Las mujeres que conviven con proyectos mineros en el Perú, en este caso el corredor minero sur andino en Cusco y Apurímac, están siendo parte de procesos de cambios económicos, políticos, culturales y ambientales. Las provincias de Espinar, Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) conviven con algunas de las principales inversiones mineras en el país: empresa Hudbay con el proyecto Constancia (Chumbivilcas), empresa Glencore con el proyecto Antapaccay (Espinar) y empresa MMG con el proyecto Las Bambas (Cotabambas). No obstante en esta convivencia se dan una serie de vulneraciones a los derechos, las cuales generan impactos diferenciados y muchas veces invisibilizados en las mujeres.
Si bien es cierto que la minería ha generado directa e indirectamente dinámicas económicas en los territorios, también se debe señalar que esta actividad ha expuesto a las mujeres a situaciones de violencia sexual, económica, y cultural que han agudizado las brechas de desigualdad y de vulneración que viven las mujeres. Debido al incremento del costo de vida que genera el ingreso de las actividades mineras en un territorio, ellas ahora se ven en la obligación de incorporarse a trabajos adicionales que les generen ingresos económicos adicionales para su supervivencia y la de sus familias, lo cual se suma a sus labores de rol de cuidado cotidiano. Esto les ha perjudicado en el núcleo familiar y comunal, ya que por un lado los cónyuges se han sentido amenazados ante la independencia y empoderamiento que las mujeres van obteniendo, lo cual termina algunas veces en situaciones de violencia física o psicológica. Por otro lado, se suma el despojo de sus territorios, teniendo que salir de sus comunidades y mudarse a los “centros” de dinámica comercial generadas principalmente por los servicios para la minería, dejando de lado sus principales círculos de apoyo y soporte comunales/culturales.
A las mujeres originarias y campesinas de Cusco y Apurímac les es difícil salir de los círculos de violencia, sobre todo por estar aún en contextos de pobreza, analfabetismo y desnutrición. En el siguiente cuadro podremos ver que las provincias de Cusco y Apurímac, las cuales cuentan con la presencia de los mayores proyectos mineros del país, presentan el mayor porcentaje de mujeres que fueron agredidas alguna vez por el Esposo o compañero. A pesar de que hacen falta estudios que ahonden en el vínculo del desarrollo de actividades mineras y el incremento de la violencia de género en los territorios, los testimonios de mujeres dan cuenta de un incremento de los casos de violencia familiar en las provincias que abarca el corredor minero.
El rol de cuidado de las mujeres del corredor minero refuerza sus preocupaciones en el futuro de sus hijos, sus animales y sus principales actividades productivas: la agricultura, la ganadería y la horticultura. Es por eso que manifiestan que hay contaminación en el agua, lo cual viene afectando a los animales que habitan en los ríos y a los seres vivos que se sirven de este: animales para la ganadería y las personas que lo consumen. Así mismo, la salud de las mujeres y de sus familiares viene siendo afectado por la contaminación de los metales pesados. Recordemos que de un dosaje realizado el 2017 en Espinar a 897 personas[1], más de 700 tenían arsénico, cadmio y mercurio en su sangre. Las mujeres insisten en que hay contaminación, no solo en su fuente principal de vida el agua, sino también en el aire. Y es que para ellas el tránsito de camiones de las empresas perjudica con el polvo a la agricultura, generando impactos a corto y mediano plazo en sus cultivos y afectando también la salud de sus familias. Actualmente son alrededor de 170 centros poblados los que son atravesados por el Corredor Minero, en el cual se registra el paso de 370 camiones de la empresa china MMG que además del polvo generan ruidos insoportables y temblores que rajan las viviendas. A pesar de esto, las mujeres se han organizado y quieren ser consideradas como defensoras del medio ambiente desde antes que llegara la empresa minera.
“No nos oponemos a la minería, pero queremos que la empresa cumpla con la ley. Nos consultaron y estuvimos de acuerdo con que el transporte del cobre se hiciese por mineroducto. Y en 2014 lo cambiaron a transporte por carretera. A otros hermanos los han desalojado, ubicándolos en Nueva Fuerabamba, pero en esas casas no se garantiza su acceso al trabajo agrícola. Reclamamos, también por escrito», Virginia Pinares, defensora de Cotabambas y vice Secretaria General de la FIDTACCHEPG en una entrevista a la prensa internacional.[2]
La violencia también radica en la poca transparencia y respeto que la empresa ha desarrollado en estos territorios en su vínculo con las comunidades. Para las mujeres organizadas del sur andino el debilitamiento de las organizaciones sociales mixtas, de las comunidades e incluso de las familias está muy ligada a la presencia de las empresas mineras con sus estrategias de división, manipulación y corrupción. Un ejemplo claro de ello es el quiebre del tejido social y cultural en la provincia de Espinar, complejo y difícil pero no imposible de resarcir para las mujeres K´ana. A ello se suma la afectación a la salud mental por los engaños con los que muchas veces ha entrado la actividad minera en estos territorios, cuentan las hermanas del sur “la mina nos decía que traeríamos el desarrollo, tu hijo será profesional, tendrá becas, pagaremos por tu casa” lo cual muchas veces era aceptar por necesidad y para que las nuevas generaciones “rompan el círculo de la pobreza”. En la actualidad, la estrategia de las empresas mineras se ha enfocado en la criminalización de la protesta, la cual en su punto más álgido y doloroso contó con 3 fallecidos[3] tras el conflicto de Las Bambas del 2015. Estas muertes dejaron esposas, madres, hijos e hijas que han tenido que re aprender su estar en el mundo, no solo por la ausencia de sus seres queridos, sino por la injusticia y la no reparación de las vidas.
Si bien las mujeres del corredor minero del sur andino están organizadas en asociaciones u organizaciones en sus respectivos territorios, todavía se muestra una debilidad de conocimiento y posibilidad para sus intervenciones en los diversos espacios de incidencia y/o diálogo en los cuales se toman decisiones que afectan a sus territorios. Las mujeres tienen dificultades para participar activamente de espacios de consulta, mesas de diálogo, así como de discusiones que las afectan como la Ley Marco sobre Regulación del Cambio Climático y la consulta previa de dicha norma. Es por esto que es urgente establecer buenas prácticas como la generación de espacios de participación exclusiva para mujeres originarias e indígenas. Además existe el gran reto de incorporar a las mujeres jóvenes en las organizaciones de base y/o en la sensibilización sobre la sostenibilidad del territorio rural. Teniendo una perspectiva de género e interculturalidad en los espacios de diálogo, se podrán generar las condiciones para una verdadera participación de mujeres en los espacios de tomas de decisión del corredor minero del sur andino.
25 de noviembre de 2019
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/juntas-contra-todas-las-violencias-en-el-sur-andino/?fbclid=IwAR1BJyvRmWngOIeRS3580mhpDxXlYkJR8BRwuTagWhwGtvGDA4rK_8g4gKg