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Júba Wajiín, pueblo cargado de oro, dice a mineras: no entrarán; aquí valen más el agua y la tierra

Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, han ganado dos amparos; sin embargo la amenaza minera sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones mineras se realizaron recientemente. Estas concesiones solicitadas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.

Doña Herlinda inclina las cejas y agacha la mirada un breve instante. Observa la tierra fértil que la vio nacer y el verde bosque que le da de comer. Sus manos, rasposas por el trabajo y llenas de surcos por los años, se mueven vertiginosamente; después, las lleva a su delgado y frágil pecho. Su voz se quiebra mientras clama: “Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…”.

Herlinda Solano Santiaguez ha vivido por 79 años en San Miguel del Progreso –Júba Wajiín, en lengua me’ phaa–, una comunidad que se ha destacado por la férrea defensa de sus territorios, su resistencia y la lucha para evitar el ingreso de la extracción minera a cielo abierto.

Situado en el Municipio de Malinaltepec, Guerrero, San Miguel del Progreso tiene una extensión de 4 mil 449 hectáreas. Es una de las comunidades de la región de La Montaña, habitada por al menos 3 mil 500 personas pertenecientes a la etnia tlapaneca Me’ phaa.

Ahí nació y creció Doña Herlinda. Toda su vida ha trabajado la tierra. Así le enseñó su padre desde pequeña. La siembra de café, plátano y otras plantas frutales son su sustento. “He trabajado desde chiquita. Eso es lo que he sembrado”, dice.

Doña Herlinda, como el resto de los habitantes de la comunidad San Miguel del Progreso y de la región de La Montaña en Guerrero, tiene una clara convicción: somos hijos de la “madre tierra”, y hay que cuidarla y respetarla.

Para Herlinda, el recurso natural tiene más valor que el oro.

Para la población Júba Wajiín no hay mayor razón de defender la tierra que ser parte de ella. No hay otro interés más que el de preservarse a sí mismo y su pueblo. Sin la naturaleza no dan cabida a su existencia: “Al momento de que se acaba la naturaleza nos morimos nosotros también”, repiten. Así de fuerte es su conexión con el territorio. Así es su cosmovisión.

“La tierra da de comer todos los días. Uno debe de cuidar mucho la tierra porque ahí sale lo que uno come. Si no trabajas la tierra no hay vida. Eso es lo más importante. Luego, el agua: si no hay agua no va a vivir uno. El agua y la tierra es lo que nos da la vida. Mi padre me enseñó a trabajar la tierra, me enseñó a tomar el agua. El agua es mi vida, mi sangre. Todo. Por eso la defiendo, si me quitan el agua, me quitan la tierra, me muero. Me quitan la vida”, repite Herlinda.

San Miguel el Progreso ha peleado legalmente por más de ocho años contra el ingreso de las mineras transnacionales, pues sus pobladores saben que permitir las actividades extractivas significaría la destrucción de sus montañas y sus cerros sagrados, la contaminación de sus ríos, plantas y el aire; el despojo de las tierras, el desplazamiento forzado, la fragmentación y, por ende, su propia desaparición como pueblo originario.

Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan han ganado dos amparos para evitar que el territorio sea concesionado a la minera Hochschild Minig, de origen chileno que opera con capital inglés. Sin embargo, la amenaza para estos pueblos originarios sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones se realizaron recientemente. Éstas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.

El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild, fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo Hochschild se expandió a Bolivia, donde Mauricio Hochschild fue considerado uno de los “Barones del Estaño”. El Grupo Hochschild comenzó operaciones en Perú en 1925 y, en 1945, Luis Hochschild se unió a estas operaciones. Actualmente es esa subsidiaria peruana la que amenaza a los pobladores de Guerrero, y tiene como principal accionista al empresario peruano Eduardo Hochschild Beeck.

LA MONTAÑA EJIDAL Y COMUNAL

La Montaña, al noreste de Guerrero, abarca casi 700 mil hectáreas en 19 municipios entre ellos Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, Olinalá, Acatepec, Iliatenco. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, esta región tiene al menos 361 mil 617 habitantes, la mayoría indígenas pertenecientes a las etnias Naua, Me’phaa, o Na Xavi”. Ahí la posesión de la tierra es ejidal y comunal.

La ciudad de Tlapa de Comonfort es la entrada a los ejidos de la Montaña. A partir de ahí, sube y se ramifica una serie de senderos de terracería, escarpados y angostos que se entretejen por extensas áreas llenas pinos, encinos, asi como huertas de café, plátano, mango, y diversos arboles frutales. Ahí la flora es muy diversa.

En sus bosques habitan animales como el venado, el pájaro bandera, armadillo, el puma de montaña, tejón, jabalí, el tucán de montaña, e incluso, los pobladores aseguran que aún hay presencia de jaguares.

A lo alto, en medio de las comunidades San Miguel del Progreso, Paraje Montero, Ilieateco y Guadalupe, se ubica el cerro más elevado de la región: El Telpizahuatl.

No es un cerro cualquiera: para los pobladores es un lugar sagrado donde vive San Marcos [Ajkhunn, en lengua madre], la deidad que representa el rayo; es el que los protege, al que adoran y al que los sabios y sabias comunitarias llamados los “principales” [Xiñaa, en lengua materna] le rezan para pedir que lleguen las lluvias y  las buenas cosechas.

En la Montaña la economía se basa en la agricultura de autoconsumo, principalmente la derivada de la siembra de maíz, café, y árboles frutales. Las comunidades se rigen por sus propios usos y costumbres que conservan desde tiempos inmemoriales, explica Ángel Contreras Solano, uno de los pobladores de San Miguel del Progreso y autoridad en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa de Territorio (CRAADT).

En 2010, los habitantes de San Miguel el Progreso empezaron a ver que aeronaves sobrevolaban sus terrenos en busca de minerales, cuenta Miguel Santiago Lorenzo, presidente del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT).

“Los aviones y los helicópteros traían aparatos colgados con los que estaban detectando minerales en nuestra región”, recuerda.

Los pobladores dedujeron que realizaban labores de exploración cuando funcionarios, principalmente de la Procuraduría Agraria, empezaron a promover a las empresas mineras en la región, detalla Ángel Contreras Solano, secretario del CRAADT.

Los funcionarios federales trataban de animar a los comuneros para “rentar” sus tierras a la minería con la promesa de “beneficios” y progreso. Pero pronto se darían cuenta que –como los españoles con los aztecas– el supuesto desarrollo era sólo “espejitos”.

“No fue la empresa la que venía a vernos sino el Gobierno federal por medio de la Procuraduría Agraria los que venían. Ellos ofrecían servicios o animaban a las autoridades agrarias [las comunales] para que entraran a los proyectos [mineros], pero eran proyectos con otras finalidades,” narra Contreras Solano.

En ese tiempo, Anastasio Basurto Contreras presidía el Comisariado de Bienes Comunales [del periodo de 2010 a 2013] de San Miguel del Progreso, la máxima autoridad en la comunidad.

Anastasio reitera que personal de la Procuraduría Agraria se contactó con él para informarle que en esas tierras podría haber minerales valiosos, como oro y plata, y que los comuneros podrían venderlos.

“Ellos [los de la Procuraduría Agraria] decían que  iban a ser los intermediarios para que nuestras piedras las vendiéramos a mejor precio. Y hasta me dijeron: ‘mira ahí esta el comisariado de allá [otra comunidad] que ya va a firmar el convenio’”, relata el poblador.

Anastasio platica que funcionarios federales le pidieron que llevara unas piedras para analizarlas. Él llevo algunas muestras a las oficinas de la Procuraduría Agraria en Tlapa. Ahí le solicitaron 800 pesos para pagar los análisis y determinar que minerales tenían, pero él se negó a pagar.

–No tenemos dinero –, le dijo a un funcionario, se retiró del lugar y dejó ahí las piedras, recuerda el comunero.

El sacerdote Melitón Santillán fue el primero que advirtió a los comuneros que la minería provocaba daños irreversibles.

Don Anastasio convocó a una reunión de asamblea en la comunidad, pues ahí todas las decisiones se toman de manera colectiva. Frente a la asamblea, integrada por los pobladores, los ex comisionados, concejales y los principales, planteó la propuesta y la advertencia.

Los pobladores de San Miguel del Progreso cuentan que los “Principales” decidieron subir al Telpizahuatl para rezar y pedir consejo a San Marcos. Fue entonces que optaron por buscar apoyo e información y pidieron ayuda a sacerdotes, y activistas, tanto de Tlachinollan como de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

“Nosotros, aquí en la comunidad pensábamos –al inicio– que nada más iban hacer unos agujeros y sacar el mineral; pero ya viendo las diapositivas que nos enseñaron los de Tlachinollan nos dimos cuenta que era mucho el daño. Que destruyen montañas, ríos y todo eso”, agrega Anastasio Basurto.

El entonces Comisariado regresó a las oficinas gubernamentales convencido de rechazar la exploración minera. Allí, recuerda Basurto, uno de los funcionarios le dijo –mientras señalaba las muestras de cada una de las comunidades de La Montaña– que la piedras tenían oro, plata, níquel y fierro.

Anastasio rememora que lo enfrentó.

–Sí pero, ¿sabe qué?, el pueblo ya no quiere vender sus piedras –le dijo.

Luego tomó las rocas y se retiró.

La comunidad realizó solicitudes de información a la Secretaría de Economía con apoyo de abogados y activistas de Tlachinollan. Era 2011. Ahí fue cuando confirmaron que su territorio fue concesionado a Hochschild Mining, la minera que opera con capital inglés.

“Ya habían concesionado todo este territorio desde el Gobierno de Felipe Calderón”, agrega Anastasio Basurto.

La Secretaría de Economía (SE) había otorgado, sin la autorización ni consulta de las comunidades indígenas, dos concesiones para exploración y explotación: una bajo el título 232560 con el nombre Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas bajo el título 236861.

Corazón de Tinieblas era la más grande, con una extensión de 43 mil 759 hectáreas y afectaría a más de 12 núcleos agrarios, entre ellos el de San Miguel del Progreso.

La comunidad buscó asesoría de los activistas para enfrentar la amenaza minera.

“Ellos mismos, los de Tlachinollan, nos dijeron que podíamos levantar una acta en la Asamblea contra la minería”, comentó Anastasio Basurto.

El 17 de abril de 2011, realizaron una Asamblea General de Comuneros que cumplió todos los requisitos establecidos en la Ley Agraria vigente. En esa asamblea levantaron un acta de rechazo a la actividad minera en su comunidad. Después solicitaron la inscripción del acta en el Registro Agrario Nacional (RAN), quien aceptó la inscripción en septiembre de 2012.

Además, se conformó el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) tras la apabullante amenaza de las transnacionales y nacionales, incluso de las farmacéuticas que están interesadas en crear medicinas usando plantas que tienen en su territorio, detalla Artemio Flores Solano, integrante del área de Fortalecimiento Territorial de San Miguel Progreso.

El CRAADT, hoy en día, está integrado por 25 núcleos agrarios, que aglomeran a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica.

“En total somos como 37 núcleos agrarios, pero los activos, los que están en todas la reuniones son 25. Contamos con más de 300 comunidades”, agrega Miguel Santiago Lorenzo, líder de CRAADT.

RECHAZO A LA MINERÍA

En Júba Wajiín tienen claro que si permiten los nuevos proyectos de extracción minera tendrán como consecuencia la devastación de su territorio y la contaminación, pero además traerán consigo el ingreso de la delincuencia en sus pueblos, división, enfrentamientos entre ellos y, finalmente, la desaparición de su comunidad.

La concesión Corazón de Tinieblas afectaba casi el 80 por ciento de la comunidad San Miguel del Progreso, explica Agapito Cantú Manuel, Comisariado de Bienes Comunales de 2012 al 2015.  Fue en su periodo cuando se interpuso el primer amparo.

“Más de tres cuartas partes de nuestro territorio se iba a destruir, casi todo el pueblo”, asegura.

La devastación que ha dejado la explotación minera en  El Carrizalillo, Guerrero, fue un claro ejemplo para los comuneros de San Miguel el Progreso.

Valerio Mauro Amado Solano, actual Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel el Progreso, relata que varios pobladores, con el acompañamiento de activistas, acudieron a las instalaciones de la mina El Carrizalillo para conocer su experiencia. Al ver los estragos, decidieron pelear y rechazar tajantemente  la mina para evitar una depredación similar a la que padece el Ejido de Carrizalillo.

“La gente de ahí (El Carrizalillo) ya no vive tranquila. Todo eso nos sirvió para que nosotros nos negáramos a la mina”, detalla Valerio Mauro.

“Las mineras gastan mucha agua, contaminan con cianuro. Hemos ido a Carrizalillo para observar cómo lo explotan, cómo contaminan los grandes empresarios. El Comisariado de ahí nos informó que sí contaminan mucho el agua, el aire: que de cinco de la mañana a seis de la tarde explotan dinamita para quebrar las piedras y que  hay muchos enfermos, que nacen niños prematuros. Toda esa información nos sirvió para informar a nuestra gente, para que se hiciera conciencia de que no se explotara nuestros recursos naturales”, agrega  Agapito Cantú.

Artemio Flores reafirma convencido: “la forma cómo sacan [el oro] y cómo funciona la minería nos va afectar, donde hay minas hay cáncer… hay muchas enfermedades”.

En la región de la Montaña existen 44 concesiones mineras que fueron otorgadas por el Gobierno federal a diferentes empresas para actividades de exploración y explotación minera. Del total concesiones, 22 fueron canceladas y 22 están vigentes.