Las jugosas riquezas que genera una mina de oro de la canadiense Goldcorp en Guerrero, México, han avivado la cruenta lucha entre los traficantes de drogas vinculados a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, señala una información de la agencia Reuters, citada en el sitiol web de Milenio.
Si bien la minera firmó el estándar del oro libre de conflicto que impulsa el Consejo Mundial del Oro y, por ello, está comprometida a extraer el metal de una manera que «no alimente conflictos armados ilegales o contribuya a serios abusos contra los derechos humanos», según el convenio, en el poblado de Carrizalillo no reina, precisamente, la paz.
Hombres enmascarados y fuertemente armados suelen llegar al enclave montañoso cerca de la mina Los Filos asesinando y secuestrando, mientras exigen «una cuota» a quienes reciben regalías de la mina a cambio de perdonarles la vida.
En Carrizalillo, gran parte de sus mil habitantes obtienen ingresos por el arriendo de sus tierras a Goldcorp o trabajando en sus instalaciones, donde entre 2012 y 2014 se produjeron 931 mil 500 onzas de oro.
«Quieren aprovecharse de que hay dinero en Carrizalillo, quieren el dinero que es de nosotros», se quejó el alcalde del pueblo, Nelson Figueroa, quien culpa de la violencia al cártel Guerreros Unidos, señalado por el gobierno como responsable del secuestro y posible masacre de los estudiantes, en complicidad con policías municipales.
Según documentos vistos por Reuters, 175 familias reciben el equivalente a unos tres millones de dólares anuales por arrendar sus tierras a la mina.
La situación en la localidad, donde un hijo del líder campesino fue asesinado en agosto por sicarios frente a una puerta de la mina, muestra cómo muchas empresas en México siguen haciendo negocios en medio de la violencia, reforzando su propia seguridad, pero sin comprometerse con la de los pobladores fuera del perímetro.
Aunque las autoridades cifran las muertes violentas en Carrizalillo en cerca de 30 en el último año, es probable que esa cifra sea solamente la punta del iceberg, debido a que nueve fosas con restos humanos fueron encontradas en noviembre.
Autoridades del gobierno federal dijeron a Reuters que Guerreros Unidos batalla por territorios con el grupo rival Los Rojos, y en zonas como Carrizalillo, donde han crecido los beneficios que la mina genera a los dueños de tierras, las familias se han aliado con uno y otro bando, desatando un baño de sangre.
Figueroa y una gran parte de los pobladores que lo respalda lo niegan, y aseguran que han pedido más seguridad al gobierno y a la mina, pero que nadie les hace caso.
Representantes de la empresa dijeron, respondiendo a preguntas de Reuters, que han tenido muchas reuniones con autoridades locales y federales buscando mayor seguridad en la periferia de la mina, en línea con sus obligaciones del estándar del oro libre de conflicto.
«La violencia conlleva un costo humano terrible para las comunidades y un costo financiero para Goldcorp en la medida que estamos obligados a invertir en seguridad adicional para nuestras operaciones y personal», dijo Michael Harvey, director regional para asuntos corporativos y seguridad de la minera.
«A pesar de que abogamos con las autoridades locales por el respeto a los derechos humanos en la vecindad de nuestras operaciones, no podemos tomar el rol de las autoridades», dijo.
El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que ha mantenido reuniones con directivos de la empresa y que le dijeron que la mina no presenta riesgos, por lo cual no pidieron la presencia de la Gendarmería.