Organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales se pronunciaron ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), con respecto al “Proyecto de Ley Estatutaria de Participación Ciudadana” presentado por el Gobierno Nacional.
Mediante una carta, alrededor de 100 organizaciones rechazaron las modificaciones que pretende realizar el Gobierno a los procesos de revocatoria de mandato y las consultas populares.
Aseguran que los condicionamientos que presenta el Gobierno Nacional para poder adelantar la revocatoria de mandato y las consultas populares son regresivos y desconocen lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-445 de 2016, en términos de autonomía territorial y participación democrática.
Para el abogado Rodrigo Negrete, en el proyecto de ley se pretende establecer un un obstáculo para llevar a cabo las consultas populares. Además, el jurista calificó las reformas planteadas como “una prohibición disfrazada bajo la formalidad de surtir un paso que no está previsto en la Constitución, porqué los mecanismos de participación son independientes y tienen finalidades diferentes". Los ambientalistas critican que en el título III, denominado Garantías para el ejercicio de los mecanismos de participación directa, “se imponen requisitos
previos a la revocatoria de mandato y las consultas populares que obstaculizan el derecho fundamental a la participación y el ejercicio de la democracia”.
Se oponen a la exigencia que pretenden imponer a las comunidades que promueven las consultas populares y las revocatorias del mandato de presentar de manera integral, completa, veraz y verificable las razones que sustentan su solicitud para la inclusión de los Cabildos Abiertos Especiales de Deliberación en procesos de revocatoria.
Renzo Alexander García, vocero del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, manifestó: “El Gobierno plantea exigir a las comunidades información veraz, verificable y las razones que sustentan su solicitud, tratando de desconocer la cosmovisión y los conocimientos tradicionales, que tienen un valor similar al conocimiento científico occidental”. “Condicionando de esta forma la actuación del movimiento social al discurso academicista y de expertos, que en la mayoría de veces se encuentra cooptado por las empresas mineras y desconectado de las problemáticas sociales”, agregó.
Vale recordar que la CSIVI es la instancia que recibe y avala todos los proyectos de ley que se derivan de la implementación del acuerdo con la FARC, es así como, todos los proyectos del fast track pasan por allí antes de llegar al congreso.
“Es lamentable e incoherente que el gobierno nacional pretenda aprovecharse de los acuerdos de paz para tratar de generar condicionamientos y limitaciones a los mecanismos de participación ciudadana”, puntualizó Renzo García.
CARTA ENVIADA Y FIRMADA POR LA ORGANIZACIONES.
Agosto 25 de 2017
Señores
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo
Final (CSIVI)
Gobierno Nacional
FARC-EP
Las organizaciones sociales y ambientales, abajo firmantes, rechazamos las modificaciones que pretende realizar el Gobierno Nacional a los procesos de revocatoria de mandato y las consultas populares, a través del “Proyecto de Ley Estatutaria de Participación Ciudadana” que acaba de ser presentado para su discusión en la CSIVI.
En el título III, “Garantías para el ejercicio de los mecanismos de participación directa” se imponen requisitos previos a la revocatoria de mandato y las consultas populares que obstaculizan el derecho fundamental a la participación y el ejercicio de la democracia. La propuesta de inclusión de los Cabildos Abiertos Especiales de Deliberación en procesos de revocatoria (artículo 32) y consultas populares (artículo 37), genera condicionamientos que obstaculizan el desarrollo de los procesos de movilización y organización social, limitan la voluntad popular a los ritmos burocráticos de la institucionalidad en cuestión y retrotraen la capacidad de acción de las comunidades en el ejercicio de su derecho fundamental a la participación en los términos establecidos en los artículo 40, 103 y 104 de la Carta Política de 1991 y las Leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015.
Los condicionamientos que presenta el gobierno nacional para poder adelantar la revocatoria de mandato y las consultas populares son regresivos, atentan contra la soberanía popular, van en contravía de la profundización de la democracia que tanta falta le hace al país y se promueve desde los acuerdos del proceso de paz y desconoce lo expresamente dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-445 de 2016 en términos de autonomía territorial y participación democrática.
Es inaceptable que se le exija a las comunidades que promueven las consultas populares y las revocatorias del mandato “presentar de manera integral, completa, veraz y verificable las razones que sustentan su solicitud”, en la medida que se desconoce la legitimidad y legalidad por medio del cual se han implementado estos mecanismos de participación ciudadana, iniciativas claramente ajustadas a las disposiciones que exigen las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. Por otra parte, es inadmisible que se pretendan desconocer la cosmovisión y los saberes culturalmente diversos de las comunidades (de un valor similar al conocimiento científico occidental) para tratar de limitarlos al discurso academicista que la mayoría de veces se encuentra desconectado de las problemáticas sociales y ambientales de los territorios. La propuesta del gobierno nacional desconoce un derecho fundamental (la participación ciudadana, al extremo de hacerla inviable), violenta los principios de progresividad y no regresividad de los derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Humanos y la jurisprudencia constitucional.
La propuesta del Gobierno Nacional implica en la práctica una reforma constitucional (para lo cual no está facultado) regresiva en la medida que limita el derecho a la participación ciudadana y va en contravía de la ampliación democrática que persigue el Acuerdo Final.
Recordemos que la Constitución Política, en sus Artículos 40 y 103, establece que la revocatoria del mandato y las consultas populares son mecanismos de participación ciudadana que no se encuentran condicionados a las disposiciones que plantea el gobierno de Juan Manuel Santos.
Es importante que la ley estatutaria que se propone se construya en relación al Acuerdo Final, brinde mayores garantías a la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones sociales y no lo contrario. El documento debe recoger los aportes y propuestas de los diversos foros regionales y nacionales que se han realizado para este fin.
Exigimos al gobierno nacional respetar los principios constitucionales de soberanía popular, autonomía territorial, derecho fundamental a la participación ciudadana y los requisitos dispuestos en las Leyes 1757 de 2015, 741 de 2012 y 134 de 1994.
Demandamos al gobierno nacional eliminar las barreras y obstáculos (materiales, operativos y jurídicos) que impiden la profundización de la democracia y el ejercicio de la participación ciudadana y que garantice la implementación de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución Política en lugar de restringirlos.
Esperamos que la CSIVI tome en consideración lo expuesto anteriormente.
Cordialmente,
Comité Ambiental en Defensa de la Vida
Red de Comités Ambientales del Tolima
Comité Ambiental y Campesino de Anaime y Cajamarca
Comité Ambiental del Líbano
Comité Ambiental de Saldaña
Comité Ambiental de Planadas
Comité Ambiental de Santa Isabel
Comité Ambiental de Espinal
Comité Ambiental de Ataco
COSAJUCA
Conciencia Campesina (Cajamarca)
Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima
Asociación de Usuarios Campesinos de Piedras
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego a Gran Escala del Triángulo del Tolima
Asociación para el Futuro con Manos de Mujer
ASOPESCARNAT
COOSAVIUNIDOS
FOSCOST
Emisora Comunitaria de Natagaima Haca Ya Macu
Comité Pro-Defensa del Agua del Municipio de Tauramena
Comité Pro-Consulta Popular Cumaral-Meta.
Veeduría Ecológica de Arbeláez-Cundinamarca
Comité Ecológico de Pijao-Quindío
Corporación Grupo Semillas
Colectivo de Trabajo Jencerá
Corporación SOS Ambiental
Corporación Podion
Asociación Campesina del Valle de Cimitarra
MAIS Bogotá
Sembrando Vida Digna
Proceso Comunidades Negras PCN
Coordinador Nacional Agrario CNA
FEDEAGROMISBOL
CORDECAR
Movimiento Ambientalista Colombiano
CISCA
Comité de Integración Social y Ambiental
Mesa Pro Defensa del Recurso Hídrico del Departamento del Guaviare
Fundación Alma
SINTRAINAL
Comité Pro Ordenamiento Quebrada Buturama (Aguachica-Cesar)
SEMBRAR
Asociación Campesina “José Antonio Galán Zorro” ASONALCA
Corporación Social para Asesoría y Capacitación Comunitaria COS-PACC
Corporación Choapo
Fundación Pasos
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia ANJECO
Coordinadora Minero-energética del Centro Oriente de Colombia
Organizaciones Sociales del Centro Oriente de Colombia
Marcha Carnaval Quindío
Escuela de Pensamiento Círculo de Fuego y Unidad
Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia
Morro de Agua
Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia
CORDATEC
Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero
Mesa Ambiental Franciscana.
Red Nacional del Agua
SINEDIAN Sub-Directiva Ibagué.
Aterciopelados
ANUC Cundinamarca
Ambiente y Sociedad
CIDER-Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uniandes
Fundación Evaristo García
Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán
Fundación Gusta Gúchipas ONG
Tierra Digna
Systema Solar, artistas colombianos
Fundación Intermundos
Red por la Justicia Ambiental en Colombia
Rodrigo E. Negrete Montes, experto en derecho ambiental.
Catalina Toro, Profesora Universidad Nacional
Mariana Gómez, Coordinadora Regional para América Latina de la Red de Solidaridad
Global Si a la Vida, No a la Minería YLNM
Cony Camelo, artista colombiana.
Red Internacional de Derechos Humanos (Ginebra- Suiza).
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero, M4.
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)
Otros Mundos AC/Chiapas, México
Acción Colectiva (México)
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)
Comité Internacionalista de Zaragosa.
Solifonds (Suiza).
Asociation Arc-en-Ciel de Ginebra-Suiza
CATAPA (Bélgica)
CEDASALA de Valencia (España)
Asociación Acción Solidaria Proderechos ONGD
Mujeres Pa’lante Barcelona
Colectivo Bachue de País Vasco,
Colectivo de colombianos y colombianas refugiados en Asturias
Consejo de pueblos Wuxhtaj (Guatemala).
Colectivo Voces Ecológicas (Panamá).
OFRANEH (Honduras).
Common Frontieres (Canadá).
Colombia Solidarity Campaign (Reino Unido).
Coordinadora Ni Una Sola Mina (Costa Rica).
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