Perú

Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas en Apurímac declara inocentes a 17 comuneros campesinos criminalizados…

…..por el simple hecho de ejercer legítimamente su derecho fundamental a la protesta social. Después de 5 años de proceso judicial
27/10/2020
por el simple hecho de ejercer legítimamente su derecho fundamental a la protesta social
El Juzgado Unipersonal de Cotabambas notificó el día de ayer la sentencia por la cual absuelve a 17
comuneros campesinos injustamente acusados por la comisión de delitos de tenencia illegal de
armas, producción de peligro común con medios catatróficos, disturbios y, daños (Expediente No.
13-2015, Especialista Legal Treissi Solís Eccoña) y para los cuales la fiscalía solicitaba condenas de
hasta 17 años de pena privativa de la libertad.
En efecto, en la antes referida sentencia se señala que: “…De acuerdo a las reglas de la lógica, a las
máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos, con los medios probatorios actuados,
se ha generado en el magistrado a cargo del juzgado la plena convicción de la falta de
responsabilidad de los acusados …”.
Como se recordará a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas
por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho
constitucional iniciaron una serie de protestas públicas, ante el desinterés del estado peruano de
atender sus demandas por afectación a sus derechos fundametales, generada por la actuación de la
empresa MMG Las Bambas (propietaria, del menionado proyecto minero) que entre otras cosas
venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.
Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represion indiscriminada contra los
integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el
gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diveros delitos a dichos
campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la
protesta social.
Este proceso judicial se volvió emblemático porque fueron detenidos alrededor de 25 campesinos,
disponiéndose prisión preventiva, por seis meses, para dos de ellos: Eduard Brandos Quispe Ccuno
y Javier Mamani Coaquira, a quienes en particular se les acusaba de poseer un arma de fuego y
dinamita, teniendo como supuesta prueba incriminatoria un acta de incautación suscrita, incluso,
por el propio General Rucoba Tello, en aquel entonces Jefe de la Región Policial de Apurímac.
Respecto de dicha prueba que fue cuestionada por la defensa legal de los acusados por haberse
elaborado vulnerando groseramente las formalidades exigidas por la ley y por contener información
falsa y contradictoria en sí misma, el juzgado señaló que: “ … El testigo General Rucoba Tello,
manifesto haber suscrito las mismas para refrendar el trabajo de sus subalternos, labor que no lecompetía, lo que lleva a inducir que quisieron validar tales actas de manera apresurada o
desesperada. Por otro lado, lo demas pruebas documentales actadas, en modo alguno acreditan
la vinculación directa entre el origen illegal o ilícito de la posesión del arma de fuego y las
dinamitas por parte de los acusados …”.
Es decir, en la aquí referida sentencia, el juez reconoce la grave irregularidad en la elaboración y
suscripción por parte del Jefe Policial mencionado, de la suspuesta acta de incautación que,
entendemos se hizo así en un vano intento de fabricar y sembrar una prueba falsa que incrimine,
también falsamente, a los dos campesinos acusados arriba citados.
En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, organismo no
gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú, que asumió la defensa
legal de los campesinos acusados, en forma conjunta con APRODEH y el apoyo institucional de
COOPERACCION, expresa su satisfacción con esta resolución que declara inocente a los 17
campesinos acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto en evidencia la
condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en
defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales,
con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

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