En la respuesta que la empresa P.C.A. Ingenieros Consultores, como auditor ambiental de las operaciones mineras de Kori Kollo de la empresa Inti Raymi S.A, envía al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, referente a las observaciones que hizo la CORIDUP (Coordinadora en defensa de la cuenca del rio Desaguadero, lagos Uru Uru y Poopó), indica «que al cierre de la misma deberá ser una auditoría de cierre quien evalúe las condiciones finales antes que el Estado se haga cargo» (p. 206). El proceso de esta auditoria final todavía no se ha iniciado.
La auditoria ambiental actual, de la cual con mucho atraso se entregó el Informe Fase III, fue aceptado por el Viceministerio, «habiendo verificado que se ha atendido de manera justificada a cada una de las interrogantes planteados (por Coridup)» (carta del 20/10/12).
La auditoria referida fue realizada a partir de casi 1000 reclamos realizados por las comunidades que se sienten afectadas. Por las grandes deficiencias encontradas, el resultado de esta fase de la auditoria no fue aprobado por las comunidades. El cuestionamiento de CORIDUP sigue vigente y se espera explicaciones y complementaciones de parte del Fiscal Ambiental, del Viceministerio y del mismo auditor.
Es sorprendente y decepcionante que tanto el fiscal como el Viceministerio con tanta facilidad han aceptado el Informe Fase III, sin recoger ni responder nada a los reclamos de las comunidades, que hicieron esfuerzos extraordinarios por analizar dicho informe, en un tiempo demasiado corto. Lo hicieron con la colaboración de expertos internacionales (de los Estados Unidos, Bélgica y Austria), garantizando de esta manera la validez científica de sus observaciones.
Como aporte a este proceso de auditoría ambiental tan importante para el país y en defensa de los derechos de las comunidades de la región afectada, a continuación damos un resumen de algunas de las observaciones más importantes que quedan sin explicación. Para eso nos basamos exclusivamente en las respuestas dadas por la misma empresa auditora a las comunidades, aunque consideramos que además muchas de las observaciones debidamente fundamentadas por los expertos-colaboradores de CORIDUP no han recibido la atención que merecen.
1. La empresa auditora misma reconoce que el resultado de la auditoría es muy limitado.
La misma impresa escribe por ejemplo: «la información es incompleta, muy escasa y alejada de la realidad» (p.157) ; «no existe información histórica» (p. 162); » no fue posible colectar individuos suficientes para los análisis» (p. 163); «no se puede establecer claramente la relación causa-efecto» (p. 182); «es casi imposible responder adecuadamente a muchos interrogantes» (p. 188); «no existen normas» (p. 165; 193-197); «no hay límites permisibles» (208); «no se cuenta con suficiente información» (p. 201); «es imposible identificar el área de impacto» (p. 201); «existen vacíos de información» p.203) ; «se requiere contar con una mayor cantidad de datos» (p. 203);…
Da la impresión que la empresa auditora se ha encargado de una auditoria que ha costado cientos de miles de dólares, sin tener la capacidad de poder ejecutarla adecuadamente.
2. La empresa auditora culpa por la falta de información que da origen a las deficiencias, al gobierno y a la empresa auditada.
Escribe que «no se dispone de información documentada debido a la reforma institucional en nuestro país….. (clausura y transferencia de ministerios). Esta reforma institucional no funcionó por fallas de diseño y por razones de orden político que también se manifiesta en el orden local, es decir en los municipios». (p. 181-182). Dice además que «el tiempo que una empresa mantiene su información tiene que ver con el Sistema de Gestión de la empresa. PCA ha recibido información oficial sobre el tiempo que mantienen su información…». (p.162)
Aceptando el Informe, ¿el Viceministerio acepta con eso su culpabilidad por la falta de información? ¿Es verdad que una empresa puede detener (destruir) la información a criterio propio, impidiendo de esta manera una auditoria documentada satisfactoria?
3. Para varios reclamos, el auditor toma la defensa de la empresa auditada y no valora la información de las comunidades.
El auditor mismo justifica la decisión de llenar el tajo con agua del Desaguadero (p. 165-166); rectifica la información incorrecto de Newmont sobre la emisión de mercurio y de SO (p. 169-177); minimaliza la salinidad atribuible a las operaciones mineras (p. 179); no acepta la responsabilidad de la empresa sobre la mala calidad de las aguas de consumo humano en la zona de estudio (p. 189); afirma que los impactos socioeconómicos y socioculturales no son atribuibles a la empresa auditada (p. 183). Por el otro lado dice que la cosmovisión no ha tenido importancia para las comunidades, sino más bien las expectativas de «desarrollo» (p. 157); insiste en los efectos positivos de unión generados por la empresa en vista de las demandas generales y solidarios y las movilizaciones para llevar adelante marchas y huelgas de hambre y viajes a La Paz. (p. 159).
Con eso el auditor demuestra claramente no (querer) tener conocimiento de la historia regional y de las relaciones conflictivas entre la empresa y las comunidades y en las comunidades por causa de la empresa durante muchos años, que aparentemente no se ha hecho ningún esfuerzo para conocerla mediante la bibliografía o por lo menos por las noticias de los periódicos de la época. Todo se interpreta a favor de la empresa. Se supone que «lo informado por parte de la EMIRSA es de buena fe» (p.177); » según los informes de la empresa el suelo ha sido debidamente compactado» (p. 205); «se ha solicitado a Newmont puede aclarar (para que pueda rectificar sus cifras altas de contaminación publicadas por Newmont mismo) (p.170).
Se constata la falta de agua en ríos y lagos (p. 201), pero no se hace referencia al daño que ocasiona la empresa por el consumo masivo de agua dulce. El auditor mismo propone como explicación de la presencia de mercurio «las aún omnipresentes amalgamas dentales» (p. 194), pero no menciona la posibilidad de un manejo inadecuado de los residuos de la explotación minera colonial y republicana con azogue. Por el otro lado, el trato con las comunidades es muy diferente. Se duda del valor de las historias de vida (p.180); no se busca conocer las percepciones de las comunidades sobre salud y «desarrollo» (p. 190). No se ha logrado un real encuentro con los comunarios en el campo o en Oruro (como a los de la empresa) y ganar su confianza durante el poco trabajo de campo que se ha hecho para la toma de muestras y entrevistas.(p 187-188). Para la toma de muestras estaba presente solamente personal de la empresa y no los miembros de las comunidades con legítima representación. (p.203) (p.203)
De un auditor se espera que trate en forma equitativa y que busque un equilibrio informativo entre por un lado el auditado y por el otro lado lo que pide la auditoria. Es evidente que ambos buscan defender sus intereses, pero el auditor no puede dar un trato preferencial a uno (en este caso: a una multinacional que busca maximalizar sus ganancias) en desmedro del otro (que en este caso está en su territorio originario y que busca defender su modo de vida y sus fuentes de vida tradicionales y que además tiene derecho a recibir recompensa por el daño que se lo puede haber causado).
4. El auditor confirma la percepción de las comunidades: existe contaminación, pero no logra determinar responsabilidades.
Se ha encontrado incremento de salinidad «en el sector inmediatamente colindante con las lagunas de evaporación e infiltración». (p.179) «En ningún momento se indica en el informe que la empresa no emite contaminantes.» (p. 177). «Hablar de posibles causas, es entrar en un terreno de especulaciones» (p. 184) En los puntos anteriores se pone en claro que por un lado el auditor dice que por varias razones es imposible determinar causas y responsabilidades, y por el otra lado dice que es posible: niega que la empresa sea responsable de cambios y daños ocasionados: «esos impactos no son atribuibles a la empresa auditada» (p.183). «No se ha encontrado responsabilidad de EMIRSA sobre la mala calidad de las aguas.» (p. 189) «No se ha encontrado evidencia que las actividades de Kori Kollo sean las que han provocado un aumento o aceleración en el proceso de salinización». (p. 179)
El auditor dice que hay contaminación pero que por sus investigaciones, metodología y falta de datos no puede comprobar que viene de la empresa. El auditor reconoce las limitaciones de la auditoria, reconoce la imposibilidad de responder a muchos interrogantes y su incapacidad de establecer claramente la relación causa – efecto. Afirma no haber podido encontrar responsabilidades, lo que significa que tampoco ha podido comprobar que la empresa NO es responsable. ¿A quién creer? ¿Ciegamente a una auditoria con muchas falencias, que subestima las percepciones de las comunidades? ¿O más bien – o por lo menos también – a los miembros de las comunidades, que han vivido este proceso de muy cerca durante treinta años, y que han buscado apoyo técnico y científico para evaluar y valorar sus percepciones de daños sufridos?
Como conclusión presentamos dos sugerencias, que en parte podrían dar respuesta a los reclamos de las comunidades:
La autoridad ambiental competente (Viceministerio de Medio Ambiente) debe exigir una complementación al Informe fase III, para que tenga la calidad que se puede esperar de una auditoria ambiental que costó más que un millón de dólares. El hecho de que la empresa Inti Raymi corre con los gastos de la auditoría, no puede servir como excusa para aceptar un resultado deficiente.
La autoridad ambiental competente debe iniciar los preparativos para la nueva auditoría legalmente prevista y además mencionada por el auditor actual, esta vez de cierre de operaciones, exigiendo a la empresa auditada el cumplimiento de sus obligaciones en este proceso y asegurando la participación de las autoridades municipales y originarias y de las organizaciones sociales de la región.
La auditoria ambiental a Kori Kollo es de mucha importancia. Servirá como antecedente para la auditoria que se hará a las operaciones de Kori Chaca de la misma empresa Inti Raymi y de otras industrias extractivas en el país.