¿A qué se refería Jean Paul Luksic cuando a principios de septiembre habló de «extorsión» a los proyectos de inversión? El 30 de octubre sus palabras quedarán claras. Ese día comenzará en Ovalle el juicio oral contra cuatro abogados y un dirigente del pueblo de Caimanes a quienes se les imputan diversos delitos relacionados con el tranque El Mauro de Minera Los Pelambres. Esta es la historia del litigio, uno que podría marcar un hito.
Cuando el presidente de Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic, expresaba el mes pasado su preocupación por la judicialización de los proyectos de inversión hablaba por un fenómeno país, pero también por uno que ha sufrido en carne propia. Tanto, que él mismo será uno de los casi 200 testigos que declararán por el caso que investiga la Fiscalía de Ovalle contra cuatro abogados y un dirigente del poblado de Caimanes en la IV Región, a quienes se acusa de colusión para obtener beneficios económicos de los cuestionamientos ambientales existentes en torno al tranque de relaves El Mauro, de Minera Los Pelambres.
«Hoy estamos viendo cómo parte importante de los proyectos se judicializan; lo que es malo para todos, porque se crea inseguridad y se desincentiva la inversión. No podemos darles el paso a los abogados para que sigan lucrando con ello; hay peleas que son honorables, pero hay otras que sólo son extorsión», dijo el empresario durante su intervención en el seminario «Pensando Chile», organizado por el Senado y la Universidad Católica de Valparaíso, el 6 de septiembre pasado.
Sus palabras no pasaron inadvertidas. En su exposición en el puerto, el menor de los Luksic resaltó los beneficios económicos de Los Pelambres para la IV Región e instó a perfeccionar la institucionalidad ambiental para dar certeza a los inversionistas.
En el norte, nadie sabe cómo de pronto todo se fue enmarañando hasta el punto en que la localidad se convirtió en un pueblo de enemigos. Da la impresión de que existe un «todos contra todos» en ese soleado y otrora tranquilo valle.
Por esos días, Minera Los Pelambres afinaba su participación en este caso que se remonta al 2008 y que comenzará su etapa final el próximo 30 de octubre a las 8:45 horas en el centro de Ovalle. Ese día partirá el juicio oral en que la fiscalía de esa ciudad y la minera pretenden demostrar que los abogados Ramón Ossa, Sandra Dagnino, Rodolfo Arroyo e Iván Sanhueza además del dirigente vecinal Cristián Flores se concertaron para intentar conseguir dinero de la compañía, aprovechándose de la protesta comunal. Los cargos que se les imputan van desde prevaricación, suscripción engañosa de documentos, asociación ilícita hasta desórdenes públicos.
Y hoy casi no se habla de otra cosa en la IV Región. Se espera que el juicio tome por lo menos dos meses, convirtiéndose en el más largo que se ha tramitado en la zona desde el inicio de la reforma procesal penal. Además, de alguna forma u otra, el caso involucra a mucha gente: serán citados prácticamente la totalidad del centenar de habitantes mayores de edad de Caimanes, los principales ejecutivos de la minera, abogados, expertos ambientales, pobladores, autoridades regionales, funcionarios públicos y policías, entre otros. Sólo la lista de la fiscalía contiene 84 nombres, a los que habría que sumar otros 130 correspondientes a la defensa y demás partes del proceso.
Además, se expondrán cientos de escuchas telefónicas, fotografías, mapas y estudios de diversa especie con el propósito de demostrar la existencia de una verdadera guerra sucia en torno a las platas por El Mauro.
De más está decir que este caso trasciende las fronteras de la IV Región, y que en el mundo legal hay expectación e interés por el desenlace. Algunos empresarios también están atentos al caso, ya que no pocos se sintieron interpretados por las enérgicas palabras del menor de los Luksic.
El acuerdo extrajudicial
El tranque es una obra que almacena los desechos producidos por Minera Los Pelambres. Tuvo un costo de 600 millones de dólares y está ubicado aguas arriba de Caimanes, a unos 62 kilómetros al interior de Los Vilos.
En 2003 la firma inició la tramitación medioambiental del proyecto y ahí surgieron los primeros problemas con la comunidad. Sobre todo, con los agricultores, que solicitaron a la justicia revocar los permisos para la construcción, pues temían que se contaminaran las aguas de regadío.
Tres años después, la Corte de Apelaciones falló en forma unánime en contra de la minera dejándola en una difícil situación, ya que sin el tranque podría paralizar parte de sus faenas. Ante ese escenario, a la firma de los Luksic no le quedó otra opción que sentarse a negociar en 2008. Tras varios meses, finalmente alcanzó un acuerdo extrajudicial con los dueños de los terrenos donde se emplazaría el tranque y la comunidad de Caimanes.
El arreglo, implicó un desembolso de 15 mil millones de pesos, unos 23 millones de dólares de la época, de los cuales 18 millones fueron para Víctor Ugarte Elgueta, el dueño de las tierras, y los otros 5 millones de dólares quedaron para 117 habitantes de la comunidad.
El acuerdo de la minera sólo consideró a Ugarte, quien desde el inicio de la batalla legal se había comprometido con sus paisanos a donar parte de lo que él recibiera a las personas que lo acompañaron en su lucha contra el tranque.
Así, la entrega de la plata fue hecha bajo la figura de una donación y con el objetivo de que la gente pudiera abandonar el pueblo y comenzar de nuevo en otro lugar, ya que con el tranque de relaves verían mermadas sus posibilidades de trabajar la tierra.
Pero una parte del pueblo resintió haberse quedado fuera del acuerdo y estalló el conflicto. Según se desprende de la investigación judicial, el 10 de septiembre de 2008, los abogados Ramón Ossa, Roberto Arroyo y Sandra Dagnino junto el dirigente Cristián Flores interpusieron una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Los Vilos en contra de algunos de los líderes sociales de Caimanes porque según ellos negociaron este acuerdo sin contar con los poderes requeridos para ello.
Así, consiguieron que el tribunal declarara que las platas no podían seguir repartiéndose. Hasta entonces sólo se habían pagado una parte de los 5 millones de dólares. El resto, correspondiente a 64 beneficiarios fue retenido. Hoy toda esa plata está en la cuenta corriente del tribunal a la espera de que termine el litigio.
En agosto de 2009, Los Pelambres se querelló contra los abogados y el dirigente y en mayo del año pasado, el Ministerio Público los formalizó por prevaricación, asociación ilícita y suscripción engañosa de documento.
Pero entremedio comenzó a generarse una amplia red de acciones legales. Una tras otra se fueron acumulando denuncias, querellas, contra-querellas, acusaciones, recusaciones, recursos de protección, solicitudes de inhabilitación, etc. En total, hoy nadie sabe con certeza cuántas suman, pero se estima que ascienden a una treintena.
En el norte, nadie sabe cómo de pronto todo se fue enmarañando hasta el punto en que la localidad se convirtió en un pueblo de enemigos. Da la impresión de que existe un «todos contra todos» en ese soleado y otrora tranquilo valle.
Hay demandas contra los dirigentes sociales y la minera; contra el ex fiscal de la causa, Felipe Ravanal, por presunta obstrucción a la investigación e interceptación ilegal de escuchas telefónicas; demandas de la propia minera hacia los dirigentes; de algunos de éstos en contra del abogado Fernando Dougnac, que fue quien logró el avenimiento del 2008 y un largo, pero bien largo etcétera.
Aunque la compañía no se ha referido al impacto económico del caso, la gerente legal de Antofagasta Minerals, Soledad Martínez, sostiene que el mayor problema se refiere fundamentalmente al desvío de los fines propios de la compañía para dedicarse a sostener la acción penal en contra de los acusados. «Pero lo que es más grave es que se ha impedido el desarrollo de diversos proyectos comunitarios que Minera Los Pelambres tiene intenciones de concretar con la comunidad de Caimanes, tal como se ha venido haciendo sistemáticamente desde el inicio de la operación de la mina», afirma.
La plata de los 64
El juicio que comenzará a desarrollarse el 30 de octubre próximo dice relación con los 64 que todavía no han recibido su plata. Patrocinada por el abogado Julián Herrera en este caso, además del Ministerio Público que actúa como ente acusador, participa Minera Los Pelambres que se querelló en julio de 2009 con el patrocinio del estudio jurídico de Hugo Rivera.
Según la querella, Ossa, Dagnino, Arroyo, Sanhueza y Flores se han dedicado a presentar una acción legal tras otra y en diferentes juzgados del país con el único fin de paralizar la entrega de los recursos y conseguir que la empresa realice un aporte económico.
De acuerdo con los documentos, los acusados demandaron a varios pobladores por haber aceptado el acuerdo y luego los habrían presionado para que se unieran al «Comité de Defensa de Caimanes» a cambio de levantar esas querellas y que les entregaran la mitad del dinero del convenio. Además les habrían prometido que el «Comité de Defensa» negociaría a nombre de todos los caimaninos un nuevo y mejor acuerdo con la minera de los Luksic, que esta vez incluiría a toda la comunidad.
Dice la querella que el Comité recibió de los propios pobladores unos 170 millones de pesos que habrían sido depositados en una cuenta del BancoEstado de Los Vilos para después pagar los honorarios de los mismos abogados que crearon la entidad y además financiar las actividades de protesta realizadas en la zona.
«No podemos darles el paso a los abogados para que sigan lucrando con ello; hay peleas que son honorables, pero hay otras que sólo son extorsión», dijo el presidente de Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic.
Según el documento, los cuatro abogados y el dirigente elaboraron «un intrincado esquema judicial que ha tenido como objetivo, primero, lucrar obteniendo dinero de Minera Los Pelambres, lo que aún no ha ocurrido, y, segundo, despojar de manera ilícita a las personas que recibieron donaciones de parte de don Víctor Ugarte del dinero que éste les pretendió entregar».
El abogado Julián Herrera, expresa que le consta personalmente que ellos sólo buscan un lucro personal a toda costa: «antes de contratar al estudio Ossa y Cía., Cristián Flores Tapia, junto a otros dirigentes, concurrieron a mi oficina para pedirme que yo los representara en esas acciones, lo que rechacé tajantemente», explicita.
Pero según la versión de Flores, tras enterarse de lo que habían hecho sus ex dirigentes, la gente de Caimanes decidió reorganizarse y formar el Comité de Defensa. «La directiva de este nuevo comité, mandatada por su asamblea buscó abogados y así llegaron a nuestra oficina por un aviso en el diario», añade Dagnino.
Entra el Tribunal Constitucional
Tras la investigación, en abril de 2012 se desarrolló la audiencia preparatoria para el juicio oral. Durante seis días los abogados de las partes analizaron las pruebas y testigos que cada uno postuló para presentar durante el litigio, que quedó fijado para el 7 de junio.
Pero como si la mala suerte hubiera tomado el control de todo, un simple error en la transcripción de la documentación, sumada a la falta de validación de algunos testigos determinó que todo debería ser aplazado.
Fuentes del caso aseguran que ese error sólo sirvió para dar tiempo a que todos prepararan nuevas jugadas. Y así, se llegó a la audiencia del jueves 28 de junio en que los jueces tuvieron que citar de nuevo a los abogados de las partes para fijar definitivamente la nueva fecha del juicio oral. Pero otra vez no se pudo: una serie de recursos legales como la recusación al juez de garantía de Los Vilos, Zenén Cano, lo impedía. El magistrado fue cuestionado por no incluir algunas pruebas y agregar otras no convenidas. Además se le enrostró supuestas faltas de imparcialidad. La acción no fue acogida, pero puso aún más incertidumbre al caso.
Luego vinieron nuevos reclamos por las pruebas, ya que habrían quedado fuera de la presentación al tribunal algunos de los estudios sobre la contaminación de la zona emitidos por el presidente de la comisión de medioambiente y salud del Colegio Médico, Andrei Tchernitchin, y un informe de la brigada especializada en delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones. «Dejar fuera estas pruebas no sólo es incomprensible e impresentable, sino que además vulnera seriamente el derecho a defensa», dice Dagnino.
Pero lo cierto es que hasta el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse por el caso. Los abogados imputados lograron presentar un recurso de inaplicabilidad, que finalmente no fue aceptado y así recién hace algunas semanas se fijó como fecha definitiva para el inicio del juicio, la mañana del martes 30 de octubre.
«Sin perjuicio de que es el tribunal de Ovalle quien fija la fecha, ha existido una serie de presentaciones y recursos -aparte del de aclaración, rectificación y enmienda que solicitó la fiscalía- que han sido interpuestos por las defensas de los imputados, entre éstos recusaciones, un amparo preventivo ante la Ilustre Corte de Apelaciones de La Serena y un recurso ante el Tribunal Constitucional, acciones que fueron rechazadas a las pretensiones de las defensas», explicó la Fiscalía Regional de Coquimbo.
No hay posibilidad de acuerdo
En ese escenario el penúltimo día de octubre comenzarán a verse las caras todos los involucrados. Se espera una altísima concurrencia de público, por lo que será habilitada una sala adicional en Ovalle.
Mientras, cada parte está concentrada en conseguir su triunfo en tribunales. A estas alturas y tras el claro mensaje de Jean Paul Luksic de que la firma no va a negociar de nuevo por el tranque, se prevé que el juicio dure al menos dos meses.
«Se trata de una persecución penal carente de todo fundamento y por eso esperamos que se absuelva a todos los acusados», dice Dagnino, quien añade que no quiere negarse a la posibilidad de llegar a un acuerdo con la minera. «A veces las personas se reconcilian con su propia humanidad y con los demás y pueden sorprendernos», sostiene.
Pero Soledad Martínez desecha toda eventualidad al respecto: «Atendida la gravedad de los hechos que se le imputan a los acusados nunca ha estado sobre la mesa una posibilidad de arreglo, menos aún en la actualidad que el estado procesal de la causa no lo permite», sostiene la representante de Antofagasta Minerals.
La misma opinión tiene Julián Herrera, quien añade que sus representados, como querellantes, jamás se plantearon tal posibilidad. «El nuevo proceso penal contempla algunas salidas alternativas, pero en este caso, y atendida la gravedad de los delitos imputados, siempre estuvimos convencidos de que la única opción es terminar con una sentencia en juicio oral, que esperamos sea condenatoria», sostiene.
Pero en el mundo legal se comenta que Ossa, Dagnino, Arroyo, Sanhueza y Flores no se darán por vencidos fácilmente. Representados por el ex defensor nacional y abogado de la ex-gerenta de administración de La Polar, María Isabel Farah, Alex Carocca, continuarán con gestiones judiciales y administrativas. Además, ya trabajan en una serie de nuevas acciones que se encuentran en vías de ser interpuestas.