René Fernando Lara Cervantes
No se pone en tela de juicio el boom minero por el que actualmente atraviesa México. De acuerdo a la Secretaría de Economía (SE), México es el primer productor de plata del mundo, también el primero en inversión en exploración minera de América Latina y el quinto país con el mejor ambiente para el negocio de la minería, que genera 322 mil 450 empleos directos, 1.5 millones de indirectos y los salarios son 35 por ciento mayores al promedio diario a nivel nacional.
Estas cifras e indicadores, logran posicionar al sector minero mexicano como uno de los más atractivos a nivel internacional, además de así justificar a la minería como un mecanismo que efectivamente coadyuva a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Rotundo éxito, sólo en apariencia, ya que el asumir que los pocos requisitos para echar a andar un proyecto minero lograrán un efecto multiplicador de los beneficios para todos los agentes relevantes; es anulable con facilidad pues resulta que la información disponible respecto al desarrollo de esta actividad es, en múltiples ocasiones, confusa e incompleta.
Las asimetrías de información son oro puro, y quizá en esta ocasión lo sea literalmente, ya que el poseer datos que su contraparte desconoce, brinda una ventaja a los capitalistas y al gobierno. Por ejemplo, muchos aspectos relevantes sobre la entrega de concesiones y los impactos ambientales sobre los proyectos mineros, no son divulgados y abordados de forma adecuada. Según el Centro de Análisis e Investigación Fundar, a pesar del exponencial aumento de firmas mineras en el país, el flujo de información sobre el sector minero no se incrementó de la misma manera, sino existe escasez porque a nivel nacional los medios periodísticos dedican poco espacio al tema y cuando lo hacen se centran en describir el monto de las inversiones en proyectos de minería, el número de empleos que generarán y cuánto se estima extraer. Otro factor fundamental es la geografía, dado que por lo regular las minas se encuentran en lugares lejanos y de difícil acceso, y el generar información sobre el tema se vuelve una tarea complicada.
Esta falta de información inhibe hasta cierto punto la participación ciudadana, debido a que la ignorancia sobre los alcances de la actividad minera sobre el medio ambiente y la salud pública, queda en segundo término, al priorizar la potencial bonanza económica. Por si fuera poco, al pequeño sector que cuenta con información se le excluye en la toma de decisiones, esto se demostró recientemente a través del apartamiento de las iniciativas ciudadanas sobre la minería por los firmantes del Pacto por México.
Existe también dentro del discurso oficial, el compromiso del gobierno federal con el desarrollo sustentable, cuya concepción da origen a información incorrecta e incompleta. El mismo Pacto por México, contempla en uno de sus compromisos la transformación de la minería en una industria eficiente y socialmente responsable, cambio que sería redundante si de verdad se respetaran los principios del desarrollo sustentable. La situación real es más cercana al paradigma descrito por el estudio de Fundar, donde se muestra el desarrollo sostenible en México como un asunto de corrección y no de prevención, es decir, que la protección ambiental y la salud pública quedan subordinados al modelo extractivo. En exclusiva se busca, que quienes provoquen daño ambiental realicen medidas de mitigación aunque lo recomendable fuera ni siquiera incurrir en él. Ejemplo de esto es el caso de los megaproyectos mineros en Baja California Sur, donde se pretendía echar a andar una mina a cielo abierto en una ubicación prohibida por el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz, y utilizar además como principales insumos para la extracción de oro, agua y cianuro, siendo el primer recurso escaso en la región y por lo tanto más prioritario para el consumo humano; mientras el segundo es un contaminante de amplio espectro que al afectar la tierra, el suelo y aire, arriesga el equilibrio de los ecosistemas y el bienestar de los habitantes.
Sin acceso a información oportuna y de calidad, es imposible entender las consecuencias de la política económica y de los agentes involucrados. La minería es un jugoso negocio en México por los bajísimos costos en que incurren las empresas. Por ejemplo, los costos de mano de obra de esta industria son entre 60 y 80 por ciento menores que en el resto del mundo, además la extracción de oro a base de agua y cianuro reduce de modo significativo los gastos de operación y recupera 97 por ciento del mineral útil proveniente de las rocas molidas. Eso sí, los efectos secundarios de usar cianuro son catastróficos, ya que es causal de enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos e incluso puede provocar la muerte y no se digan los daños al medio ambiente. Todo esto, desde luego, con permiso de un Estado al que se supone fuertemente comprometido con el medio ambiente y sus ciudadanos.
Para conocer las dimensiones del uso del cianuro, tomemos como ejemplo a la empresa minera Esperanza, la cual lo usa a una razón de 12 litros por metro cuadrado por hora, a esto súmele los 72 mil litros de agua por hora que serán utilizados y contaminados para completar el proceso de extracción de oro. Al igual que en Baja California y otros rincones del país, en Zacatecas el agua no abunda, ¿qué pasará con los recursos hídricos y su disponibilidad para los habitantes del Estado? ¿Se desatará un problema masivo de salud en las comunidades aleñadas a las minas?
Vaya escenario que nos espera, querido lector. Hasta el próximo martes.