Por Juan Pablo Fernández.
De cada 100 dólares que ingresaron en 2009 por inversión extranjera directa, 41 llegaron a la minería y 36 al petróleo. Colombia, país minero, es el lema con el que se identifica la política tanto de Juan Manuel Santos como de su predecesor.
En el punto 92 del programa de gobierno, Santos dice que la “regla de oro es atraer más inversionistas de talla mundial, con “reglas del juego” que garanticen la estabilidad a largo plazo…”. En otras palabras, para la minería habrá más Confianza Inversionista.
Surge, entonces, una pregunta: ¿Cómo es la Confianza Inversionista en los asuntos mineros?
La minería recibe inmensos beneficios fiscales y cambiarios. La ley minera (685 de 2001) y la de hidrocarburos (Código de Petróleos, 1953) mantienen algunas de las exenciones de las malhadadas concesiones Mares y Barco. No pagan impuestos a departamentos y municipios. El costo anual de las exenciones por reinversión en activos suma cerca de 4 billones de pesos, el 75 por ciento de lo recaudado por la regalía. Una parte importante de sus inversiones, como las de responsabilidad social empresarial y ambientales, pueden constituirse en exención a la renta. Las importaciones de maquinaria y repuestos están libres de aranceles y si se dan bajo la figura del leasing, ¡también! se convierten en rebajas a la renta.
Sus exportaciones, de otro lado, no pagan o se les devuelve el IVA. Y si la compañía, como es el caso de Drummond y Cerrejón, se ubica en zona de frontera, el precio de los combustibles llega máximo al 40 por ciento del cobrado a los colombianos y se les exonera de la tarifa de impuestos por su consumo; 32 por ciento, para la gasolina, y 23 por ciento, para el diesel. Además se les eliminó el impuesto a la salida de utilidades.
Entre 1996 y 2006, su tarifa era de 7%. En 1990, 20%. A contrario sensu, a los colombianos de a pie se les cobran IVA, retefuente, renta, industria y comercio, predial, valorización, etc.
Arguyen las empresas que la no extensión de los beneficios –algunos vencen en octubre–, por su sensibilidad a cualquier sobrecosto al capital, causaría una caída en la inversión. Pero la expansión de los proyectos mineros, como causa principal tiene a los aumentos en los precios internacionales. Entre 2003 y 2009, el precio internacional del carbón se multiplicó por tres, el del oro por cuatro, y los del níquel, más que se duplicaron. Y este año, excepto el oro, aunque los precios continuaron cayendo, no retornaron a montos cercanos a los vistos en la década de los noventas y, por efecto de la especulación y la mayor demanda en China e India, retornaron a la senda del crecimiento.
La minería es intensiva en capital –el 92 por ciento de su PIB– y la mano de obra aporta el 7 por ciento. Luego la posibilidad de captar una porción ascendente de la renta de minería se halla en: gravar al capital con tributos directos y progresivos, mediante aumentos a la regalía o a través de cláusulas que den participación por precios altos.
Ninguna de las soluciones anteriores las contempla el gobierno. Las exenciones al capital se convierten en un subsidio que la sociedad transfiere a las multinacionales de este renglón. Y el santismo, antes uribismo, defiende ante todo la estabilidad jurídica, así el statu quo cause una enorme lesión a los intereses económicos de la nación.
¿Y qué pasa con la regalía? Una vez tramitada la Ley 685 de 2001 se dijo que el Estado pondría todo el énfasis en ser un facilitador y fiscalizador del desarrollo de los proyectos mineros, dejando en claro que es “la iniciativa privada la única fuerza capaz de generar el desarrollo minero…” Sobre los 23 contratos que aportan el 95 por ciento de la regalía, la Contraloría afirma que la información aportada por las empresas concesionarias “es en un alto porcentaje de buena fe…” Y agrega: esto representa “una seria debilidad y un riesgo permanente para los intereses del Estado y las regiones beneficiarias de las regalías mineras…”
Ejemplos de la falta de auditoría son Cerromatoso (BHP Billiton) y Drummond. La primera adeuda más de 24 mil millones de pesos por regalía. La segunda se vale del control de la fórmula con la que se liquida la regalía para eludir parte de su pago y entre sus haberes tiene varios fallos que le obligan al pago de deudas relacionadas con la contraprestación.
Cualquiera pensaría que tal conducta daría lugar a un castigo. Pero el “garrote” del gobierno es negociar con las multinacionales la extensión de los contratos. A Drummond le faltan más de nueve años para el vencimiento de una de sus concesiones, pero la Confianza Inversionista le quiere asegurar desde ya otros treinta años de explotación en el complejo La Loma–Boquerón, con reservas por 543 millones de toneladas de carbón, que sumadas a las del Descanso, llegan a 2.307 millones. Y con Cerromatoso, a pesar de las deudas y otros beneficios dados, también se negocia la extensión del contrato. Con un agravante: varias consultorías y conceptos contratados por Ingeominas le dicen que “no es conveniente para 1a Nación proceder a una prórroga inmediata de la concesión en los términos vigentes.”
Drummond y Cerromatoso, más que la excepción, constituyen la regla. La privatización o liquidación a menos precio de las empresas mineras estatales se justificó en la eficiencia y en la transparencia del sector privado. Ni lo uno ni lo otro se demostró.
Pero al país se le embarcó en concesiones que le resultan lesivas y que en la otra cara de la moneda tienen la persecución a los pequeños y medianos mineros –explotaciones que interesan a las trasnacionales–, los irreparables daños ambientales, la maldición de los recursos naturales que sufren los habitantes de los corredores mineros y las recias condiciones de trabajo impuestas a los obreros de la gran minería foránea.