Jorge Pereyra
El titular de la PCM, Óscar Valdés Dancuart, con conocimiento del presidente Ollanta Humala, y el asesoramiento de Carlos Santa Cruz, Vicepresidente Senior de Operaciones en Sudamérica de Newmont, principal accionista de Minera Yanacocha,
habría postulado al proyecto minero “CONGA” a la nominación para la 3◦ Edición del Premio a las Mejores Prácticas, “El agua, fuente de vida”, en atención a la invitación de ONU-Agua,
Pero, al margen de que Newmont no tenga un récord limpio en esta actividad y haya causado a nivel mundial grandes derrames ambientales de mercurio y cianuro (Choropampa, 2001; Ghana, 2005; e Indonesia, 2009), el proyecto minero Conga propone además:
Destruir cuatro lagunas existentes y reemplazarlas por cuatro reservorios:
Provocando entre otros:
– La destrucción de cinco cabeceras de cuenca
– La evidente pérdida de otras lagunas, humedales y hábitats vinculados a ellos
– La probable desecación de numerosos manantiales (decenas de miles de familias se quedarían sin agua potable)
– La reducción de los caudales de los drenajes naturales de la zona
– La probable contaminación de aguas subterráneas y de superficie
– Que el control de los recursos hídricos locales y regionales dependan de una empresa privada a perpetuidad
– Que los gastos de operación y mantenimiento de este complejo sistema sean subsidiados por la población usuaria y por las generaciones futuras a perpetuidad (entre 1 y 5 millones de dólares al año).
Incrementar la disponibilidad de agua:
Con las aguas provenientes del bombeo de los tajos y de los efluentes de los desmontes y relaves que serán recolectadas y tratadas en una planta de tratamiento de aguas ácidas, dentro de los estándares para agua de riego, las cuales probablemente no cumplirán con los criterios para la vida acuática, ni sean adecuadas para el consumo humano.
Los ciudadanos de Cajamarca, como ciudadanos de 2da o 3ra categoría, tendrán que resignarse a consumir esas aguas, en aras del desarrollo.
Continuar corrompiendo a funcionarios y políticos:
De tal manera que con la influencia política y los organismos reguladores “controlados”, se oculten las evidencias que permitan cumplir con las normas correspondientes a la supervisión de la calidad y cantidad relacionadas a la gestión del agua, y a la salud de las personas.