Una magistrada del Superior Tribunal de Justicia de Brasil suspendió hoy, de forma cautelar, un acuerdo firmado entre el Gobierno y la minera Samarco, responsable de la riada tóxica que causó el peor accidente ambiental de la historia del país.
El vertido ocurrió el pasado noviembre y afectó a cerca de 650 kilómetros de la cuenca del río Doce, uno de los más importantes del sureste de Brasil, por la ruptura de dos diques de depósitos de residuos mineros y agua en una mina de Samarco en la ciudad de Mariana (Minas Gerais).
La magistrada Diva Malerbi suspendió el acuerdo con el que se pretendía evitar los tribunales para dirimir el monto de las compensaciones ambientales y con el supuesto objetivo de acelerar la puesta en marcha del plan de recuperación de la región afectada.
La decisión de la jueza se argumenta en un conflicto de competencias y en la necesidad de que se realice un «amplio debate» sobre el vertido.
El acuerdo vetado hoy por la Justicia contempla el desembolso de cerca de 20.000 millones de reales (unos 6.250 millones de dólares) por parte de las empresas a lo largo de la próxima década para recuperar el ecosistema del río Doce, el más afectado por la riada.
El Ministerio Público Federal (Fiscalía) quiere que ese acuerdo se anule y exige el pago de una indemnización de 155.000 millones de reales (unos 48.437 millones de dólares) por parte del Gobierno y las mineras responsables del grave vertido tóxico ocurrido el pasado noviembre.
La Fiscalía responsabilizó a Samarco, a sus dos controladoras, las gigantes mineras Vale y la anglo-australiana BHP Billiton, además de al Gobierno brasileño y las gobernaciones de los estados afectados, Minas Gerais y Espírito Santo, a los que consideró que contribuyeron a la catástrofe por «omisión o negligencia».