Ante los hechos de abuso cometidos contra Elena Ríos. Asamblea Popular por el Agua. Mendoza, 31 de enero de 2012.
El día de ayer, los mendocinos fuimos testigos de un explícito caso de censura y violación de los Derechos Humanos. A Elena Ríos la detuvieron, desnudaron y pasearon por comisarías y juzgados, sólo por el hecho de haberle pedido al gobernador Francisco Pérez que «defendiera los intereses de los mendocinos, y no de las mineras». Pero evidentemente es un tema tan sensible, que el propio Pérez, a través de su «no, no… dejámela a mí», se encargó de que Elena fuera amedrentada para no repetir en voz alta aquello que gritan todos los mendocinos.
Lamentablemente para el señor gobernador, este hecho de abuso de poder no nos lleva al silencio, sino todo lo contrario, confirma que la conciencia de los mendocinos es tan firme que no duda en exigirles a los funcionarios que cumplan su trabajo, representando nuestra voluntad. Y quedó claro que len Mendoza ya le dijimos no a la megaminería. Denunciamos el bochornoso episodio de ayer, por atentar contra la libertad de expresión y ser un caso de violación de los Derechos Humanos. Se suma a la larga lista de abusos que sufrimos los que luchamos por defender nuestros territorios.
Las descalificaciones también son moneda corriente: el gobernador sanjuanino nos comparó con el régimen nazi; su par riojano llamó «vago» a su pueblo; y a Elena, nuestro gobernador, la mandó a estudiar. Denunciamos, del mismo modo, los intentos por relacionar a Ríos con alguna fuerza política, como también la tentativa de instalar la versión de un hecho armado, buscando deslegitimar y dar vuelta las responsabilidades en un caso donde el único mal parado es el gobernador.
Nos preocupa la utilización poco democrática de las fuerzas de seguridad, si ante la manifestación de desacuerdo político de un ciudadano, el gobernador y la policía reaccionan como con Elena Ríos. La defensa de los bienes comunes de los estragos de la megaminería se ha plasmado en la mayoría de los habitantes de nuestra comunidad, y es deber de los ciudadanos hacerle conocer a sus mandatarios cómo desean vivir, así como el deber de los mandatarios, representantes de esta democracia, es escuchar la voz del pueblo que reclama por el cuidado de lo que le es propio.
En Mendoza, en Famatina y en toda la cordillera, seguiremos luchando porque la dignidad de nuestros pueblos no se negocia. ¡Basta de censura, de detenciones y de aprietes! ¡Basta de criminalizar la protesta! ¡Fuera la megaminería de América Latina!
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