03/09/2021
Habitantes de La Merced de Buenos Aires protestan contra la empresa minera. Cortesía: Acción Ecológica
El recurso legal que garantizó el retorno de la minera a Buenos Aires, Imbabura, tendría tres irregularidades, empezando por el sorteo.
El Consejo de la Judicatura investiga presuntas irregularidades en el sorteo de una acción de protección interpuesta por la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A, que opera en la parroquia La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura.
Esto luego de que la empresa minera Hanrine ingresara la primera semana de agosto a la parroquia La Merced de Buenos Aires, con custodia de la Policía Nacional para ejecutar la acción de protección a favor de Carlos de Miguel, representante de la empresa. Este fallo judicial permitió el reingreso de la compañía a la zona de influencia del proyecto “IMBA01” en la parroquia. Lo que generó enfrentamientos entre los comuneros que se resisten a la actividad extractiva y los agentes policiales que garantizaron el retorno de la minera.
Mario Ruiz (Pachakutik) explica sus argumentos presentados en la queja que se indaga en el Consejo de la Judicatura.
Primero, que esta acción de protección fue sorteada como un trámite verbal sumario por cobro de honorarios en vez de ser ingresada como un proceso constitucional.
Segundo, el sorteo de la causa se lo realizó en la misma Unidad Judicial de Familia, Mujer y Adolescencia, sede Iñaquito; y con la misma persona, Gabriela Fernanda Beltrán Loyo, señalada dentro las presuntas irregularidades de sorteo en el caso del alcalde de Quito, Jorge Yunda.
Tercero, que en la audiencia de la acción de protección, el juez Byron Vallejo Naranjo solo notificó al Ministerio de Gobierno, la Comandancia de la Policía y la Procuraduría, no a representes o autoridades de la población de Buenos Aires, pese a que ellos mantenían una medida cautelar en contra de Carlos de Miguel, en la Unidad Judicial de Urcuquí, en Imbabura.
Esto -a criterio del legislador- dejaría en la indefensión a los habitantes de La Merced de Buenos Aires, porque no se les permitió durante el proceso presentar sus argumentos sobre una decisión que afectaría su entorno. “Dicha acción de protección fue asignada de manera directa al juez Vallejo, quien conoció este proceso para aparentemente favorecer a la empresa minera”, sostuvo Ruiz.
Esta acción de protección se encuentra en fase de apelación en la Corte Provincial de Pichincha. Frente a estas acusaciones, la dirección administrativa de la empresa minera Hanrine informó que por el momento no se pronunciará sobre la apelación ni la queja.
En julio de 2021, la Fiscalía informó que investiga más de 210 vulneraciones el sorteo de procesos judiciales. Incluso el 14 de julio, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció que se realizarán auditorías a nivel nacional para que cada dirección provincial se encargue de analizar por muestreo los procesos de asignación de causas por sorteo. Esto con el fin de evitar casos irregulares en el sorteo de causas.
180 días para investigar
La Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura investiga la queja contra la empresa minera. Así, esta entidad será la encargada de determinar si hubo o no irregularidades en el sorteo de la acción de protección.
Si en las investigaciones no se encuentran presunciones de corrupción se procederá al archivo de la denuncia; sin embargo, si se los encuentra se procederá a emitir el informe técnico legal y su recomendación a la autoridad competente, informó la Judicatura.
El proceso durará 180 días contados a partir de la aprobación de la denuncia, es decir, a partir del 19 de agosto. El plazo concluye en enero de 2022.
El caso no ha sido hasta el momento remitido a la Fiscalía General del Estado, asegura el asambleísta. La Judicatura responde que se debe a que si producto de la investigación existen presunciones de cometimiento de un delito se remitirá el caso a la Fiscalía, caso contrario no.
¿Hanrine en Ecuador?
La empresa Hanrine, subsidiaria de la firma Hancock Prospecting, opera en 23.000 hectáreas de cuatro cantones de las provincias de Imbabura y de Carchi
La concesión minera “IMBA01” se encuentra en la parroquia La Merced de Buenos Aires, donde se registra conflictos ambientales por la ejecución del proyecto y por la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades.
Esta concesión estuvo suspendida; pero a partir de la primera semana de agosto, Hanrine retomó sus actividades debido a la acción de protección que concluyó que se vulneró los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, libertad de ejercer actividades económicas, seguridad jurídica y el derecho al trabajo de la empresa minera.
Y dispuso en ese entonces que la Policía Nacional tome “todas las medidas necesarias a fin de garantizar el libre tránsito de cualquier persona y, en especial, de la compañía Hanrine, sus trabajadores y maquinaria en la parroquia La Merced de Buenos Aires”. (MC)
Judicatura investiga supuestas irregularidades en sorteo de caso minero Hanrine