Paul E. Maquet y Luis Gárate 20/05/2021
Imagen: Reuters
Las recientes elecciones de los representantes a la Convención Constituyente en el vecino país de Chile son un claro ejemplo de vocación democrática y de lo que significa el llamado momento constituyente. Este proceso deja muchos aprendizajes para los debates actuales en nuestro país.
La Convención chilena es un equivalente a lo que en el Perú se ha denominado Asamblea Constituyente, y que a pesar de todo lo que ha dicho en diversos medios para denostar de ella, es una figura conocida en la región sudamericana, y que ya se realizó antes en el Perú.
Una Asamblea Constituyente no es un congreso o parlamento paralelo, puesto que no se dedica a legislar y fiscalizar al gobierno de turno. Su misión es única y exclusivamente la discusión de una carta constitucional, concebida como la cristalización de un nuevo pacto social en el país.
El caso peruano
En la experiencia peruana, las dos experiencias más recientes son la de 1979 y la de 1993. La Asamblea Constituyente de 1979 fue convocada por el dictador Francisco Morales Bermúdez en el marco de la transición a la democracia. En esta Asamblea participaron representantes de los partidos de la derecha, centroderecha y de la izquierda peruana de entonces. La Constitución aprobada por esa asamblea ha sido reconocida como una de las más avanzadas en su enfoque social por diversos especialistas.
En 1993, tras el golpe militar realizado por Alberto Fujimori, este convocó un llamado Congreso Constituyente Democrático que redactó una nueva carta constitucional que sería aprobada por un cuestionado referéndum en 1993. Ambas cartas constitucionales, la del 79 y el 93, expresaron distintos momentos de la historia peruana, y determinados equilibrios y correlaciones de fuerzas sociales, políticas y económicas que se vieron expresadas en el contenido de ambos documentos. La de 79 expresó un equilibrio entre fuerzas conservadoras, progresistas así como más radicales, que venían de la mano de un movimiento social en ascenso. Por el contrario, la del 93 más bien expresó la crisis de los partidos tradicionales, la crisis económica y social, y la ola neoliberal que se instalaba en Perú y en toda la región.
Los grupos de poder económico, grandes empresarios y voceros de la derecha política sostienen que la Constitución de 1993 ha sido la garantía que ha permitido el “exitoso” modelo promotor de la inversión privada, que modernizó al Estado y que ha permitido un tiempo de crecimiento y estabilidad macroeconómica. Sin embargo son cada vez más las voces que sostienen que el modelo instaurado con dicha Constitución ha priorizado en mayor medida los intereses empresariales, y no ha contribuido a darle al Estado una mirada de mediano y largo plazo. Asimismo se le critica que ha desprotegido los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los trabajadores, las mujeres, comunidades y pueblos indígenas, comunidad LGTBIQ, entre otros.
La experiencia constituyente de Chile
La constitución vigente en Chile data del año 1980, y fue aprobada durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Expresa entonces el diseño de un Estado autoritario dirigido por los militares, que fue uno de los primeros en implementar el modelo neoliberal orientado por los asesores de la llamada “Escuela de Chicago”.
Dicha Constitución siguió vigente a pesar de que la dictadura perdió el plebiscito del año 1989 que permitió que regrese la democracia a este país. Durante todo el periodo post-dictadura, la constitución pinochetista siguió vigente, garantizando una suerte de blindaje de privilegios para sectores empresariales así como militares.
Con los sucesivos gobiernos de la Concertación y luego de la derecha, en esencia en Chile no cambiaron las reglas de juego. Hubo algunas reformas, pero en esencia se mantuvieron los pilares de un modelo en el que se han privatizado casi todos los sectores, inclusive el servicio de agua potable. Frente a ello, los gremios laborales y las organizaciones sociales denunciaron que el modelo cada vez era más excluyente. Esto se confirma en los indicadores que muestran a Chile como uno de los países más desiguales de la región y el mundo.
Entrado el nuevo siglo, se han sucedido una serie de jornadas de protestas social, sobre todo de los sectores estudiantiles ante los altos costos de la educación, así como masivas movilizaciones contra el sistema privado de pensiones. Las más recientes se dieron entre el 2019 y el 2020, donde millones de chilenos demandaron nuevas reglas y una salida constituyente. Es a partir de ahí que el gobierno de Sebastián Piñera y las cámaras parlamentarias se vieron presionados a la convocatoria de una Convención Constituyente, que ha mostrado ser bastante innovadora en su contenido y forma.
Los temas en debate: participación indígena y la agenda ambiental
Junto con la paridad de género y la participación de independientes (no afiliados a ningún partido político), una de las grandes novedades del proceso constituyente chileno es la participación de los pueblos indígenas. Para ello, el Congreso, gracias a un acuerdo político entre los diversos partidos, pero sobre todo gracias a la presión social, aprobó una Ley que creaba escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. De esta manera, en las elecciones del domingo pasado se ha definido también la participación de 17 representantes de estos pueblos. Por primera vez en la historia de Chile, los pueblos mapuche, aimara, quechua, diaguita, rapa nui, entre otros, tendrán voz y voto en la definición del pacto social.
En el caso peruano, aún es muy incipiente la discusión acerca de cómo podría ser la conformación de una eventual Asamblea Constituyente, si bien en la propuesta del candidato Pedro Castillo se habla de participación de organizaciones sociales. Actualmente en el Perú la participación política de los pueblos indígenas es muy limitada, y pese a diversos proyectos de Ley que han circulado en el Congreso de la República, no existe una cuota para los pueblos originarios en el poder legislativo. En ese sentido, es clave abrir la discusión sobre los mecanismos de participación a fin de que por fin, en el bicentenario de nuestra independencia, los pueblos indígenas puedan participar en el nuevo pacto social.
Otro elemento a considerar es la manera en que los temas ambientales y los recursos naturales serían abordados en una nueva Constitución. En el caso chileno, una de las promesas más importantes de la mayoría de representantes elegidos ha sido, por ejemplo, la recuperación del agua, que según la vigente Constitución de Pinochet es un bien de mercado.
En el caso peruano, una de las metas principales de los sectores políticos que promueven un cambio constitucional tiene que ver también con la recuperación de los recursos naturales, en particular los recursos mineros e hidrocarburíferos.
Sin embargo, se encuentra menos presente el tema ambiental. En un contexto de crisis climática global, que exige cambios profundos en nuestra relación con la Naturaleza, es importante incorporar en la discusión sobre el nuevo pacto social una clara mirada ecológica. Por ejemplo, constitucionalizando los derechos de la Naturaleza y los ecosistemas, siguiendo el ejemplo de otros países de la región, como Bolivia y Ecuador.
Salida constituyente en el Perú
Lo que podemos ver en el Perú a través de los casos judiciales más sonados en temas de corrupción, como Lava Jato y los Cuellos blancos, es que las reglas de juego actuales no están haciendo frente a una crisis que está relacionada estrechamente al modelo y su Constitución. La corrupción se ha generalizado en todos los niveles del Estado y existe cada vez una mayor desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes públicos.
En los últimos meses, en especial desde las protestas de noviembre del 2020 contra el gobierno de facto de Manuel Merino, se ha puesto en agenda la discusión constitucional en el Perú. Actualmente, Pedro Castillo tiene como una de sus banderas centrales la convocatoria a una Asamblea Constituyente, mientras que la candidata Keiko Fujimori, tiene como una de sus prioridades la cerrada defensa de la Constitución del 93.
Como muestra el ejemplo de Chile, la discusión no se puede agotar en los candados puestos por la Constitución vigente, sino que se trata de poner sobre la mesa la discusión sobre el pacto social entre los peruanos para resolver la profundidad de nuestros problemas actuales. La experiencia chilena nos da varias luces sobre cómo podemos innovar y abrir importantes temas que hagan que nuestro país encuentre una senda más democrática y donde se reconozca y exprese de mejor manera las voces de la diversidad de actores de nuestra sociedad.
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