El Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), comunica que la xunta ha acordado declarar la caducidad de las concesiones de la empresa en Cabana de Bergantiños. Por su parte, la Plataforma Salvemos Cabana considera que «no procede hablar de una victoria total en el conflicto minero cuando la Administración autonómica sacará tarde o temprano» los derechos mineros a concurso «en un contexto legislativo que posibilita que una gran corporación con los medios económicos suficientes no encuentre trabas para desarrollar un nuevo proyecto que permita la reapertura de la polémica mina de oro».
Pese a la cancelación de las concesiones «Emilita», «Cidade de Landró» y «Cidade de Masma» (códigos 1221, 1454 y1455 respectivamente), que suponían el eje esencial del plan minero canadiense, la Plataforma le pide a la Xunta un avance significativo en la reforma de la Ley 3/2008, de Ordenación de la Minería de Galicia, actualizada el pasado ejercicio para cambiar la normativa de caducidad de los derechos mineros «pero en absoluto modificada en sus términos esenciales», como son la plena vigencia del Plan Sectorial de Actividades Extractivas (PSAEG) y el empleo de reactivos químicos de alta toxicidad como el cianuro de sodio en el proceso de recuperación del mineral.
De hecho, en los artículos 11 y 12 de la actual ley minera 3/2008, al PSAEG se le atribuyen plenos poderes que llegan a prevalecer incluso sobre los planes urbanísticos de zona al incluirse el concepto de «máxima simplificación administrativa en la tramitación de los expedientes mineros», estableciendo una clara preeminencia de la actividad minera por encima de otros sectores productivos y dando de facto vía libre a un proceso liberalizador al primar sobre lo público criterios empresariales y económicos. En este contexto, para Salvemos Cabana, «un nuevo proyecto minero en Corcoesto no sólo es posible sino incluso probable cuando la evolución económica permita un precio al alza de las materias primas que hagan rentable su explotación».
Por otra parte, la normativa actual toma como referencia en determinados momentos la Ley 22/1973, de Minas, una norma preconstitucional elaborada en una época cuyas exigencias medioambientales difieren mucho de las actuales. Recalca, además, la obligación de restauración de los terrenos afectados por proyectos mineros, pero obvia claramente la necesidad de que las empresas del sector constituyan garantías financieras suficientes que puedan certificar el pago de los costes generados por eventuales accidentes mineros a gran escala.
PARA SALVEMOS CABANA LA CLAVE ES LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY
La Ley 3/2008, de Ordenación de la Minería de Galicia, fue aprobada en la época del Bipartito cuando Fernando Blanco (BNG) era Conselleiro de Industria, «y su reforma es la clave para que conflictos mineros como el de Corcoesto no vuelvan a repetirse». «Por eso en ningún caso se debería afrontar la situación con una actitud triunfalista mientras no se produzca un cambio signiticativo en la norma. La de Corcoesto ha sido una primera gran batalla ganada por la ciudadanía y los movimientos sociales pero sería un error pensar que el problema queda descartado de manera permanente», recalcan desde el colectivo gallego.
AGRADECIMIENTOS
Finalmente, y tal como hizo constar la asociación en octubre de 2013, tras el anuncio de cancelación del proyecto de Edgewater por parte de la Xunta, la Plataforma desea agradecer, «sin patrimonializar en ningún caso la lucha social, la colaboración de todas aquellas personas e instituciones que han hecho posible que, de momento, la reapertura de la mina de oro de Corcoesto, no sea una realidad».