El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la localidad de Santa Rosa, en Guatemala, dictó orden de captura contra el capitán de Navío (r) Alberto Rotondo Dall’orso, acusado de lesiones graves, lesiones leves y obstrucción a la justicia, a raíz del violento desalojo de un grupo de pobladores contrarios al proyecto minero Escobal, al sur este de Guatemala.
El saldo del operativo fue de seis heridos, dos de ellos impactados por arma de fuego. La expulsión de los manifestantes fue dirigida por Rotondo Dall’orso en su condición de jefe de seguridad de la minera canadiense Tahoe Resources, cargo al que renunció después del suceso.
Rotondo es un ex oficial de la Marina de Guerra del Perú que prestó servicios ahí por más de 30 años. Posteriormente se dedicó al campo de la seguridad en empresas privadas nacionales. Luego emigró a Guatemala para trabajar en la mina San Rafael.
El día de los hechos, 27 de abril del 2013, los manifestantes se habían apostado en el frontis del centro minero. Tras conminarles a que abandonen el lugar, los agentes de seguridad procedieron a disparar contra los pobladores. Seis de estos llevaron la peor parte y tuvieron que ser trasladados al centro de salud de Cuilapa y al Hospital Roosevelt de la ciudad de Guatemala.
Tres días después el Segundo Juzgado Penal abrió audiencia para recibir las declaraciones de Alberto Rotondo. Antes las autoridades judiciales lo habían detenido en el aeropuerto La Aurora cuando el marino se disponía a salir de Guatemala.
Para entonces las autoridades ya tenían en manos la grabación de una comunicación telefónica de Alberto Rotondo con el personal que dirigía. La intervención telefónica, realizada por orden judicial, les permitió constatar que Rotondo instó al asesor de Comunicaciones y Seguridad, Juan Pablo Oliva, a que disparen contra los manifestantes: «Maten a esos hijos de….», habría dicho.
El 22 de enero último Rotondo no se presentó a una audiencia, entonces el Juzgado de Primera Instancia Penal dispuso su orden de captura al considerarlo un acto de rebeldía.
Tras enterarse de la decisión judicial, el peruano sufrió la súbita elevación de su presión arterial y tuvo que ser internado en un hospital de la capital de Guatemala, en donde permanece hasta la fecha.
FAMILIARES EXIGEN DEBIDO PROCESO Y DENUNCIAN USO POLÍTICO DEL CASO
La familia Rotondo Dall’orso señaló que la justicia guatemalteca ha violado el derecho al debido proceso del Capitán de Navío y denunciaron que en este caso existe un aprovechamiento político-electoral.
Marisabel Rotondo indicó que su hermano no fue notificado debidamente y que las acusaciones no tienen fundamento jurídico.
Ella añadió que el principal acusador de Alberto Rotondo es Yuri Melini, director de la ONG CALAS, quien aspira a la presidencia de Guatemala.
Sobre las grabaciones telefónicas, Marisabel afirmó que jamás fueron mostradas.
«Mi hermano no es un matón como dice la prensa guatemalteca, sino un padre y abuelo devoto, y un alto oficial de la Marina», anotó.