Más de 200 testigos, fotografías, mapas y hasta escuchas telefónicas serán expuestas durante el litigio que podría ser uno de los más extensos de la historia judicial regional, tras el inicio de la Reforma Procesal Penal
En exactamente 10 días más, en el tribunal oral de la ciudad de Ovalle se iniciará uno de los juicios más esperados y que según las estimaciones podría ser uno de los más largos de la historia en la zona. En este juicio la Fiscalía y Minera Los Pelambres buscan demostrar que cuatro abogados y un dirigente se concertaron para conseguir dinero de la compañía a cambio de entregar su aprobación al tranque de relaves El Mauro. Los cargos que se les imputan son prevaricación, suscripción engañosa de documentos, asociación ilícita y desórdenes públicos.
En este litigio, que data del año 2008, se espera que intervengan más de 200 testigos, entre ejecutivos de la empresa minera, expertos ambientales, abogados, pobladores, autoridades, funcionarios públicos y policías. También se espera que participe mucho público, por lo que ya se han tomado las medidas necesarias y se habilitará una sala especial en el Juzgado de Garantía de Ovalle.
Cabe recordar que el año 2003 la minera inició la tramitación medioambiental del tranque El Mauro. Tres años después la Corte de Apelaciones falló en contra de empresa, poniendo en jaque sus operaciones futuras. Ante ello, en mayo de 2008, Minera Los Pelambres llegó a un acuerdo extrajudicial con los dueños de los terrenos donde se emplazaría el tranque y los habitantes de Caimanes. Esto implicó una suma de 23 millones de dólares, 18 de ellos para Víctor Ugarte, dueño de las tierras y 5 millones de dólares para 117 habitantes de la comunidad.
Sin embargo, una parte del pueblo no estuvo de acuerdo lo que generó una serie de acciones judiciales cruzadas, se habla de más de una treintena.
En agosto de 2009, Minera de Los Pelambres se querelló contra los abogados y el dirigente social, que este 30 de octubre comenzarán a enfrentar el juicio oral.
Según la postura de la minera, los ilícitos fueron cometidos con la finalidad de engañar a los pobladores de Caimanes y obtener un provecho económico de diversas acciones interpuestas con el objeto de paralizar la operación del tranque. Algo que ha sido rechazado por los abogados y por la misma comunidad.
Por estos días se viven horas claves para ambas partes litigantes, quienes deberán presentar sus mejores estrategias para poder hacer valer sus argumentos en este caso que se ha convertido en uno de los más esperados en la región y que tiene implicancias insospechadas para uno de los proyectos mineros más importantes del país.