«Empresarios deberían preguntarse porque este no es un conflicto nuevo, sino de hace 10 años. Y, nunca hubo la capacidad de resolver»
25/11/2021 Martha Valencia Entrevista
José De Echave, investigador de Cooperaccion. Foto ©Luisenrrique Becerra | Noticias SER
Entrevista por Omar Rosel. Corresponsal en Ayacucho de Noticias SER
Algunas declaraciones de la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez en la localidad de Paucar del Sara Sara (Parinacochas, Ayacucho) relacionados a supuestos cierre inmediato de operaciones mineras ha generado alerta en el empresariado minero por una supuesta vulneración a la seguridad jurídica. Para profundizar en el análisis de este hecho, Noticias SER entrevistó a José De Echave, investigador de Cooperaccion.
¿Cuál su interpretación sobre las declaraciones de la premier Mirtha Vásquez con respecto al posible cierre de cuatro operaciones mineras en el sur de Ayacucho?
No hay que olvidarnos que esas declaraciones se realizaron tras terminar una larga sesión, donde el principal objetivo de esa visita fue la firma de un acta. Tampoco olvidemos que, a finales del mes de octubre, en esta zona (Parinacochas) estalló un conflicto social muy complicado, con bloqueo de carreteras, hechos de violencia e incursión a un campamento minero. El 29 de octubre se firmó un primer acuerdo y uno de ellos era que la Presidenta del Consejo de Ministros visite la zona, cosa que ocurrió el 19 de noviembre. Entonces, de esa reunión sale el acta, que tiene 7 puntos y me parece que es impecable. Ahí, no se transmite ningún peligro o riesgo sobre alguna decisión unilateral de parte de las autoridades.
Si el acta es clara, ¿se puede decir que fueron imprecisas las palabras de la Premier Vásquez?
Después de la firma del acta, sucedieron las declaraciones de la Presidenta del Consejo de Ministros, donde se hacía referencia sobre todo a la información que se tenía en ese momento, que era el cronograma de cierre de esas cuatro operaciones mineras: Apumayo Pallancata, Inmaculada y Breapampa. En ese momento, no se sabía que había empresas que estaban con la idea de pedir una ampliación de sus operaciones, situación que solamente se puede lograr con una modificación del estudio de impacto ambiental y lo cierto es que mientras este documento no esté aprobado, el plan de cierre sigue vigente. Entonces, yo creo que las declaraciones de la Presidenta del Consejo de Ministro, aludieron a ese cronograma y a ese plan de cierre que estaba acordado.
¿Cuáles son los periodos de cierre progresivo que estarán vigentes de estas cuatro operaciones mineras?
Según el cronograma, había cierres progresivos, eso significa que son procesos de cierres cuando aún la empresa está en operaciones. La operación Inmaculada tenía el cierre progresivo entre el 2017 y 2021. También Apumayo que tenía un cierre final entre 2019 y 2021, osea acababa este año. Pallancata también tenía un cierre final entre 2022 y 2024. Y, Breapampa entre el 2023 y 2025.
¿Estos planes de cierre pueden ser modificados? ¿En qué circunstancia se permiten estas modificaciones?
Sí, pueden ser modificados, pero no de manera automática. No es que a una empresa se le ocurre quedarse por 20 años más y automáticamente le dan la autorización. Para eso, la empresa tiene que presentar un instrumento, que, por lo general, es una modificación del estudio de impacto ambiental original y que tiene que ser evaluada por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, organismo adscrito al Ministerio de Ambiente, que puede aprobar o no la modificación.
¿En qué etapa del proceso minero es que se plantean estos planes de cierre de una unidad minera?
Una empresa, al momento de plantear su propuesta de proyecto minero, tiene que plantear sus distintas fases y el plan de cierre está incorporado en la legislación, porque el Perú es un país que tiene muchos pasivos ambientales regados por todo el territorio del país y nadie se hace responsable. Entonces, las nuevas operaciones en los nuevos proyectos se les han empezado a exigir este plan de cierre, que tiene hasta tres categorías. Uno, es el cierre progresivo, en la medida que va avanzando la operación se termina una etapa del proyecto y se avanza a otro. Y ahí viene la segunda etapa, que es el cierre final y después viene la tercera etapa que es el post cierre.
Si las reglas están claras ¿por qué cree que se ha generado gran alarma entre el empresariado minero ante las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros?
Tengo la sensación que ha habido una sobrerreacción de parte del empresariado minero, porque en el acta no hay absolutamente nada que anuncie una decisión unilateral. Además, la PCM precisó el alcance del acuerdo y se subrayó que no iba a haber decisiones unilaterales. Yo creo que el sector minero sigue mirando con mucha desconfianza al gobierno, porque no es el gobierno que ellos hubiesen querido. Lo que los empresarios deberían preguntarse por qué estás cuatro operaciones mineras tienen tan mala relación con la población, porque este no es un conflicto nuevo, sino fue mapeado por la Defensoría del Pueblo hace 10 años. Y, nunca hubo la capacidad de resolver. Se sabe que hay impactos ambientales y que se está afectando las fuentes de agua.
Yo creo que los empresarios mineros se deberían preocupar por qué en esa zona hay un conflicto permanente que las empresas no han podido solucionar. Está bien que se preocupen por la normativa que respete el derecho de los inversionistas, pero al mismo tiempo se deberían preocupar por los impactos ambientales, por la sostenibilidad ambiental y el derecho de las poblaciones. La gran tarea es encontrar esos equilibrios que están haciendo falta.
Con respecto a la normativa que regula los cierres progresivos de operaciones mineras, ¿la ley es clara o hay puntos que deberían modificarse?
Hay cosas que mejorar, como la institucionalidad ambiental, mejorar la capacidad de fiscalización ambiental, la capacidad de protección de las fuentes de agua de las cabeceras de Cuenca. Asimismo, hay que construir un marco legal para el ordenamiento territorial, así como mejorar la presencia del Estado en los territorios, pero como un Estado garante de derechos. En el Perú es sintomático que la principal fuente de conflictos sociales tenga que ver con esta actividad extractiva que es la minería. Creo que los conflictos son indicadores de que algo no está funcionando bien. Y hay que identificar con precisión qué es lo que no está funcionando bien, corregirlo y mejorarlo.
https://elbuho.pe/2021/11/jose-de-echave-por-que-cuatro-mineras-tienen-tan-mala-relacion-con-la-poblacion/