Mientras que la Defensoría aplica un criterio preventivo la PCM actúa en plan de bombero.
La Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), publicaron la última semana sus respectivos informes sobre conflictos sociales dejando ver una vez más la diferencia de criterios para la clasificación de tales eventos.
Según la PCM, tal como señala el Informe sobre diferencias, controversias y conflictos sociales Willakniqui Nº6, en el Perú existen a la fecha 60 conflictos sociales, mientras que para la Defensoría del Pueblo la cifra llega a 229, entre conflictos activos y latentes.
Un detalle a considerar es que la PCM ha contabilizado solo dos nuevos casos para su último reporte. Uno de ellos es el que involucra a pobladores del distrito de La Huaca, provincia de Paita, en Piura, con la Empresa Agrícola del Chira S.A.
A esta última se la acusa de afectar de manera negativa la salud de las personas, ocasionando un perjuicio al cementerio, a algunas viviendas y a las actividades tradicionales que se desarrolla en la zona.
Cabe destacar, que este mismo conflicto ya había sido identificado por la Defensoría en su Reporte de Conflictos Sociales Nº 103 de setiembre de 2012.
Para la Defensoría la cifra de nuevos conflictos sociales llega a diez, ocho de ellos socioambientales, y se vienen desarrollando en las regiones Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Apurímac, Cusco y Tacna.
La divergencia
Las observaciones a los informes que viene presentando la PCM en los últimos meses han surgido de varios frentes, incluso de la misma Defensoría.
Cuando se publicó Willakniqui 5, Rolando Luque, defensor adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, sostuvo que el informe de la PCM reduce la oportunidad de prevención y no es comparable al informe de la Defensoría del Pueblo.
El informe de la PCM pone el acento en una amenaza a la gobernabilidad, al orden público, a un daño que se ha causado. “Es decir, en resumidas cuentas, que un acto de violencia es el punto de arranque, el punto de partida de un conflicto social” sostuvo en aquella oportunidad en entrevista con Ideele.
Luque Mogrovejo precisó que un enfoque preventivo observa el conflicto desde más atrás e implica que los casos latentes o en etapa temprana sean considerados para que puedan ser atendidos.
Cabe recordar como lo ha venido señalando Vladimiro Huaroc, Alto Comisionado de la ONDS, que este organismo trabaja en base a una clasificación de “diferencias, controversias y conflictos sociales”.
Precisa así que la Oficina define que las diferencias y las controversias son un nivel del malestar social que se expresa dentro del marco de la normatividad, de la ley, dentro de lo que la sociedad ha construido como institucionalidad.
Recalca en ese sentido que las diferencias se solucionan dialogando, buscando puntos comunes de solución y que las controversias tienen un carácter más confrontativo pero sin llegar a un nivel de protesta, de radicalización o de violencia, y que en ese sentido se trabaja en la prevención.
Según el último informe Willakniqui, en abril solo se registraron 60 conflictos, lo mismo que en su anterior edición, de los cuales 22 (37%) están vinculados al sector minero y 11 (18%) a la minería informal e ilegal.
De otro lado según el citado informe, Cajamarca se ubica como la región con más conflictos (7), correspondientes al sector minería.
Conflictos hasta abril de 2013
Según el último Reporte de Conflictos Sociales Nº 110 de la Defensoría del Pueblo en el Perú existen a la fecha 175 conflictos activos y 54 latentes, concentrándose la mayoría de estos en los departamentos de Áncash, Apurímac y Puno.
El reporte precisa que de los 229 conflictos registrados, 149 (65,1%) son de competencia del Gobierno Nacional, 51 (22,3%) de los Gobiernos Regionales y 20 (8,7%) de los Gobiernos Locales.
Asimismo, da cuenta que los conflictos socioambientales continúan siendo los más numerosos, un total de 154 casos –cinco más a los registrados en su anterior edición de marzo– o lo que es lo mismo el 67,2 por ciento de los registrados a la fecha.
De estos 154 casos, 112 están relacionados a la actividad minera y 20 a la actividad hidrocarburífera.
El segundo tipo de conflictos más numerosos tienen que ver con asuntos de gobierno local. Existen un total a la fecha de 20 casos, vinculados ellos a demandas de obras públicas, pedidos de vacancia y suspensión, oposición a la implementación de políticas y falta de transparencia.
El tercer tipo de conflictos que más se registran tienen que ver con demarcación territorial. La mayoría de conflictos nacen a raíz de la ausencia de límites oficiales entre los distritos, provincias y departamentos.
Áncash sigue siendo el departamento que registra el mayor número de conflictos con 33, la mayaría de ellos son de tipo socioambiental, entre la población y las compañías mineras. Luego le siguen Apurímac con 21 y Puno con 19.
Para acceder a los informes completos dar clic en los siguientes enlaces: