«A mí me eligieron para defender este territorio, nuestro territorio. Y es lo que voy a hacer». Con esta rotunda afirmación, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, empezó a abanderar una de las más importantes discusiones en temas ambientales de los últimos tiempos: la autonomía de los territorios frente a la explotación de su subsuelo.
Su causa ha sido la posiblidad de que se les consulte a los tolimenses la aprobación o rechazo de la mina La Colosa, que empezó actividades en Cajamarca, un municipio vecino de Ibagué.
Como dicen en el Tolima, se trata de una “lucha de tigre con burro amarrado”, donde las múltiples y organizadas rayas del tigre representan los intereses de un país centralizado alrededor del poder de unos pocos que han repartido dádivas por doquier.
Sin embargo los tiempos cambian, las nuevas formas de feudalismo van desapareciendo y los hombres y mujeres de Ibagué han empezado a asumir este reto como una defensa de la vida. La vida que necesita agua limpia y abundante, y que vale más que el oro.
Algunos tratan de desestimar este compromiso de los ibaguereños diciendo que la mina está situada en otro municipio. Pero como muchos sabemos, el efecto nocivo de los químicos de la actividad minera, de una u otra forma, irán a dar a los ríos de los que Ibagué toma el agua para su consumo. Entonces, este es sin duda un problema de Ibagué.
También en Cajamarca diversos grupos ambientalistas que se oponen al proyecto de La Colosa recolectaron a comienzos de este año 3.364 firmas avaladas por la Registraduría para solicitar al Concejo de ese municipio la aprobación necesaria para realizar una consulta popular acerca de la minería. En febrero pasado solo hubo un voto a favor de la propuesta, pero en agosto el Concejo aprobó la consulta por ocho votos a favor y tres en contra.
Se necesitan 130.000 votos a favor para que la entidad territorial haga uso efectivo de su capacidad de decisión acerca del uso del subsuelo en su territorio. Si esto se logra, el gobierno central debe entender que sus decisiones no pueden ser omnipotentes.
Contra todas las presiones
En el largo proceso de esta consulta sucedieron muchas e increíbles situaciones. Para empezar, los concejales de Ibagué, 19 en total, debían aprobar la consulta. Después de muchos análisis y debates decidieron que convenía aprobarla, pero antes de la sesión de votación aparecieron en Ibagué diligentes y acuciosos delegados de la Procuraduría (los mismos que olvidaron mirar la conducta de los funcionarios públicos en los fallidos Juegos Nacionales) con el fin de prevenir y “ayudar” a tomar una buena decisión.
En términos más realistas: aparecieron para asustar y les advirtieron a los concejales que si aprobaban la consulta se les investigaría por extralimitarse en sus funciones.
Además, la viceprocuradora Marta Isabel Castañeda manifestó al alcalde Jaramillo que ese ente haría un “acompañamiento preventivo” para que no se cometieran errores que después habrían de lamentar porque, según ella, los municipios pueden hacer concertaciones en relación con los temas mineros pero no consultas.
Como si esa presión fuera poca, también aparecieron por el Concejo la viceministra de Minas, el procurador Agrario y Ambiental del Tolima, directivos de la ANDI y hasta un connotado exintegrante de la Corte Constitucional, el doctor Antonio Barrera Carbonell, quienes, como iluminados con espejito en la mano, venían a prevenir a los concejales.
También visitó el Concejo el señor Juan Camilo Nariño, director nacional de Asuntos Corporativos de Anglo Gold Ashanti, quien manifestó que para la empresa no era problema ese tema porque estaban concentrados en Antioquia y que la preocupación que tenían era la inversión de un billón de pesos que tenían que hacer en el municipio beneficiado por el proyecto minero. También dijo que La Colosa no es una mina sino un proyecto que no tiene nada que ver con Ibagué.
En noviembre de 2014, el señor Felipe Márquez, directivo de Anglo Gold Ashanti, entrevistado por la revista Portafolio, planteó que la empresa esperaba obtener la licencia en 2020. ¿Será que van a apoyar a un futuro candidato presidencial para lograr este propósito?
Se mantendrá la consulta
Después de muchas discusiones jurídicas y de identificar los vacíos del Código Minero, prevaleció la defensa de la Ley 136 de 1994, que en su artículo 3, referido al uso del suelo, establece que se pueden hacer consultas cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo amenaza con un cambio del suelo que afectaría las actividades normales de un municipio.
Los concejales de Ibagué aprobaron la consulta, y después de ciento cincuenta días de trámite, el Tribunal Administrativo del Tolima, con cuatro de seis votos posibles, declaró constitucional el texto de la pregunta de la consulta.
La consulta minera estaba programada para el 30 de octubre, pero fue aplazada por el Consejo de Estado. En este momento no se sabe cuál será el futuro de esta inciativa, pero la pelea por la democracia debe continuar.
Y es que esta misma semana, en un fallo de tutela que hará historia, la Corte Constitucional conceptuó que “los municipios son propietarios del subsuelo” y que por tanto “pueden prohibir la minería”. El gobierno nacional, por conducto del propio ministro del Medio Ambiente, se apresuró a declarar que esta decisión del alto tribunal es “inconveniente”, y tanto la Agencia Nacional de Minería (ANM) desde el gobierno, como la Asociación Colombiana de Minería (ACM) desde el sector privado, han insinuado desde ya trabas legales o administrativas para dar cumplimiento a la sentencia.
Quiéranlo o no el gobierno central y las grandes mineras, el pueblo de Ibagué será quien diga la última palabra.
*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad de Ibagué. Las opiniones expresadas son responsabilidad de la autora.
**Bióloga, especialista en Docencia Universitaria, magíster en Investigación y Tecnología Educativa, doctora en Ciencias Pedagógicas, profesora y directora del Centro de Innovación Educativa (AVACO) de la Universidad de Ibagué