(España).-El Ministerio Público pide explicaciones a la Dirección General de Minas sobre las inspecciones previas y las medidas adoptadas
Confirma que las aguas ácidas han alcanzado el paraje natural de Marismas del Odiel
La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva va a investigar una posible negligencia de la Junta de Andalucía en la vigilancia y mantenimiento de la balsa minera de La Zarza desde la que se ha vertido una gran cantidad de aguas ácidas -la cuantía aún no ha sido determinada- al río Odiel.
Así lo han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio Público, que han explicado que, dentro de las diligencias de investigación que se han abierto, se han pedido explicaciones a la Administración autonómica acerca del cumplimiento de las obligaciones que legalmente le corresponden en relación a balsas mineras en desuso, como la que ha protagonizado este vertido en La Zarza.
En concreto, la Fiscalía ha oficiado a la Dirección General de Minas para que informe sobre las inspecciones que haya realizado últimamente en las instalaciones de La Zarza, cuántas ha llevado a cabo y cuándo, si hay personal encargado de su vigilancia o si se ha abierto algún expediente sancionador por irregularidades previamente al vertido detectado el pasado día 18.
En este sentido, el Ministerio Público no descarta una «negligencia» por parte de la Junta como causa, al menos una de las causas, del derrame de aguas con alto contenido en metales pesados que han llegado al cauce del río Odiel y, de ahí, a espacio natural protegido y de alto valor ecológico como es el de Marismas del Odiel.
La legislación minera exige a la Administración andaluza que tenga bajo control las cortas y depósitos de residuos mineros, así como que tenga localizadas las empresas dueñas de esas instalaciones (si ha habido transmisión de propiedad, etcétera) y disponga de un plan de inspecciones.
Además de a la Dirección de Minas -en entredicho ya por la investigación judicial del caso Aznalcóllar- la Fiscalía ha pedido un informe ampliatorio al Seprona de la Guardia Civil en el marco de estas mismas diligencias, abiertas una vez que se ha recibido el testimonio de las primeras actuaciones por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio acerca del vertido que habría provocado una «afectación grave» del ecosistema de la zona, en especial del acuático.
La Junta, además, ha informado del inicio de expedientes sancionadores contra las empresas Ormonde España y Nueva Tharsis SAL, apuntando a la rotura de una galería taponada como el origen del derrame.
Los hechos, según el Ministerio Público, podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente.
Sólo en la provincia de Huelva, hay más de 80 balsas mineras en desuso de cuyo riesgo viene advirtiendo la Fiscalía de Medio Ambiente en sus últimas memorias ante el estado de abandono que presentan muchas de ellas. De hecho, en algunas balsas ha sido sustraído material.
Susana Díaz: «La incidencia es mínima»
El vertido de La Zarza ha estado este jueves presente en el pleno del Parlamento, donde la portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez ha asegurado que, en virtud de un estudio de la Universidad de Huelva, «las filtraciones han llegado al mar» y «no ha habido prevención de la Junta» y además, ha apostillado, «el delegado de la Junta en Huelva ha mentido diciendo que todo estaba controlado».
Esto ha sido replicado por la presidenta del Gobierno andaluz, quien ha dicho a Rodríguez que es ella la que miente y no el delegado, y cuando le ha acusado de «manipular, tergiversar y mentir» en cuanto al estudio de la UHU que, según Susana Díaz, «dice claramente que la incidencia en la ría es mínima y muy reducida».
Asimismo, la presidenta ha recordado que ha sido la Junta la que ha puesto en manos de Fiscalía este asunto para que determine si hay o no delito ecológico, y ha asegurado que el Gobierno andaluz ha actuado «desde el primer momento y ha contenido el vertido y las consecuencias del mismo».
Sin mantenimiento
Entretanto, desde Ecologistas en Acción se ha denunciado que la mina está «abandonada» desde hace años y adolece de una total falta de mantenimiento tanto por parte de sus propietarios como por parte de la Junta.
«Esto que sucede, es fruto de la nefasta política minera que se determina desde la Junta de Andalucía.¿No puede pasar algo igual en las balsas de Rio Tinto, cuando se está conculcando la Autorización Ambiental Unificada con conocimiento y aquiescencia de la Junta de Andalucía?», dijo Antonio Ramos, miembro del Secretariado de Minería de Ecologistas en Acción, organización que estudia tomar también acciones legales.
Fuente:http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/25/592710d7ca4741074b8b459d.html