poblaciones que habitan en zonas con gran interés para las empresas extractivas se sienten inseguras y desprotegidas. Muchas de ellas ya han sido expulsadas de sus tierras a la fuerza y no han recibido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno. Según datos del Observatorio Internacional de DDR de Justicia y Paz “las regiones ricas en recursos son la fuente del 87% de los desplazamientos forzados, 82% de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y 83% de los asesinatos de líderes sindicales”. Vivir en una zona rica en recursos les puede costar su futuro y en ocasiones incluso la vida.
Desde InspirAction nos unimos al grito de nuestras contrapartes exigiendo al gobierno colombiano que ponga fin a este megaproyecto que viola los derechos humanos de la población, destruye el ecosistema y no contribuye a la riqueza del país. Y junto a nuestras contrapartes en Colombia (CI Justicia y Paz y CAJAR) denunciamos los enormes daños que la invasión de la actividad minera a gran escala está provocando en el país. Conoce la campaña “La Gran minería envenena, eres tú quien la frena” y difúndela.