El Jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) de Madrid difundió
este lunes su sentencia general sobre los 27 casos presentados el viernes y
sábado contra corporaciones europeas por su accionar en América Latina. Las
empresas fueron acusadas por organizaciones y movimientos sociales de violar
numerosos derechos humanos, reglamentos, leyes y de atentar contra el medio
ambiente y la soberanía alimentaria, entre otras cosas.
La extensa sentencia fue presentada en un acto público realizado en el
Círculo de Bellas Artes madrileño. “El conjunto de los casos examinados en
esta sesión puede ser considerado ejemplar de la conducta de las empresas
transnacionales europeas y de sus prácticas de violaciones de derechos. Este
tribunal constata que, a pesar de las condenas y recomendaciones hechas en
la sesión de Lima (TPP de 2008), persiste un régimen reiterado de violación
de los derechos fundamentales por parte de esas empresas en los países de
América Latina”, expresa el fallo. “En especial se ha comprobado la
responsabilidad particular de las empresas españolas, que representan más
del 50 por ciento de las inversiones en América Latina”, agrega.
El documento subraya además que “en el conjunto de casos es posible detectar
un régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad generalizadas en el
comportamiento de las empresas transnacionales europeas en América Latina”.
Los jueces estipulan que ese régimen sigue siendo facilitado por las
políticas de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, de otras entidades
financieras como el Fondo Monetario Internacional, y de la Unión Europea
(UE). “En particular, el TPP ha constatado el papel que la UE desempeña en
términos de permisividad, omisión y promoción de los intereses de sus
empresas transnacionales como actores principales de su expansión económica
y de competitividad internacional”, señalan los jueces.