14 de Agosto de 2012
Las presentaron en el Poder Judicial. La acción forma parte de las medidas que se tomarán para que la norma 7722 siga vigente y que los jueces de la Suprema Corte ratifiquen su constitucionalidad.
Representantes de la Asamblea Popular por el Agua Pura de toda la provincia junto con miembros de la coordinadora Por el Agua y los Bienes Comunes entregaron hoy 35 mil firmas ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para solicitar que la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería a cielo abierto, siga vigente y que los jueces ratifiquen la constitucionalidad de la norma frente al pedido de un grupo de empresas mineras que iniciaron acciones judiciales para que sea considerada ilegal.
Se trata de 10 causas que están en manos de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, integrada por Mario Adaro, Herman Salvini y Carlos Böhm. Sin embargo, el debate aún sigue abierto, ya que algunos de sus miembros opinan que la decisión final sobre el futuro de la ley antiminera debería tomarla el plenario, o sea todos, tal como vienen pidiendo públicamente los sectores ambientalistas.
Frente a este escenario y como parte de las medidas que llevan adelante los ambientalistas, integrantes de diferentes organizaciones de toda la provincia y mendocinos se reunieron en la explanada del Poder Judicial para entregar por mesa de entrada una carpeta con miles de firmas certificadas por escribanos públicos que se juntaron durante julio.
«Se trata de la primera entrega. Una vez creado el expediente iremos sumando el resto de las firmas recolectadas en todos los departamentos. Lo mismo haremos en Casa de Gobierno y en la Legislatura. Es una forma más que tiene el pueblo de solicitar que en Mendoza siga vigente la ley 7722 y que no se permita la instalación del modelo megaminero nacional», sostuvo Federico Blonda, integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura del Gran Mendoza.
A su vez, Milka Vargas, titular de la Coordinadora indicó que: «Estamos pidiendo que se mantenga la constitucionalidad de la ley 7722, que protege los recursos hídricos en la provincia, frente a los once pedidos de inconstitucionalidad que hay por parte de las mineras y de algunos organismos del Gobierno. Pedimos que no se modifique porque está protegiendo el agua y prohibiendo el cianuro, el ácido sulfúrico, que son algunas de las sustancias que usan las empresas para hacer sus trabajos y contaminar».
Mientras tanto el sector prepara una nueva marcha para el 24 de agosto a las 18, que arrancará en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera. «Vamos a seguir recolectando firmas y a adherir también las firmas de los menores de 18 años, ya que puede ejercer su derecho ciudadano, de las escuelas, instituciones y hospitales. Buscamos que se declare la plena vigencia de la ley que no sea defendida sólo por tres jueces –que tienen intereses políticos y económicos- sino por toda la Suprema Corte», aclaró Blonda.