Un juez federal de la capital argentina decidió proseguir la investigación de la responsabilidad que cabe a autoridades nacionales y de la provincia de San Juan en el derrame el 12 de septiembre de un millón de litros de agua con cianuro en una mina de la canadiense Barrick Gold, informó este miércoles la agencia estatal Télam.
«De momento y en función de que no se observa una afectación al principio de ne bis in idem (el procesamiento en dos oportunidades de un mismo delito), corresponde a la justicia federal de esta ciudad proseguir con el trámite del presente proceso», sostuvo el juez Sebastián Casanello en una resolución reseñada por Télam.
Barrick admite derrame en Argentina de un millón de litros de agua cianurada
De esta forma, Casanello rechazó la solicitud de inhabilitación que había formulado el magistrado de San Juan (oeste), Pablo Oritja, quien investiga los hechos ocurridos en la localidad de Jáchal y ya imputó a nueve ejecutivos de Barrick por presunta contaminación ambiental.
Casanello, por su parte, abrió una investigación «preliminar» en Buenos Aires, a raíz de una denuncia presentada en ese distrito por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia contra funcionarios sanjuaninos y nacionales encargados de controlar la actividad de la mina Veladero.
Ahora, el juez Oritja puede apelar la resolución de Casanello ante la Corte Suprema de Justicia.
Casanello justificó también su competencia, alegando que «no deben ahorrarse esfuerzos a la hora de reaccionar no sólo en la averiguación de la existencia de un hecho delictivo – y las responsabilidades derivadas — sino también en la detección y evitación del daño».
El magistrado dispuso la extracción de muestras de agua del río Jáchal y cursó órdenes a los ministerios de Salud y Minería para que presenten los permisos otorgados a la minera canadiense, según Télam.
La empresa había admitido en septiembre, en un comunicado, que la rotura de un caño produjo un derrame de un millón de litros de agua con cianuro.
Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Cuyo, reportado en su momento por Sputnik Nóvosti, detectó la contaminación en varios ríos de la zona por la elevada presencia de metales pesados, pero sus resultados fueron desacreditados por el Gobierno de San Juan.