José De Echave: La CONFIEP está jugando su partido y está presionando abiertamente al gobierno.

La situación en el Valle del Tambo (Islay, Arequipa) vuelve a estar en la agenda nacional, porque en estas últimas semanas, los pobladores de la zona han manifestado su oposición al desarrollo del proyecto minero Tía María, por los impactos que generaría en la zona. Del otro lado, se tiene a los gremios empresariales presionando al gobierno para que el MINEM otorgue la licencia de construcción a Shouthern Perú para iniciar el proyecto antes de que el Estudio de Impacto Ambiental pierda vigencia. El gobierno de Martín Vizcarra se encuentra en una encrucijada y su decisión podría desencadenar un nuevo conflicto en el país. Para conversar sobre este escenario complicado, Noticias SER entrevistó a José De Echave Investigador de Cooperaccion.

¿Cómo interpretar el mensaje de las organizaciones del Valle de Tambo que indican que el Presidente de la Republica debería ir a la zona, pero no para dialogar, sino a escuchar a la población sobre sus razones para estar en contra del proyecto Tía María?

Creo que es clave que el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros puedan escuchar la posición de los pobladores del Valle del Tambo. Se necesita ese escenario de conversación, de diálogo, pero me da la impresión a todas luces que va ser bien difícil que se pueda concretar el proyecto Tía María, porque la población, los agricultores del valle lo perciben como una amenaza a su principal actividad económica que es la agricultura.

¿Considera que la situación que actualmente se vive en el Valle del Tambo era algo previsible?

Lo primero que hay que decir del caso de Tía María es que de todos los conflictos que ha habido en el país, en los últimos 20 años, es el más predecible y que posee mayores antecedentes. No hay que olvidar que es el tercer capítulo de este conflicto. El primero fue entre 2009 y 2011, durante el gobierno de García, donde hubo  mucha  resistencia y tensión social, así como enfrentamientos, pero al mismo tiempo hubo una revisión del Estudio del Impacto Ambiental (EIA) por un organismo de Naciones Unidas, que literalmente lo destrozo porque hubo 137 observaciones y  la propia empresa no se animó a presentar ese estudio, y lo tuvo que botar al tacho. Luego tuvimos un segundo capítulo en el gobierno de Humala, donde el 1 de agosto del 2014 se aprobó el EIA, con una nueva situación de tensión social y enfrentamientos. Tía María nos ha costado casi 10 personas fallecidas, decenas de personas heridas y procesos judiciales en marcha. Ahora se está abriendo un tercer capítulo porque se vence la vigencia del EIA y la empresa demanda que el gobierno apruebe la licencia de construcción.

El Ministro de Economía dijo que existen condiciones para entregar la licencia de construcción al proyecto Tía María, pero que el inicio del proyecto se podría demorar hasta que haya licencia social, ¿considera que esto exacerbaría los ánimos de los pobladores del Valle del Tambo?

Me da la impresión que el Ejecutivo tiene un dilema, en particular el Ministro de Economía. Existen formalidades, procesos administrativos, y un marco legal que el Estado está en la obligación de respetar para evitar que Southern Perú plantee un proceso de arbitraje. Hay la formalidad de la licencia de construcción, pero el otro tema es que esa decisión provoque un estallido social. Las declaraciones del Ministro de Economía y del Presidente de la República, expresan esa encrucijada en la cual se están.

En ese dilema ¿es altamente probable que por presiones de gremios empresariales el gobierno termine cediendo a los intereses del proyecto minero?

Sin duda alguna la CONFIEP está jugando su partido y está presionando abiertamente al gobierno. La presidenta de la CONFIEP ha dado una entrevista, donde señala como punto central la aprobación de Tía  María como si éste fuese un tema exclusivamente  administrativo, y no es así.  A todas luces, el proyecto Tía María tiene un gravísimo problema de licencia social para decirlo en un término que las propias empresas mineras han creado. Las empresas dicen, en sus códigos de conducta que  hoy en día una empresa moderna en pleno siglo XXI necesita licencia social para operar, sin ella ningún proyecto es viable, ese es un mensaje que uno les escucha muchas veces pero que en ocasiones es totalmente contradictorio con las declaraciones de algunos voceros gremiales empresariales.

En el caso concreto de Tía María, ¿es imposible la convivencia entre la actividad minera y la agricultura?

Los agricultores del Valle de Tambo tienen varias preocupaciones: en primer lugar los impactos que podría generar el proyecto por estar muy próximo al Valle del Tambo, pero además saben que hay como 10 empresas que tienen concesiones mineras en la provincia de Islay que podrían intentar explotar. Y a esto hay que agregar un tema complicado y común a todos los valles costeros que es el abastecimiento de agua, son zonas con alto estrés hídrico y por eso es que el rechazo al primer EIA porque planteaba utilizar el agua de la cuenca, el segundo EIA se modificó y se planteó la desalinización del agua de mar.

Desde su perspectiva ¿cuál es la salida que se le puede dar a este conflicto?

Siempre hay que aspirar a que la salida sea dialogada, pacífica, institucional y que el país saque lecciones de este tipo de situaciones. Lo ideal es que haya un mecanismo institucionalizado de diálogo, donde el Estado juegue un rol facilitador y si se llega a la conclusión de que el proyecto no tiene viabilidad social no debería ser desarrollado, porque no le conviene al país. Y en ese caso tampoco le convendría a las empresas mineras en su conjunto imponer un proyecto a la fuerza, ya que sería negativo para la economía del país, para la población del Valle de Tambo, y para la imagen de la minería. No es que los pobladores de Tía María se han vuelto locos para decir que el proyecto no deba desarrollarse, y espero que el sector minero, y en concreto la empresa Southern entienda eso.