Las personas afectadas resaltaron que se han reconocido sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar».
Publicado: 2021-11-23
El Poder Judicial (PJ) exhortó al Estado peruano y a la empresa Minera Chinalco Perú S.A. a continuar con el diálogo para el reasentamiento de las familias no reasentadas de la antigua ciudad de Morococha y afectadas por la mina.
En la Sentencia de Hábeas Corpus N.° 008-2021-CSJJ/2do.JIP-EBM, el juez Ever Bello Melo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, exhortó al jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem); al gerente de relaciones comunitarias de la Minera Chinalco Perú S.A.; y al alcalde de la Municipalidad Distrital de Morococha, a «continuar con el dialogo instaurado con motivo del reasentamiento poblacional, así como evitar las amenazas y posibles violaciones de derecho fundamentales de la población que aun reside en la antigua Morococha, con tal fin cúrsese oficio pertinente a escoltando copias certificadas de la presente sentencia».
Como se recuerda, tras los ofrecimientos de Minera Chinalco para poder desarrollar su proyecto, en el 2012, inició el reasentamiento de aproximadamente 1,200 familias a la nueva ciudad de Carhuacoto; sin embargo, varias familias no aceptaron esos ofrecimientos.
En conferencia de prensa, las familias afectadas resaltaron que la resolución judicial reconoció sus derechos constitucionales “a vivir dignamente, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar “, frente a las acciones de la empresa minera Chinalco en el lugar en el que viven.
Si bien el juez declaró infundada la solicitud de los pobladores para reabrir la vía de acceso, porque la vía fue aperturada por los propios pobladores ante el letargo o demora del proceso; también señaló que las familias tienen vigentes sus derechos constitucionales. Esto contradice lo argumentado reiteradamente por la empresa Minera Chinalco, que señalaba que eran merodeadores de la antigua Morococha e incluso personas ilegales que estarían viviendo a cuenta y riesgo propio.
Para la Red Muqui, este reconocimiento de los derechos constituye un importante pronunciamiento de la justicia peruana emitida dentro de un proceso constitucional.
[Foto de portada: Red Muqui]
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